El Juez Peinado (caso Begoña Gómez) revienta el concurso de 144 millones del grupo Urbas
Juan Antonio Peinado, el Juez a cargo del caso Begoña Gómez, insta a la administración concursal de Urbas a paralizar sus actuaciones.
El Juez Juan Carlos Peinado, en un montaje realizado por ED a través de imágenes televisivas.
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El Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, dirigido por el magistrado Juan Carlos Peinado (caso Begoña Gómez), ha instado a la administración concursal de Grupo Financiero Urbas, los despachos Auren y Kepler Karst, a abstenerse de seguir trabajando en el concurso de la compañía presidida por Juan Antonio Acedo.
Se trata de una medida poco habitual, en la que un Juzgado Penal se inmiscuye en la labor de un Juzgado Mercantil. La administración concursal de Urbas ha solicitado al Juzgado Mercantil que revoque o deje sin efecto la medida cautelar del Juez Peinado, instada verbalmente.
Los despachos Auren y Kepler sostienen que la decisión del Juez Peinado supone una injerencia en las competencias del Juzgado al frente del concurso de acreedores de Urbas, el Mercantil número dos de Madrid, dirigido por el magistrado Andrés Sánchez Magro.
El Juez Peinado admitió el pasado mes de diciembre querella presentada por Urbas contra el fondo Roundshield Partners, por presunto delito de estafa procesal, denunciando que el fondo habría atribuido un valor de cero euros a determinados activos, apropiados en el marco de ejecución de una prenda sobre participaciones sociales.
Este mes el Juez Peinado citó al representante de la administración concursal de Urbas, a través de una Providencia que habría sido dictada a instancia de la sociedad Germux Invest, una de las principales acreedoras de la compañía y sobre la que la administración concursal ha colocado el foco al sospechar que mantiene vínculos con Acedo, el presidente de Urbas.
La administración concursal también llama la atención sobre Larisa Inverpromo, el primer acreedor de Urbas, que igualmente mantendría vinculación con Juan Antonio Acedo.
De acuerdo a las fuentes consultadas por este diario, en su citación el Juez Peinado requirió la identidad del resto de profesionales que forman parte de la administración concursal de Urbas, además del representante que acudió al Juzgado.
Al indicarse que la administración concursal estaba integrada por cuatro administradores mancomunados, Peinado suspendió el acto.
A continuación, según las mismas fuentes, el magistrado citó a todos los integrantes de la administración concursal en su Juzgado el próximo día 8 de junio. Y, entonces, Peinado requirió al representante de la administración concursal abstenerse de continuar llevando a cabo, sin su autorización, ningún acto de administración en el concurso de Urbas.
En opinión de la administración concursal de Urbas, la compañía parece creer que a través del Juzgado de Juan Carlos Peinado puede fiscalizar su actuación, cuando esa sería atribución única del Juzgado Mercantil.
Urbas, situación crítica
Urbas fue declarada en concurso voluntario el pasado mes de enero, con un pasivo de 144 millones de euros. La compañía lleva más de un año con la cotización suspendida por decisión de la CNMV, y no ha presentado todavía los informes de auditoría de los dos últimos ejercicios.
El grupo ha presentado a los acreedores una propuesta de convenio, con un plan de reestructuración que la administración concursal ya ha calificado de «inviable«.
Urbas adquirió, entre la crisis del Covid y el inicio de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, las constructoras Murias, Joca, Urrutia y Ecisa; las promotoras Nalmar, Jaureguizar, Alandalus y CHR; las energéticas e ingenierías Ksilan, Sainsol e Ingeser; y la empresa de servicios Fortia. Muchas de ellas empresas con problemas financieros, cercanas al concurso de acreedores.
En 2023 compró Negocios agrícolas e industriales (Naisa) y su cantera de mármol a cielo abierto en Mula, Murcia.
La reestructuración de las empresas absorbidas provocó que Urbas registrara en 2024 una cifra de negocio de 170,5 millones y unas pérdidas de 137 millones.
Para financiar ese crecimiento inorgánico, Urbas recibió apoyo del fondo luxemburgués Roundshield, aportando como garantías prenda sobre acciones de sus sociedades, con vencimiento el 16 de diciembre de 2024.
Urbas trató de ampliar la extensión del plazo de terminación del contrato con el fondo llegado el momento, pero el 18 de diciembre de 2024 Roundshield ejecutó la prenda sobre las participaciones en las sociedades de la compañía española, generando una pérdida de 98,6 millones.
La Sareb, la consultora McKinsey, el banco marroquí Attijariwafa Bank y la aseguradora Asefa, con más de 40 millones de euros de deuda en total, han rechazado adherirse al plan de Urbas, lo que sitúa al grupo al borde de la liquidación.
