La trama del jamón podrido se agranda: ya son 50 detenidos e imputados
La Guardia Civil ha incautado unas 2.000 toneladas de jamón en mal estado en media España
La mayor operación contra la trama del jamón podrido en España suma ya medio centenar de detenidos e imputados en varias comunidades autónomas y un total de 2.000 toneladas de productos cárnicos en mal estado incautados por la Guardia Civil.
La mayor trama contra la salud pública descubierta en los últimos años en España ha sumado nuevos detenidos e imputados tras las actuaciones realizadas por la Guardia Civil, que han terminado por desmontar la ramificación de la trama cuyo epicentro era Extremadura.
Unas treinta empresas se dedicaban a captar jamón en mal estado, acumulado en supermercados, para “adecentarlo”, limpiarlo y cambiar las etiquetas para colocar una fecha de caducidad un año posterior a la real.
La red central está dirigida por un joven empresario treintañero en Extremadura que está siendo investigado, junto a su red de proveedores y colaboradores, por delitos contra la salud pública y blanqueo de capitales.
Las inspecciones sorpresas comenzaron el verano pasado en fábricas, centros de almacenamiento y sedes de varias empresas. Una de las inspecciones sorpresa fue realizada en Comapa —el proveedor cárnico por excelencia de los supermercados Carrefour—, que ya estaba siendo investigada por cometer fraude con el jamón ibérico.
Comapa vende los jamones Sierra Alpujarra, que se han vendido a 25 euros y que ha acumulado denuncias por la presencia de gusanos. Una de las denuncias motivó el inicio de la investigación judicial que ya suma las 2.000 toneladas de productos en mal estado.
Otra de las marcas de la empresa, Oro de la Ermita fue prohibida por Sanidad después de los primeros hallazgos en Valencia de mercancía cárnica en mal estado.
La trama del jamón podrido ha logrado colocar sus productos adulterados y en mal estado en cárceles de media España y también en pequeñas cadenas de supermercados.
Falsedad documental
La Guardia Civil se llevó ordenadores y material informático de la sede de Comapa, en Alcobendas, el pasado 9 de agosto, tal como publicó este medio en exclusiva.
Comapa es el primer proveedor de productos ibéricos low-cost en España y alcanza una facturación de unos 120 millones anuales. La policía sospecha que los altos directivos de la empresa han estado falsificando facturas y documentación para intentar eludir sus responsabilidades, según han explicado a Economía Digital fuentes cercanas a la investigación.
En el entramado del jamón podrido también figura una empresa valenciana, Vitalinna, íntimamente relacionada con Comapa. Uno de los máximos responsables de la empresa desapareció cuando trascendió la primera fase de la investigación en junio pasado.
José Miguel Gómez Hervás, administrador único de Vitalinna, se esfumó sin que sus trabajadores tuvieran pista alguna de su paradero. La Guardia Civil y los juzgados lo han intentando encontrar para citarlo, pero no ha sido posible. Se desconoce si el tribunal número 3 de Alzira, en Valencia, ha ordenado su búsqueda y captura.
