Costa Rica amenaza a Globalvía, socio de la AP-9, por la gestión de su única autopista de Centroamérica
El Gobierno asegura que creará un equipo de trabajo para analizar los incumplimientos de la concesionaria e intentar rescindir el contrato en una autopista de 77 kilómetros con el doble de tráfico que la AP-9
Pejae en la Ruta 27 de Costa Rica, gestionada por Globalvia / Globalvia
Uno de los grandes accionistas de Itínere, la dueña de la concesionaria de la AP-9, está en problemas en Costa Rica, el país donde Globalvía gestiona su única autopista de Centroamérica, la Ruta 27, que enlaza la capital San José con Puerto Caldera, la mayor dársena costarricense. El ministro de Obras Públicas y Transporte, Luis Amador, dijo la pasada semana que el Gobierno formará un equipo de trabajo, «a nivel de Presidencia», para «ver si este contratista tiene suficientes incumplimientos» para rescindir el contrato, en declaraciones recogidas por CRhoy. La concesión debería prolongarse hasta 2035, por lo que la empresa española, a priori, tendría derecho a una indemnización.
El disgusto del Ejecutivo respecto a la gestión del corredor hacia el Pacífico no es nueva. En las cuentas de la concesionaria Autopistas del Sol, filial de Globalvía, se recogen 29 reclamaciones por supuestos incumplimientos promovidas por el secretario técnico del Consejo Nacional de Concesiones. Atañen a presuntas deficiencias en el estado del pavimento, actuaciones sobre deslizamientos, falta de mantenimiento, interrupciones de servicio, falta de entrega de información o no acatamiento de órdenes e instrucciones.
Sin embargo, fue un reciente hundimiento en el kilómetro 44 de la autopista el que provocó una nueva escalada de tensión y reabrió un debate que viene de años atrás. El equipo liderado por el presidente Rodrigo Chaves considera que el contrato que posibilitó la construcción y explotación de la vía es «predatorio» para los intereses del Estado, por lo que analiza la manera de tumbarlo. Aunque desde el Gobierno costarricense señalan que todas las posibilidades están abiertas, una de las más cómodas sería negociar con la propia Globalvia un cambio en las condiciones contractuales y determinadas mejoras en la autopista, este último un método habitual en la gestión de vías concesionadas.
Curiosamente, sobre la mesa también está una ampliación de la Ruta 27 y de la concesión mediante una inversión de 646 millones de dólares que podía prolongar el contrato entre 15 y 20 años. Al mismo tiempo, el ministro de Obras Públicas dijo en noviembre que ya se había calculado el coste de indemnizar a Globalvia para romper el contrato, sin explicar a cuánto ascendía.
Recauda 60 millones en nueve meses
La autopista recaudó casi 60 millones de dólares en peajes en los nueve primeros meses del año. Los datos de tráfico reflejan una intensidad media diaria de 50.695 vehículos en 2021, el doble que la AP-9, cuyo mejor año fue el de 2019 con una intensidad media diaria de 24.400 usuarios.
Globalvia es uno de los grandes accionistas de Itínere, el grupo que controla la AP-9 entre Ferrol y la frontera portuguesa; la AG-55 entre A Coruña y Carballo; y la AG-57 entre Puxeiros y Baiona. La empresa española mantiene desde hace años una disputa con Corsair, que vendió este año su participación al mayor fondo de pensiones de los Países Bajos, APG, por el control de la compañía. Además, gestiona la Autopista Central Gallega, entre Santiago y Alto de Santo Domingo. Este medio pidió a la empresa una valoración sobre la situación en Costa Rica sin recibir respuesta.
