Cuenta atrás para Losan, que podría entrar en concurso en 13 días pese a las ayudas de la Xunta
El plazo del preconcurso finaliza el 29 de abril sin que haya una solución a la vista para la segunda maderera gallega por volumen de facturación, que recibió ayudas de la SEPI, el ICO y la Xunta
Imagen de la protesta de trabajadores de Losán frente a las oficinas de A Coruña / CIG
La situación límite que atraviesa Losan, la segunda mayor maderera gallega por volumen de negocio después de Finsa, llegó al Senado. En 13 días finaliza el periodo del preconcurso de la compañía, que tiene plantas en Curtis y Vilasantar, y que recibió ayudas del Igape y de Xesgalicia por valor de 7 millones en préstamos para poder salir a flote. También acudió al fondo de solvencia de la Sepi, que a finales de 2021 le concedió una ayuda de 35 millones.
Sin embargo, una vez naufragado el plan de atraer un inversor, el grupo continúa sin encontrar la manera de garantizar su actividad y su futuro. Esta situación resonó en la Cámara Alta, en una iniciativa de la popular Rosa Gallego que salió adelante pese a la abstención del PSOE, que propuso un texto alternativo.
«El 29 de abril claro que es una fecha clave», ha destacado Gallego, para quien «hay que actuar de manera urgente» y «dejarse de hablar». En su opinión, el «impacto económico excede claramente el ámbito municipal y autonómico», por lo que «corresponde al Ejecutivo Central, a través de los ministerios competentes y de la Sepi, liderar la coordinación necesaria para garantizar una solución industrial viable que preserve la actividad productiva y el empleo en todas sus plantas».
Encontronazo político
Por parte del grupo socialista, Rafael Rodríguez Villarino ha calificado de «extemporánea» la propuesta, «ahora, cuando faltan 13 días, con la espada de Damocles de un preconcurso de acreedores, para que se hagan una serie de cuestiones que, si no se hubieran hecho ya, pues realmente poco futuro tendría esta empresa, sus trabajadores y la sociedad en general». Según el senador, «el Estado ya ha actuado, y han actuado, lo han hecho bien, con una ayuda de 35 millones de euros y por otra parte con 19 millones de euros de avales de la Sepi».
«Sobre la base de lo que aquí solicitan, creemos que está bastante bien recogido en el texto alternativo que hemos presentado», ha argumentado. «Con tan poco margen de tiempo, vamos a poner en valor lo que ya se está haciendo, y que continúe impulsando los canales de comunicación entre la Sepi y la dirección del grupo Losán para culminar el plan de reestructuración de la deuda, y hacerlo de modo coordinado y de modo conjunto», ha ahondado.
En la réplica, la senadora del Partido Popular ha asegurado no dar «crédito» y ha defendido no poder aceptar el texto alternativo de los socialistas. «Me quedo con la boca abierta», ha señalado. «Los trabajadores están sin cobrar y la empresa está a punto de cerrar el día 29», ha reiterado, sobre la «muy complicada» situación de las plantas.
La situación de Losán
En concreto, la moción insta al Gobierno a, en primer lugar, convocar «de manera urgente, a través de la SEPI, una mesa de trabajo institucional con el consejo de administración del grupo Losán, los representantes de los trabajadores y las administraciones autonómicas afectadas, con el fin de coordinar una solución integral antes de la finalización del plazo del preconcurso de acreedores».
En segundo término, pide «ejercer plenamente las funciones que corresponden a la Sepi como instrumento del Estado en empresas estratégicas, incluyendo la evaluación y validación técnica del plan de viabilidad, el seguimiento del cumplimiento de los compromisos derivados de los apoyos públicos concedidos y la activación, en su caso y conforme al marco legal vigente, de los instrumentos de apoyo previstos para empresas estratégicas».
En tercer lugar, reclama «una coordinación efectiva entre los ministerios competentes, dada la dimensión supraautonómica del grupo, que permita recuperar la actividad productiva, garantizar el pago íntegro de las nóminas pendientes y asegurar la continuidad del empleo en todas sus plantas».
Por último, «reconocer y atender formalmente el acuerdo unánime adoptado por los ayuntamientos afectados en la comunidad autónoma de Galicia, trasladando respuesta institucional a sus peticiones en el marco del principio de lealtad y cooperación entre administraciones».