Bonistas se querellan contra los dueños de Losán y alertan a Xunta y Sepi de una «estafa»

El plan de Losán para salir del atolladero financiero en el que se encuentra amenaza con enredarse en los tribunales, donde primero impugnaron su plan de reestructuración y ahora avanza un proceso penal contra los socios y la propia compañía por la emisión de 25 millones en pagarés en el MARF antes del preconcurso. El fabricante de tablero, que nació en la carpintería fundada por los hermanos López Sánchez en Curtis recibió 35 millones en ayudas del fondo de solvencia de la Sepi, y también el apoyo de la Xunta y de la Junta de Castilla y León cuando vino la segunda crisis de liquidez.

La segunda maderera gallega por volumen de ingresos necesitaba del respaldo del fondo estatal para restablecerse del golpe del Covid, y de las administraciones autonómicas para poder pagar los sueldos de los trabajadores de sus fábricas, que sufrieron atrasos en Galicia y, especialmente, en Soria, donde despidió a 47 trabajadores. Así que el equipo que capitanea Luis López Rico, tras lograr el visto bueno de los acreedores a su hoja de ruta, estuvo atareado en la búsqueda de ayudas y desinversiones previstas en el plan de reestructuración para obtener liquidez, así como en la búsqueda de un inversor que pudiera reflotar la actividad.

Justo cuando está a punto de encontrarlo, pues, según informó Heraldo, está cerca de cerrar un acuerdo con el fabricante valenciano de madera contrachapada Mabesal, la familia López tendrá que pasar por los juzgados de Plaza de Castilla para responder ante una acusación de estafa por su emisión de pagarés.

Losán, ante el juez

La causa abierta por la querella de varios bonistas, entre los que están inversores particulares y empresas, se dirime en el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid y se fundamenta en una supuesta información falsa en el documento base que acompañó a la emisión de pagarés y que ofrecería una imagen distorsionada de la salud financiera de la empresa, incurriendo en posibles delitos de falsedad documental y estafa en inversiones.

El programa de pagarés de Losán fue admitido a negociación en agosto de 2023 por el Marf, el mercado de renta fija de BME, y contó con un rating BB-, tendencia estable, otorgado por EthiFinance. Esta valoración atribuía a la empresa una solvencia y capacidad media para cumplir sus compromisos, aunque limitada en caso de una situación de mercado o empresarial adversa. La calificación bajó bruscamente al bono basura a comienzos de 2024, cuando Losán emprendió la negociación para reestructurar su deuda. Andersen Iberia fue el asesor registrado del programa; Link Securities, la entidad colocadora; GVC Gaescoha, el agente de pagos; y PwC, el asesor legal de Losán.

Uno de los querellantes, que no quiso que constara su nombre, explicó en conversación con Economía Digital Galicia que el inicio del preconcurso se produjo «días» después de la colocación de 15 millones en pagarés, que es la cuantía reclamada en el juzgado, donde también piden «hasta 9 años de prisión» para los socios y administradores de la compañía gallega. Añade que, tras ser admitida a trámite la demanda, los denunciantes fueron a declarar ante el juez, que ha citado el 10 de diciembre a los responsables de Losán.

Escritos a Sepi y Xunta

Este inversor asegura que también se enviaron escritos a las administraciones públicas alertando de la presentación de la querella por estafa y de la situación financiera de la maderera. Concretamente, indica que los bonistas se comunicaron con la Xunta, la Junta de Castilla y León y la propia Sepi. El último escrito a la entidad responsable del fondo que inyectó 35 millones en Losán fue el 7 de febrero de este año. La Sepi todavía juega un papel relevante en el futuro de la maderera pues, por ejemplo, tendría que avalar la entrada de un inversor o la venta del grupo o sus filiales.

Pese al embrollo judicial y la difícil situación de Losán, o quizá precisamente por ella, las administraciones autonómicas otorgaron financiación al grupo. La Xunta, como explicó este medio, concedió a través del Igape dos millones en préstamos, que tenían como objetivo garantizar el pago de las nóminas de las factorías de Curtis y Vilasantar. Además, hubo también negociaciones para otorgar apoyo a través de los fondos de capital riesgo del Gobierno gallego, cuyo resultado no ha trascendido.

Impugnación del plan de Losán

Los bonistas, según indica la misma fuente, también han impugnado el plan de reestructuración, que consideran incumplido, por la gestión de los activos de Losán en Rumanía. Las plantas y terrenos de la filial rumana se presentaron como garantía para la reestructuración de deuda con los acreedores, entre los que estaban también Abanca, BBVA o Santander. La Audiencia Provincial de A Coruña se pronunció ya sobre varias impugnaciones, estimando la promovida por la sociedad austríaca de transportes LKW frente a los autos de homologación aprobados por el Juzgado de lo Mercantil número 3 de A Coruña para Industrias Losán, Aserpal, Pina y Tableros Losán.

Sin embargo, rechazó otras tres impugnaciones presentadas por bonistas, concretamente por Caixa Rural D’Alcudia, Construcciones Fernández de Nogaro y un particular, que se vieron atrapados en el plan de reestructuración.