El Gobierno da 15 años más al puerto para empezar a devolver la deuda de Langosteira

La alcaldesa de A Coruña avanza que el Estado se ha comprometido a conceder a la Autoridad Portuaria una moratoria hasta 2035 para el pago de la deuda de 200 millones contraída por las obras de Langosteira

Imagen de archivo del Puerto Exterior de A Coruña en Punta Langosteira

Imagen de archivo del Puerto Exterior de A Coruña en Punta Langosteira

Cumbre en A Coruña sobre el futuro del Puerto. Este martes, se ha producido una reunión entre la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, el secretario general de Infraestructuras, Sergio Álvarez, la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez; la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera; el presidente de Puertos del Estado, Francisco Toledo, y su homólogo de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, así como el presidente de la Diputación coruñesa, Valentín González Formoso.

En la reunión, los representantes del Gobierno central han rechazado que la ingente deuda que atenaza a la Autoridad Portuaria de A Coruña, derivada en gran medida de la construcción del Puerto Exterior, pueda ser condonada por el Estado, una medida que, en su momento, se llevó a cabo con el Puerto de Valencia. Sin embargo, la entidad portuaria coruñesa recibe el compromiso de toda una inyección de oxígeno para la devolución de los préstamos contraídos con el Estado.

El presidente de Puertos del Estado calificó este martes de “imposible” la condonación, al asegurar que el “marco regulatorio” no lo permite. “El Consorcio de Valencia 2007 no tiene nada que ver con el puerto, fue una sociedad del Estado, el ayuntamiento y la Generalitat y para un evento deportivo. Se ha asumido la deuda de la mitad que era del Estado”, argumentó.

Moratoria hasta 2035

Así, ha rechazado la condonación de la deuda del puerto coruñés por el hecho de que la entidad asumiese ejecutar el puerto exterior de Punta Langosteira en base al planteamiento de las administraciones central, autonómica y municipal en 2004. “Cuando un puerto acepta hacerse cargo tiene que ser responsable de lo que acepta”, aseveró.

Sin embargo, en la citada reunión, según avanzó el Concello de A Coruña, los representantes del Ejecutivo central manifestaron su compromiso “con la reestructuación de la deuda de la Autoridad Portuaria, con una moratoria hasta 2035 para el préstamo principal a través de la rentabilización de activos”. Este hecho es toda una inyección de oxígeno para el puerto coruñés, toda vez que este ejercicio debía empezar a devolver el préstamo estatal.

Deuda de 200 millones

Las últimas cuentas anuales publicadas por el Puerto de A Coruña indican que, a cierre del ejercicio 2019, la entidad contabilizaba un pasivo no corriente de 302 millones de euros: 100 millones correspondientes a la deuda que mantiene con el Banco Europeo de Inversión y 200 con Puertos del Estado.

El último acuerdo de refinanciación alcanzado con Puertos del Estado establecía una deuda de 200 millones de euros a devolver en 40 años con un periodo de carencia de 10 años. Ese periodo de carencia finalizaba este 27 de junio con lo que, este año, la Autoridad tendría que hacer frente a un pago de 2 millones de euros que, posteriormente, se elevaría a 4 millones anuales entre los ejercicios 2022 y 2027.

Sobre este tema, la alcaldesa de A Coruña, la socialista Inés Rey, avanzó la importancia de la moratoria hasta 2035 del pago de la deuda de 200 millones contraída por la Autoridad Portuaria para la construcción de Langosteira. “Las gestiones llevadas a cabo permitirán el alivio de la situación financiera del organismo que gestiona el puerto coruñés, que afrontaba graves problemas de liquidez vinculados al pago de este crédito”, indica el Ejecutivo local.

Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, Martín Fernández Prado, ha instado a las distintas administraciones implicadas “a buscar una solución para aliviar la tensión financiera a medio plazo y evitar problemas en el futuro”. Si bien sostiene que la Autoridad Portuaria está “abierta al diálogo para buscar una alternativa que sustituya al planteamiento de los convenios de 2004, que apuntaban a la venta de los terrenos portuarios, reiteró que “es necesario hallar pronto una solución mediante acuerdos entre las instituciones”.