El mazazo judicial a Alcoa continúa sin despejar el futuro de A Mariña

La decisión del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) de decretar nulo el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de Alcoa al apreciar «mala fe» en las negociaciones por parte de la empresa cambia por completo las reglas del tablero de juego en el que se disputa el futuro de la planta de aluminio primario de A Mariña. Aún así, todavía quedan muchas incógnitas por resolver. La principal ahora es qué ficha va a mover la multinacional americana. Xunta y Gobierno central esperan que vuelva a sentarse a negociar el traspaso de la factoría. Sin embargo, los de Pittsburgh ya han anunciado que, a pesar del fallo, «persiste la necesidad de reestructurar la fundición de San Cibrao debido a problemas estructurales importantes y permanentes».

Este jueves, y tras conocerse el fallo del alto tribunal gallego, sindicatos y comité de empresa festejaban «un gran día para la clase trabajadora«. Fueron ellos, al cabo, los que impulsaron la demanda judicial que ahora echa por tierra las intenciones del grupo de activar un ERE que afectaba a 524 trabajadores. No obstante, y a pesar de la celebración, también urgían la necesidad de alcanzar una solución cuanto antes para la factoría de A Mariña.

La Xunta: «Volvemos al día uno»

El vicepresidente económico de la Xunta, Francisco Conde, se manifestó en esa línea. El Gobierno gallego considera que la sentencia del TSXG es una «muy buena noticia» que, espera, «induzca a la compañía a retomar la senda del diálogo para negociar la venta de la planta».

Para Conde, la sentencia, que da la razón a la autoridad laboral competente (la Xunta de Galicia se personó en el juicio), supone «volver al día uno», por lo que el primer paso es «reactivar el diálogo, encontrar puntos de entendimiento y cerrar un acuerdo«.

Negociaciones fracasadas

Desde que Alcoa anunció su intención de cerrar la fábrica de aluminio primario de A Mariña dos han sido las ofertas puestas encima de la mesa del grupo de Roy Harvey. La primera, la de Liberty House, del conglomerado GFG Alliance. La segunda surgió una vez fracasaron las negociaciones con el grupo británico y partía del propio Ministerio de Industria, que se ofreció a hacerse con la planta a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), para luego traspasarla a los de Sanjeev Gupta. En ambos casos, Alcoa indicó que las demandas de los interesados no eran realistas y que propuso a Liberty vender la fábrica por el precio simbólico de un euro y desembolsar 90 millones de euros para planes de viabilidad.

En su sentencia, no obstante, los jueces de la Sala de lo Social del TSXG sostienen que los diálogos de Alcoa con terceros para vender la planta de A Mariña «permiten sospechar de la existencia de una decisión estratégica«, pues sostienen que la multinacional entró en la negociación “con posiciones predeterminadas y un claro obstáculo para no llegar a un acuerdo final”. Es decir, la Justicia avala la tesis de los sindicatos de que la compañía nunca estuvo dispuesta a vender la factoría.

¿Puede Alcoa seguir asumiendo pérdidas?

Pero, ahora, con el ERE declarado nulo, ¿Alcoa estará dispuesta a retomar las negociaciones de venta? De momento, fuentes de las administraciones públicas consultadas por este medio indican que la pelota está en el tejado de la compañía. Alcoa asegura que mantener la fundición de San Cibrao abierta le genera unas pérdidas de más de un millón de euros a la semana. Este hecho, unido al nuevo escenario que abre el TSXG podría empujar a la compañía a retomar las negociaciones de traspaso. Al fin y al cabo, los americanos pueden interponer contra la sentencia un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, pero esto también alargaría más en el tiempo el proceso y, con él, las pérdidas que la compañía asegura que le produce mantener la planta en funcionamiento.

Por el momento, Alcoa no ha aclarado que vaya a recurrir la sentencia. La está estudiando. Sin embargo, sí ha dejado claro que la planta sigue necesitando una reestructuración y esta afirmación hace aflorar las dudas sobre la intención de la compañía de retomar las negociaciones con el Ministerio de Industria. A última hora de este jueves, hora española, Alcoa Corporation emitió un comunicado en el que anunciaba su decisión de «detener los planes de reducción de su fundición en España mientras revisa una decisión judicial relacionada con un proceso de despido colectivo».

La huelga, un impacto de 10 millones

A pesar de la sentencia, Alcoa sostiene en su comunicación al mercado que «ha actuado de buena fe y en pleno cumplimiento de la ley» y advierte de que «persiste la necesidad de reestructurar la fundición de San Cibrao«.

También expone que, al contrario de lo planeado, en el cuarto trimestre de su año fiscal «no incurrirá en el cargo que tenía previsto de 35 millones de dólares relacionados con los costes de reestructuración en San Cibrao«. Indica, no obstante, que la huelga provocada por el conflicto laboral generará un impacto negativo de unos 10 millones de dólares.

¿Negociar o aplicar un ERTE?

Con estas cartas sobre la mesa, y a pesar del avance que significa para los intereses de A Mariña la sentencia del TSXG, el futuro de la planta de San Cibrao aún no se ha despejado. Fuentes empresariales consultadas por ED Galicia indicaban este jueves que Alcoa, aun con sus planes fuertemente trastocados, tiene margen de maniobra. Puede acceder a retomar las negociaciones, pero también podría activar un ERTE, opción que llegó a plantear, o una puja abierta, como puso en marcha con las plantas de A Coruña y de Avilés y que desembocó en la adjudicación de las mismas al fondo suizo Parter, que acabó por venderlas a Grupo Industrial Riesgo.

Por el momento, todo apunta a que Liberty mantiene su interés por el activo de San Cibrao, a pesar de las otras operaciones en las que está inmerso el grupo de Gupta, como la adquisición del negocio de acero de la alemana ThyssenKrupp.

Esta semana se cumplió el aniversario de la única vez que Alcoa San Cibrao paró sus cubas a causa de la tragedia del Casón. Pasados 33 de años de ese hecho, la sentencia del TSXG, impulsada por los trabajadores de la factoría, permite que las cubas continúen funcionando.