Estatuto electrointensivo: las empresas no podrán cerrar en tres años

El Gobierno aprueba el paquete de ayudas por los costes eléctricos dos años después de lo prometido y con Alcoa a punto de cerrar en Lugo

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, en una imagen de archivo. EFE/Emilio Naranjo/Archivo

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, en una imagen de archivo. EFE/Emilio Naranjo/Archivo

El Estatuto del Consumidor Electrointensivo fue una de las promesas estrella de Pedro Sánchez para aliviar la factura eléctrica de las grandes consumidoras de energía y evitar cierres y deslocalizaciones en la industria. Era una de las grandes esperanzas para frenar los cierres de Alcoa, que ha vendido las plantas de A Coruña y Avilés y está pendiente de los juzgados para cerrar la factoría de San Cibrao (Lugo), la última de aluminio primario de España.

El Consejo de Ministros ha aprobado el paquete de bonificaciones este martes, dos años después de lo prometido y sin que parezca ahora ya una solución para Alcoa, aunque pueda facilitar la implantación de otras industrias y la continuidad de grandes consumidoras como Megasa, Xeal o Celsa, por citar algunas de las ubicadas en Galicia.

Bonificaciones para 612 empresas

El estatuto, dice el Gobierno, beneficiará a 612 empresas de más de 60 actividades industriales, que suman unos 300.000 trabajadores, y, junto con las compensaciones por costes de emisiones indirectas de CO2 (dióxido de carbono) y el Fondo Español de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas, «supondrá un nuevo marco legal al servicio de la gran industria». “Es un instrumento de política industrial con el que el Gobierno mejora la competitividad de la gran industria y favorece la inversión», aseguró la ministra de Industria Reyes Maroto, quien aseguró que el nuevo marco es estable, ofrece seguridad y certidumbre sobre los costes energéticos y es conforme a la normativa comunitaria.

Entre los obstáculos que encontró para su aprobación desde que se publicó el primer borrador, en 2019, estuvieron las advertencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sobre posibles incompatibilidades con la legislación europea. Hay que recordar que el primer texto presentado por el Ejecutivo también recibió fuertes críticas de la industria, incluida Alcoa, al considerar que no solucionaba el problema de los costes eléctricos y que mantenía a las factorías españolas en situación de desventaja respecto a los competidores europeos.

Exigencias en I+D y en el mantenimiento de la actividad

Para optar a las ayudas previstas en el Estatuto, las empresas deberán asumir obligaciones y compromisos en eficiencia energética, I+D+i y sustitución de fuentes contaminantes, al tiempo que deberán mantener la actividad productiva durante un periodo de al menos tres años, a partir de la fecha de concesión de las ayudas.

La condición de consumidor electrointensivo se obtiene cuando el consumo anual sea superior a 1 gigavatio hora (GWh) durante dos de los tres años anteriores y el consumo en las horas valle (las más baratas del día) represente, al menos, el 50% del total.

El Ministerio de Industria será el encargado de certificar la condición de consumidor electrointensivo, que deberá ser solicitado la empresa, ha informado el departamento en un comunicado.

Compensación del 85% de los cargos de la factura

Entre los mecanismos para los costes energéticos, figura la compensación de hasta el 85% de los costes que se repercuten en el precio de la luz por la financiación de las primas a las renovables, los costes de cogeneración de alta eficiencia y el coste extra correspondiente a los territorios no peninsulares, financiados al 50% con cargo al recibo y a los Presupuestos de Estado.

Sumados a las compensaciones por costes de CO2 (172 millones el pasado año), el apoyo a la industria electrointensiva superaría los 262 millones.