Incertidumbre en las empresas del juego por la nueva ley de la Xunta
La normativa establece la caducidad de las concesiones a los 15 años, rompiendo con las licencias permanentes anteriores, lo que ha hecho saltar las alarmas en el sector
Diego Calvo durante la presentación de la nueva Lei do Xogo el pasado jueves / Xunta
El Consello da Xunta dio luz verde el pasado jueves a la nueva Lei do Xogo, una actualización de la normativa que había regido el sector del juego presencial en la comunidad durante 30 años y que, según defendió Alfonso Rueda, requería de una «adaptación» a los tiempos actuales. El nuevo texto incrementa la protección a determinados colectivos, fundamentalmente los menores, y fija unos límites a los establecimientos y dispositivos muy similares a los que ya existían, de manera que no hay unas posibilidades de crecimiento del sector, mientras que el de las empresas queda limitado a procesos de concentración.
El elemento crítico del nuevo texto no tiene que ver con esto. Radica en la caducidad de las concesiones a los 15 años que se aplica, según explicó el vicepresidente segundo Diego Calvo, a todas las autorizaciones, rompiendo con las licencias permanentes que rigen hasta ahora. En la práctica, supondría poner fecha de caducidad a la actividad de salones de juego, tiendas de apuestas o bingos, lo que ha generado preocupación entre las empresas. Un factor de incertidumbre como la posible finalización de la actividad, dependiente de la renovación o no de la correspondiente autorización, es difícilmente compatible con el desarrollo de negocio de las empresas.
Por el momento, solamente la Asociación Gallega de Empresas Operadoras (Ageo) ha valorado de manera inicial la nueva ley para reconocer que la caducidad de las autorizaciones es, efectivamente, el aspecto que más les preocupa. Su presidente, Serafín Portas, explicó que «están estudiando en detalle» el nuevo texto y que temen la «inestabilidad» que pueda generar la limitación temporal a las licencias. Aguardan «sensibilidad» con el sector durante la tramitación parlamentaria para obtener una normativa que responda «al interés general de la sociedad y al de la industria».
Los límites para el juego en Galicia
El proyecto de Lei reguladora de xogos de Galicia fija un límite del número de establecimientos y terminales de juego en la comunidad de 2 casinos y 2 salas adicionales, 12 bingos, 118 salones de juego y 41 tiendas de apuestas. En base a la actual oferta de juego presencial, limita el crecimiento del sector a la apertura de dos bingos más respecto a los que están ahora operativos, ocho nuevas salas de apuestas y cuatro salones de juego. Comar también tiene la posibilidad de abrir un nuevo casino como sala adicional al Casino Atlántico de A Coruña, de la misma manera que hizo Luckia en Vigo, un centro anexo a su casino de A Toxa. Era una posibilidad que ya tenía anteriormente sin que José Collazo diera por el momento el paso.
En un sector muy regulado, las posibilidades de crecimiento empresarial pasan fundamentalmente por reemplazar establecimientos que cierran o comprarlos, lo que supone un contraste con el juego online que regula el Estado, aunque este también tiene límites a la publicidad y mecanismos de control del acceso de menores. Desde hace ya bastantes años, los operadores del juego presencial tradicional vienen mostrando su máximo interés en colaborar con la Administración para prevenir efectos perversos que se asocian a su actividad, como la adición o el juego en menores, y corregir cualquier incidencia. Al mismo tiempo, las patronales critican los prejuicios contra su negocio frente a la permisividad con otros similares, como ONCE o Loterías y Apuestas del Estado.
Las restricciones al juego
El proyecto de ley prohíbe conceder préstamos o créditos a personas usuarias de juegos y tampoco se permitirá conceder bonificaciones, partidas gratuitas o cualquier elemento que se pueda canjear por dinero. Además, abre la puerta a que los ayuntamientos puedan imponer restricciones adicionales a la apertura de establecimientos. Todos los locales tendrán que tener control de acceso y, en el caso de casinos y bingos, se exige también registro de admisión.
Estará prohibida la apertura de establecimientos de juego la una distancia inferior a 300 metros de los centros de enseñanza reglados a menores de edades y de los centros oficiales de rehabilitación de personas jugadoras patológicas, y a la misma distancia de cualquier otro local de juego, lo que supone un incremento respecto a los 150 metros actuales.
También quedará limitada la instalación de máquinas en la hostelería a dos, incluyendo las distintas tipologías, de las tragaperras a terminales de apuestas o máquinas tipo A.
