La UDEF acusa a un empresario detenido por tráfico de drogas de estar detrás del vaciado de Alu Ibérica

Un oficio de la UDEF apunta a "maniobras defraudatorias para detraer capitales de las plantas" de A Coruña y Avilés y pone el foco en un empresario que fue detenido por tráfico de drogas

Imagen de varios agentes de la Policía Nacional durante el registro de la fábrica de Alu Ibérica en A Coruña

Imagen de varios agentes de la Policía Nacional durante el registro de la fábrica de Alu Ibérica en A Coruña

La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) estrecha el cerco sobre los dueños de Alu Ibérica ante su presunta «despatrimonialización fraudulenta». Un oficio de este departamento dependiente del Cuerpo Nacional de Policía relaciona varias transferencias de fondos con conceptos como pago blockchain cripto o abono facturas BC con la «compraventa de criptomonedas y cuyas beneficiarias son cuentas tituladas por la sociedad Viña y Sentido SL«, que estaría vinculada a la trama.

Se trata de las últimas pesquisas con las que la policía judicial trata de dilucidar si el Grupo Industrial Riesgo (que asumió las riendas de Alu Ibérica en primavera de 2020) utilizó una filial llamada Logiplus Worldwide SL como una de las sociedades que habría sido utilizada «para dar cobertura a las maniobras defraudatorias empleadas para detraer capitales de las plantas de producción de aluminio» de Avilés y A Coruña.

Los investigadores señalan que el montante que Logiplus destinó a la compra de bitcoins tiene su origen en «fondos procedentes de las plantas de producción de aluminio, puesto que muchas de las transferencias fueron inmediatamente precedidas de otras por importes muy próximos e idéntica fecha».

Más de medio millón de euros con 23 transferencias

Según recalcan en este oficio que fue avanzado por El Periódico de España, las transferencias procedían de cuentas corrientes tituladas por las fábricas de Avilés y A Coruña y contenían conceptos bancarios con el título «pago chatarra», si bien «estas salidas de fondos ordenadas desde las cuentas de las plantas de producción parecen contrastar» con el destino final que se dio al dinero.

En total, el importe que llegó a transferirse desde la cuenta de Logiplus a Viña y Sentido, según le consta a los investigadores, ascendería a los 565.976 euros, que fueron enviados mediante 23 transferencias realizadas entre noviembre de 2020 y marzo de 2021.

Un detenido por tráfico de drogas y reclamación judicial

Además, los agentes destacan en este oficio que la sociedad Viña y Sentido tenía como objeto inicial la comercialización de vino, un «objeto social totalmente ajeno a la industria del aluminio» para que, posteriormente se produjese una «singular circunstancia». Y es que en octubre de 2020, coincidiendo con el nombramiento de Francisco Alarcón como nuevo administrador único de la firma, también se produjo una ampliación social incorporando la actividad como «plataforma de inversión en criptomonedas».

Además, de Alarcón subrayan que «le constan varias detenciones policiales antiguas por reclamación judicial y por tráfico de drogas» y pesa sobre él una averiguación de domicilio y paradero emitida por el Juzgado de lo Penal Número 3 de Talavera de la Reina en el 2017.

En este sentido, la UDEF detalla que el apoderado de esta sociedad, Francisco Javier Fernández de Bobadilla Lázaro, fue apartado de la empresa unos días después de que la jueza ordenara las detenciones de los implicados en el caso. Pero, además, señalan a Fernández de Bobadilla Lázaro como el socio fundador y administrador único del despacho Ackermann y Schwartz Attorney Al Law SLP, al que se investiga por su «implicación en los hechos».

Otra sociedad bajo el radar de la Justicia

En paralelo, los agentes explican que después de analizar una cuenta propiedad de Logiplus han constatado «numerosas transferencias ordenadas» bajo los conceptos ‘pago de pedidos’ o ‘pago de factura’ y cuya destinataria sería otra sociedad vinculada a los investigados: Lavandaeco SL.

Por todo ello, la UDEF conmina a la magistrada a que reclame a los bancos la identificación de los titulares y autorizados de las cuentas así como el extracto de movimientos desde su apertura y hasta la cancelación de las mismas.