Las UTEs de Monbus logran rebajar en un año 24 sanciones de la Xunta por incumplimientos de contrato
El grupo de Raúl López alegó que no pudo entregar la información por la que fue penalizada debido a problemas informáticos de la propia Xunta en las concesiones de las líneas regulare, el concurso por el que fue sancionado por el supuesto cártel con Alsa
Autocar de Monbus / Monbus
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El éxito de Monbus en el reparto de las líneas regulares de transporte de la Xunta ha cargado de trabajo al grupo de Raúl López en las carreteras gallegas y en los juzgados. A ellos acudió la compañía para tratar de frenar una cascada de penalizaciones impuestas por la Dirección Xeral de Mobilidade de la Xunta, que en pequeñas cantidades, ha sancionado a prácticamente todas las UTEs lideradas por Monbus que prestan estos servicios. En poco más de un año, el grupo ha recibido 25 resoluciones, logrando rebajar el importe de la multa en 24 de las sentencias emitidas por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Sin embargo, los procedimientos son más, pues superan los 40 desde el año 2024.
Todos tienen un mismo origen. La antigua Consellería de Infraestruturas e Mobilidade reprocha al líder gallego del transporte de viajeros por carretera no haber entregado determinada información respecto al cuadro de personal, conductores o acompañantes. La compañía alega que la plataforma de la Xunta que se utiliza para cumplir con esas obligaciones de comunicación, denominada Otrans, tiene «serios fallos técnicos». Además, se aplicaron cambios en su funcionamiento sin que se colgasen manuales ni se habilitara un servicio de ayuda a los operadores. Esos problemas, argumenta Monbus, le imposibilitaron, en la práctica, o le dificultaron seriamente, trasladar la información pertinente sobre el cuadro de personal asignado a cada servicio.
La Xunta consideró esa falta de comunicación como una infracción grave por incumplimiento de contrato e impuso una cascada de sanciones, normalmente de unos 2.000 euros o inferiores, en las concesiones de Monbus y sus aliados. La lista de servicios penalizados es larga: Lugo-Santaigo, Cañiza y Arbo; Begonte-Rábade; las comarcas de Ferrol y Ortega; Lugo-Lalín-Fisterra, sur de la comarca de Santiago… y así, hasta más de 40 sanciones y otros tantos procedimientos contenciosos.
El criterio del TSXG
El criterio de los magistrados del TSXG, como cabría esperar, es el mismo desde 2024, cuando empezó a resolver los recursos contra las sanciones de la Dirección Xeral de Mobilidade. Entiende que no hay suficiente carga probatoria en la argumentación de las UTEs para demostrar la imposibilidad de enviar la información, por ejemplo, al no advertir a la Xunta de sus dificultades. Sin embargo, sí que demuestra que hubo voluntad de comunicar. En el caso de la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, admite que la conducta es sancionable pero disiente de su gravedad. Entiende que no puede ser considerada muy grave una infracción cuando Monbus pudo comenzar a operar el servicio sin que la Xunta le reclamara el envío de los datos que faltaban.
Por lo tanto, decide mantener las sanciones, pero rebaja el importe. De los 2.000 euros que, habitualmente, imponía el Gobierno gallego, la mayor parte de las sanciones se reducen a 1.000 euros, en la concatenación de sentencias que son recurribles en casación. Curiosamente, la última emitida, el pasado 29 de enero, tiene un fallo desestimatorio. Se trata de una penalización de 2.400 euros por dos infracciones derivadas de utilizar dos vehículos y un conductor no adscritos al servicio de transporte entre Lugo, Ourense y Vigo.
El concurso de transporte regular de viajeros por carretera, que desencadenó las más de 40 sanciones a las UTEs de Monbus, fue también el que provocó la investigación por cártel con Alsa y las multas a 21 empresas de ambos grupos por prácticas colusorias.
