Losán, segunda maderera gallega, incapaz de pagar las nóminas pese a recibir 7 millones en préstamos de la Xunta

La compañía, que recibió financiación el año pasado de Igape y Xesgalicia para mantener sus operaciones, plantea salir a flote con la venta de activos en España; los trabajadores gallegos se movilizan por el impago de tres nóminas

Protesta ante las oficinas de Losán en A Coruña por los retrasos en el pago de las nóminas / CIG

Protesta ante las oficinas de Losán en A Coruña por los retrasos en el pago de las nóminas / CIG

Hace solo tres años, Losán pareció haber conseguido las herramientas para sobrevivir a la pandemia y mantenerse como la segunda mayor maderera gallega por volumen de ingresos. Cerró el ejercicio de 2022 con una facturación de 343,6 millones, generó beneficios y había conseguido 35 millones del fondo de rescate de la SEPI, que se sumaban a los créditos avalados por el ICO de 18,8 millones que firmó cuando estalló la crisis del Covid. El fabricante de tablero, con 10 plantas operativas, superaba en cifra de negocio a empresas consolidadas en el sector, como Unemsa o Intasa, de la familia Tojeiro, y se quedaba solo por detrás en ingresos de Finsa, el gigante gallego de la madera. Pero todo se desmoronó.

El ciclo inflacionista, con un acelerado incremento de costes y problemas en las cadenas de suministro, obligó a la compañía a iniciar una larga carrera por su supervivencia que la ha dejado cerca del desfallecimiento. Este jueves, los comités de empresa de las factorías de Vilasantar y Curtis han convocado una manifestación para reclamar las nóminas que les adeuda la empresa, que no ha pagado los meses de noviembre y diciembre, ni tampoco la extra, según denuncian. Situaciones similares se viven en las fábricas de Castilla y León y Castilla-La Mancha ( Soria, Cuenca, Zamora y Ciudad Real).

La Xunta aportó 7 millones de financiación

Losán sigue azorada por la falta de liquidez pese al apoyo que le brindó la Xunta el año pasado. El Gobierno gallego concedió 7 millones en préstamos al grupo ante las dificultades que atravesaba para mantener sus operaciones y cumplir el plan de viabilidad acordado con los bancos acreedores — entre los que están AbancaBBVASantanderCajamar o Sabadell— y la propia SEPI. Este apoyo se materializó mediante dos mecanismos. Como avanzó este medio en abril, el Igape formalizó dos préstamos de un millón de euros, uno destinado a la planta de Curtis y el otro a la de Vilasantar. La entidad adscrita a la Consellería de Economía aportó ambas inyecciones en el marco de la línea de financiación de circulante para aquellas empresas en procesos de reestructuración.

A esta aportación, según pudo saber Economía Digital Galicia, se sumó un nuevo préstamo de 5 millones concedido a través de Xesgalicia, los fondos de capital riesgo del Gobierno gallego. Esta financiación se habría destinado a mantener la actividad productiva en las plantas, paliando los problemas de solvencia que todavía atraviesa el grupo originario de Curtis, donde los hermanos López Sánchez fundaron en los años sesenta una pequeña empresa maderera.

La compañía cuenta con unos 200 trabajadores en Galicia, entre los 170 que acuden a las fábricas y los 30 de las oficinas de A Coruña, según informan los sindicatos, que advierten también del impacto que tendría una posible quiebra en el sector forestal.

Más ventas de activos

La cadena de desdichas que preceden a la movilización laboral del próximo jueves enraízan en el plan de viabilidad aprobado en los juzgados y con el que Losán reestructuró más de 200 millones de deuda. La hoja de ruta preveía la venta de activos de la empresa en Rumanía y de otros activos inmobiliarios no estratégicos, el traspaso de una filial o la entrada de un socio inversor. Estas operaciones permitirían inyectar en los próximos años unos 120 millones en el grupo, que sumado a las ayudas públicas conseguirían devolver al fabricante a la senda de viabilidad. En teoría.

Sin embargo, la maderera no logró sacar adelante el plan o, cuando menos, los avances fueron insuficientes para mantener sus fábricas operativas y atender a los sueldos de los trabajadores. La última propuesta fue la entrada de un inversor, Mabesal, una empresa con sede en Valencia e integrada en el grupo Melarco. El acuerdo preveía una inversión de 30 millones, de los que 15 millones debían abonarse antes del 15 de diciembre y otros cinco en la primera quincena de enero. A última hora, Mabesal decidió retirarse.

En una reunión con los sindicatos gallegos, Losán trasladó a los representantes de los trabajadores que presentó un «plan b» a la SEPI, que asiste pacientemente a las desventuras de la empresa gallega. El objetivo pasa ahora por acometer desinversiones en España, que no afectarían a los activos ubicados en Galicia. Mientras tanto, la compañía mantendrá la búsqueda de un nuevo inversor que sustituya a Mabesal. El plan deja a los trabajadores como estaban, pues no hay fecha para el pago de las nóminas ni compromisos concretos, solo la misma incertidumbre de los últimos años sobre el futuro de las factorías.

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