¿Pinchó R las comunicaciones de uno de sus jefes sindicales?

Una de las querellas presentada contra tres exdirectivos de R mantiene que se interceptaron de forma ilegal las comunicaciones de un trabajador, miembro del comité, para urdir una trama contra él

Sede R

Imagen de la sede de R frente al Obelisco en A Coruña

De las dos querellas admitidas a trámite en los juzgados de Instrucción número dos y cinco de A Coruña contra tres exdirectivos de R, una presenta una singular diferencia en cuanto a los delitos atribuidos a quienes fueron secretario del consejo, jefe de Compras y director de Recursos Humanos de la cablera. Y es que les endosa el presunto delito de descubrimiento y relevación de secretos, además de estafa procesal, coacción y simulación de delitos. 

Este jueves están llamados a declarar en el Juzgado de Instrucción número dos de A Coruña Juan Manuel Sánchez Padrós, exsecretario de consejo y exdirector de la Asesoría Jurídica de R; Santiago Vázquez Blanco, exdirector de Recursos Humanos, y Pedro Fernández Gato, exgerente de Compras y responsable de la Mesa de Compras de R. Lo hacen en calidad de investigados a raíz de la querella presenta por Pedro Prada Fernández, en su día responsable del departamento de Operaciones y representante sindical en la compañía. Santiago Fernández-Miranda, que fuera director de Operaciones de Clientes de R, también se ha querellado contra los tres exdirectivos. 

Todos fuera de R 

Ni querellantes ni querellados forma parte actualmente de la plantilla de R. Los hechos sucedieron en 2016, meses después de la adquisición de R por parte de la vasca Euskaltel. Si embargo, la pregunta busca respuesta en el juzgado: ¿pinchó R las comunicaciones de uno de sus jefes sindicales? 

La querella mantiene que los exdirectivos, “aprovechando su propia red logística y técnica, dieron órdenes de interceptar y pinchar las telecomunicaciones del servidor e IP a nombre de la pareja de Pedro Prada, también empleada de R, ajena a este asunto, que como clienta de la compañía tenía contratados”. Lo hicieron, asegura la querella a la que ha tenido acceso Economía Digital Galicia, “con el fin de monitorizar el trabajo de nuestro representado, lo que a mayores supone un ilícito propio de relevación de secretos”. 

Un trabajador incómodo 

La razón de tal seguimiento, según explican los exdirectivos al representante sindical, mantiene la querella, “se debe a que dichos empleados estarían falsificando órdenes de trabajo de forma manual, con el fin de beneficiar de manera ilícita a empresas instaladoras subcontratadas por R, ya que esas órdenes no responderían a trabajos efectivamente realizados”. La causa emprendida por R contra los dos extrabajadores, en primer lugar, también denunciados por estafa, fue sobreseída.

Los abogados de Pedro Prada aseguran que, “como representante de los trabajadores, siempre había mantenido una postura muy crítica tanto por la concentración de proveedores como por los posibles despidos para adelgazar la plantilla. Siempre fue partidario de que, si sobraba gente, se debería empezar por reducir el equipo directivo, lo que finalmente le produjo enemistades”, sostienen en la querella.