Nuevo rescate de Navantia: el Gobierno inyecta 560 millones para mantenerla a flote
La SEPI firmó un nuevo crédito participativo para Navantia en 2024, que figura en su contabilidad como parte del patrimonio neto y evita que el astillero entre en causa de disolución, y ya son 2.000 millones de financiación pública los que tendrá que devolver
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero (i), junto al presidente de Navantia, Ricardo Domínguez, y la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda González, después de atender a los medios en su visita a Navantia. Rocío Ruz / Europa Press
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Navantia tiene ante sí un futuro luminoso si se atiende a las previsiones de gasto en defensa en toda Europa, donde el grupo público busca aliados. Pero si se mira al pasado, incluso al más reciente, persisten las zonas de sombra, sobre todo en su estructura financiera. Y es que el Gobierno ha inyectado otros 560 millones en 2024 para mantener a flote a Navantia en lo que representa un nuevo rescate, según sus propias cuentas.
La SEPI firmó un nuevo crédito participativo para Navantia en 2024, que figura en su contabilidad como parte del patrimonio neto del astillero, y ya son 2.000 millones de financiación pública los que tendrá que devolver, según la memoria de actividades de la compañía pública.
La estructura financiera
Navantia mejoró sus ingresos el año pasado, pero también sus pérdidas fueron más abultadas. Las ventas consolidadas apuntan a un incremento en un 4,5% respecto a 2023, unos 1.346 millones de euros frente a los 1.288 millones del ejercicio precedente. El resultado de explotación, en cambio, fue 68,2 millones de euros menor que 2023, y en total sus pérdidas netas fueron también más abultadas. “La principal razón”, dicen sus gestores, “se localiza en la reducción de margen del proyecto S-80, consecuencia de la revisión realizada en 2024 a la estimación de costes pendientes hasta completar programa”.
Los préstamos de la SEPI
Sobre este escenario, el grupo trata de justificar lo que viene a ser un rescate más, al que apuntan los números del balance y no la literatura de la memoria. “Con el objetivo de reforzar la capacidad financiera para afrontar los nuevos contratos destinados a la defensa nacional”, aseguran sus gestores, “así como para mantener las capacidades industriales de construcción naval definidas como estratégicas, en los últimos años el accionista único de la sociedad dominante (la SEPI) ha convertido y ha concedido préstamos a la empresa, fundamentalmente para desarrollos tecnológicos militares”, dicen. Durante el ejercicio 2024, explican, se han otorgado nuevos préstamos participativos por importe de 560 millones de euros y se han amortizado préstamos participativos por otros 344,5 millones.
Patrimonio negativo de 1.857 millones
Y ahora llega la explicación que justifica contablemente tal operación y que deja al descubierto la situación del astillero público. Porque Navantia, a 31 de diciembre de 2024, había incurrido en pérdidas de 206,6 millones de euros (137,2 millones en 2023) que hicieron disminuir el patrimonio neto hasta un importe de 1.857 millones de euros en negativo. Un año antes, en 2023, el agujero era de 1.645 millones.
No obstante, señalan en la memoria los directivos de Navantia, el patrimonio neto a efectos contables, considerando los préstamos participativos como parte del patrimonio neto, se sitúa en 213,6 millones de euros a 31 de diciembre de 2024 (201,176 millones a 31 de diciembre de 2023). Y todo ello conforme a lo dispuesto en el articulado en un decreto sobre medidas urgentes de carácter fiscal y de fomento y liberalización de la actividad económica.
Los ajustes de los créditos participativos
Navantia, se defienden sus gestores, “no se encuentra en situación patrimonial de disolución, ni en situación de reducción de capital de carácter obligatorio, en aplicación del artículo 327 de la Ley de Sociedades de Capital”. En síntesis, ese préstamo participativo de 560 millones que recibió Navantia de la SEPI el año pasado sirvió para amortizar el vencimiento pendiente de 344,5 millones y situar su patrimonio a efectos contables, que denomina “ajustado” una vez contados los créditos participativos, por encima de esos 213 millones.
El año pasado, los intereses que abonó Navantia por esas deudas han supuesto un impacto en la cuenta de resultados de 89 millones de euros. Con estas operaciones financieras, insisten en la memoria, Navantia “no se encuentra en situación patrimonial de disolución, ni en situación de reducción de capital de carácter obligatorio”. Sin ellas, pues está claro que sí.
