Un tribunal militar juzgará a Monbus por tráfico de influencias para lograr contratos con el Ejército

El Tribunal Supremo ha dejado en manos de la jurisdicción militar la investigación de una supuesta trama de sobornos, falsedad documental y amaño de contratos en la Brigada de Paracaidistas del Ejército de Tierra. Monbus, la mayor empresa gallega de transporte por carretera, es uno de los principales implicados en un caso que estalló con virulencia en 2015, con la detención y posterior puesta en libertad del dueño del grupo, Raúl López, bajo el mandato judicial de Pilar de Lara en la conocida como operación Cóndor.

Seis años después, un auto del 12 de julio del Tribunal Supremo otorga al Juzgado Togado Militar Central número 1 la competencia para juzgar el presunto tráfico de influencias para obtener contratos del Ejército en el que habrían participado militares de la Brigada Almogávares VI de Paracaidista (Bripac) y personal de la empresa de transportes. La sentencia resuelve así el conflicto de jurisdicción que había suscitado entre el tribunal militar y el Juzgado de Instrucción núm. 42 de Madrid, que había incoado las diligencias previas derivadas de las investigaciones de Pilar de Lara y que reclamaba para sí los delitos cometidos por “civiles”, es decir, los posibles casos de cohecho, tráfico de influencias y falsedad documental en los que hubieran incurrido los cargos de la empresa de transportes.

Monbus como cooperador necesario de delitos militares

El sumario de la operación Cóndor, que se desveló en 2016, implicaba incluso al director general de Monbus, Javier Cuesta, en los irregulares manejos para obtener contratos públicos en base a las investigaciones de los agentes de Vigilancia Aduanera.

La Sala especial de conflictos de jurisdicción del Supremo no entra en estos detalles, aunque sí realiza un resumen de los hechos investigados antes de entregar el caso al tribunal militar, argumentado que “las conductas investigadas en la causa lesionan esencialmente el bien jurídico de la correcta administración de los fondos públicos presupuestados para el Ministerio de Defensa, por lo que los hechos en los que presuntamente pudieron haber incurrido los civiles investigados podrían no solo ser considerados como delitos comunes en relación de conexidad medial con los delitos contra la hacienda militar cometidos por militares, sino que también podrían calificarse como conductas constitutivas de cooperación necesaria para la ejecución de aquellos delitos militares”.

La trama de falsos servicios

Según el auto al que ha tenido acceso este medio, en los años 2012, 2013 y 2014, diversos militares del Ejército de Tierra destinados en la Bripac solicitaron créditos extraordinarios para determinados servicios de transporte de tropas que resultaban innecesarios. “Por diversos responsables y empleados de empresas pertenecientes al Grupo Monbus se emitieron facturas presuntamente falsas por servicios de transporte no realizados y que, posteriormente, se prestaban en el ejercicio siguiente”.

Con los créditos extraordinarios recibidos se formalizaron una serie de contratos menores por «servicios ficticios a futuro», con el objeto de generar una «bolsa de dinero», cuyo remanente era posteriormente aplicado a pagar los servicios de transporte que se realizaban sin utilizar el procedimiento establecido.  “De los hechos investigados se deduce que por algunos de los militares implicados podrían haberse llevado a cabo actuaciones para alterar la regular adjudicación de contratos públicos de transporte en favor de la UTE Monbus- Alsa, así como que podían haberse aceptado diversos regalos, comidas y dinero de responsables de la entidad Monbus”, dice la resolución judicial.

Tráfico de influencias

En su argumentación para reclamar la competencia a la hora de juzgar el caso para la jurisdicción militar, el Juzgado Togado Militar Central número 1 resume la trama en tres puntos, que a su juicio justifican que se le atribuya la causa al tribunal militar, como así acabó siendo.

Monbus habría emitido facturas falsas “para facilitar la simulación de contratos públicos de transporte de personal en la Bricap”. Este “tráfico de influencias del personal de Monbus tuvo como finalidad la adjudicación a la UTE Monbus-Alsa del contrato de transporte de personal del Ejército de Tierra en cuyas operaciones intervinieron algunos militares procurándose intereses”, indica.

Completa su argumentación señalando que “los regalos que se entregaron por parte de Monbus a ciertos militares tuvieron como finalidad recompensar o facilitar la realización por los militares de las conductas que se les reprochan como constitutivas de delito”.