Armonización fiscal a la baja, receta para la reactivación

Debemos mirarnos en el espejo de Madrid, con el liberalismo y la baja fiscalidad como recetas para la reactivación económica tras la crisis del Covid-19

Pedro Sánchez y María Jesús Montero / EFE

Pedro Sánchez y María Jesús Montero / EFE

Acaba de hacerse público el tsunami fiscal que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende poner en marcha de aquí a 2023 con el objetivo de incrementar la recaudación y rellenar las arcas del Estado altamente menguadas por la última crisis económica, tal y como reza en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia comprometido con Bruselas hace escasas jornadas.

Bien es verdad que la realidad es demoledora. La deuda pública en España no para de crecer, superando el 117% del Producto Interior Bruto, la mayor en más de cien años; y una previsión de déficit público del 8,4% del PIB para este año.

Ante este escenario, el Ejecutivo ha decidido optar por una catarata de incrementos impositivos, justificando las medidas en base a que la presión fiscal en España es inferior a la media europea y que el FMI ha recomendado subir los tributos que gravan la riqueza. Concretamente ha priorizado la aprobación del incremento en los impuestos de Sociedades, Patrimonio y Sucesiones y Donaciones para principios de 2022, coincidiendo con un período en el que se confía que comience a remontar nuestra economía, y por lo tanto el peor momento para incrementar las cargas impositivas.

El modelo fiscal debe ser simplificado, tanto en número de tributos como en la presión sobre ciudadanos y empresas

La jugada debería ser bien diferente. Se debería apostar por una política fiscal clara, transparente y competitiva, basada en la seguridad jurídica, en la certidumbre, en la incentivación de la actividad y no en su penalización. Gravar la actividad empresarial en un momento en que ésta se ve fuertemente castigada por las consecuencias de la pandemia podría suponer un golpe nefasto para las empresas que redunde en el hundimiento de la economía.

 Para ello, el modelo fiscal debe ser simplificado, tanto en número de tributos, como en presión, tanto para ciudadanos como para empresas; y armonizado a nivel nacional y europeo para evitar pérdidas de competitividad.

Es necesario modificar e incluso eliminar del sistema tributario español algunos de los impuestos que afectan directamente a la continuidad de muchas empresas, como el Impuesto de Sucesiones y Donaciones o el que grava el Patrimonio (España es el único país de la Unión Europea que lo mantiene como tal), desincentivando, en su configuración actual, la inversión en empresas productivas y pudiendo exigir al contribuyente más de lo que el propio patrimonio es capaz de generar.

Debemos mirarnos en el espejo de Madrid, con el liberalismo y la baja fiscalidad como recetas para la reactivación económica tras la crisis del Covid-19; una de las comunidades en las que menos impuestos se pagan, con una política económica asentada sobre un marco de confianza, seguridad jurídica y eliminación de obstáculos que claramente funciona como un incentivo para personas y empresas.

El saneamiento de las finanzas públicas pasa por la mejora en la eficiencia del gasto público y por la lucha contra la economía sumergida

Nuestro modelo fiscal debe ofrecerles a las empresas la seguridad jurídica que necesitan, evitando situaciones que pongan en riesgo su viabilidad y supervivencia; y garantizándoles la estabilidad y desarrollo de planes a largo plazo, evitando su deslocalización hacia regiones o países con una fiscalidad más ventajosa, y atrayendo inversores y emprendedores que identifiquen a Galicia como un lugar en el que puedan poner en marcha sus proyectos con la mayor rapidez y con un régimen fiscal atractivo.

Por supuesto, e igualmente, debemos incentivar una fiscalidad armonizada que salvaguarde la libre competencia y la unidad de mercado y garantice una mayor competitividad de las compañías. Es indiscutible el perjuicio que las diferencias de tributación entre comunidades autónomas en España, y entre países en el marco de la UE, ocasionan a la actividad empresarial.

En definitiva, el saneamiento de las finanzas públicas pasa por la mejora en la eficiencia del gasto público y por la lucha contra la economía sumergida porque claramente, y desde el punto de vista empresarial, la subida de impuestos anunciada se traducirá en un fuerte lastre para una recuperación económica efectiva y para la creación de empleo.

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