Los instrumentos de presión ideológica penalizan a las empresas

Resulta especialmente preocupante que se proponga la entrada obligatoria de representantes de los trabajadores en los consejos de administración, con cuotas de hasta la mitad de los asientos en determinadas empresas, así como la atribución de derechos de veto y capacidad decisoria en materias estratégicas. Este planteamiento no solo desnaturaliza la función del órgano de administración, sino que introduce un riesgo evidente de bloqueo en la toma de decisiones, pérdida de agilidad y conflictos de interés que pueden comprometer la viabilidad de las empresas.

En cuanto al acceso obligatorio de los trabajadores al capital de la empresa, consideramos inaceptable que se pretenda imponer porcentajes de participación accionarial sin aportación económica alguna, sin asunción de riesgos patrimoniales y sin responsabilidades equivalentes a las del resto de socios. Reconocer a los trabajadores como inversores laborales sin inversión ni riesgo real supone una distorsión del concepto mismo de propiedad y una grave inseguridad jurídica para empresarios, inversores y emprendedores.

Desde la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) ya mostramos nuestra profunda preocupación por el contenido del informe sobre democracia en el trabajo presentado por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y por el enfoque ideológico que vuelve a impregnar las iniciativas de su departamento, una vez más alejadas de la realidad económica y empresarial de nuestro país y, en particular, del tejido productivo gallego.

En este contexto, conviene introducir un elemento clave: la confianza. Según el Edelman Trust Barometer 2024, el 62% de los ciudadanos a nivel global confía en las empresas, frente a solo un 51% que confía en los gobiernos. En España, esta brecha es aún más significativa en determinados momentos, situándose la empresa como una de las instituciones mejor valoradas en términos de eficacia y capacidad de respuesta.

Además, el mismo informe revela que los CEO son considerados más fiables que los líderes políticos, con niveles de confianza que rondan el 58%, lo que refuerza el papel de la empresa no solo como agente económico, sino también como actor social relevante.

Por su parte, distintos estudios del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) muestran que la confianza en el Gobierno y en los partidos políticos se sitúa habitualmente por debajo del 4 sobre 10, mientras que la percepción sobre las empresas y el tejido productivo, sin ser ajena a críticas, obtiene valoraciones superiores en términos de contribución al bienestar y al empleo.

Desde la CEOE se ha advertido de que la inseguridad jurídica es uno de los principales factores que lastran la inversión en España. Según sus informes económicos, más del 70% de las empresas considera que la incertidumbre regulatoria afecta negativamente a sus decisiones de inversión y crecimiento. Asimismo, subraya que España compite en un entorno global en el que la estabilidad normativa es un factor determinante para atraer capital.

Medidas como las planteadas no solo generan desconfianza, sino que trasladan un mensaje muy negativo hacia dentro y fuera de nuestras fronteras y ponen en riesgo la seguridad jurídica que necesitan las empresas para desarrollar su actividad. No es una percepción aislada: según datos empresariales, más del 60% de las pymes españolas identifica la carga regulatoria y la incertidumbre política como uno de sus principales problemas.

El informe plantea un cambio radical del modelo empresarial y de relaciones laborales bajo el pretexto del desarrollo del artículo 129.2 de la Constitución, pero lo hace, mediante propuestas que suponen una intervención directa en la propiedad privada, en la libertad de empresa y en la capacidad de gestión, pilares básicos de cualquier economía moderna y competitiva.

Asimismo, rechazamos frontalmente la utilización de la fiscalidad, la contratación pública y las cotizaciones sociales como instrumentos de presión ideológica, penalizando a las empresas que no se ajusten a un determinado modelo de democracia interna, definido unilateralmente por el Gobierno. Este enfoque introduce una discriminación inaceptable entre empresas, desincentiva la inversión y sitúa a España en clara desventaja competitiva frente a nuestro entorno europeo.

Cabe recordar que el tejido empresarial gallego está formado en más de un 95% por pymes, muchas de ellas empresas familiares, algunas con dificultades reales de relevo generacional. En España, este porcentaje alcanza cifras similares, lo que evidencia que cualquier cambio estructural impuesto sin consenso afecta de forma directa a la inmensa mayoría del tejido productivo. En lugar de facilitar su continuidad y crecimiento, este tipo de propuestas generan incertidumbre, desconfianza y un mensaje muy negativo para quienes arriesgan su patrimonio, crean empleo y sostienen la actividad económica.

Desde el punto de vista de la opinión pública, distintos barómetros reflejan una realidad compleja: si bien existe una valoración positiva del papel de las empresas como motor económico, también se observa una menor confianza en las instituciones públicas. De hecho, encuestas del CIS y estudios europeos muestran que los ciudadanos tienden a confiar menos en los gobiernos que en otros actores económicos y sociales, especialmente en contextos de polarización política o incertidumbre económica. Esta comparación resulta especialmente relevante, ya que refuerza la idea de que debilitar la empresa como institución puede tener efectos contraproducentes sobre la confianza global en el sistema.

Los datos también son elocuentes: el Eurobarómetro refleja que alrededor del 60% de los europeos considera que las empresas desempeñan un papel positivo en la sociedad, mientras que menos de la mitad expresa confianza en las instituciones políticas. Esta comparación pone de relieve un hecho fundamental: debilitar la empresa como institución puede erosionar uno de los pocos pilares que aún mantienen niveles sólidos de confianza social.

La participación de los trabajadores, el diálogo social y la mejora de las condiciones laborales son objetivos legítimos, pero deben alcanzarse mediante la negociación y el acuerdo, la negociación colectiva y el respeto al marco constitucional y europeo, no mediante imposiciones que ponen en cuestión la propiedad privada y la libertad de empresa. De hecho, en España existen más de 4.500 convenios colectivos en vigor, que afectan a millones de trabajadores y constituyen uno de los mecanismos más sólidos de participación democrática en el ámbito laboral.

Pedimos al Gobierno y, en particular, al Ministerio de Trabajo, que abandone las ocurrencias ideológicas y se centre en políticas realistas, orientadas a mejorar la productividad, reducir la carga burocrática y fiscal, y reforzar la competitividad de nuestras empresas, que son las únicas capaces de generar empleo estable y riqueza sostenible en Galicia y en el conjunto del estado. No es una cuestión menor: España mantiene un diferencial de productividad negativo respecto a la media de la UE, lo que exige reformas orientadas a la eficiencia, no a la intervención.

Tanto desde CEOE y CEPYME, como desde la CEG, consideramos que la propuesta del Ministerio de Trabajo supone un nuevo ejercicio de intervencionismo y una vulneración del derecho a la propiedad privada.

En un momento en el que el contexto internacional —con tensiones geopolíticas y riesgos de desaceleración— exige certidumbre, introducir dudas sobre el marco empresarial resulta especialmente perjudicial. Cuando el conflicto armado en Oriente Próximo amenaza con generar una nueva crisis económica mundial, es sorprendente que Trabajo vuelva a centrarse en un ataque populista y de profunda carga ideológica contra el mundo de la empresa, con posibles implicaciones negativas. Un ataque que no hace sino generar mayor desconfianza y desalentar las inversiones en nuestro país. La evidencia empírica es clara: los países con mayor seguridad jurídica y estabilidad institucional son los que concentran mayores niveles de inversión y crecimiento económico.

Por otro lado, plantear una supuesta falta de democracia en la empresa para volver a poner sobre la mesa un modelo socioeconómico propio de regímenes autoritarios del pasado supone, al mismo tiempo, un nuevo desprecio a la negociación colectiva, que precisamente es unos de los espacios más genuinamente democráticos en este momento, recogido con esta naturaleza en la Constitución española.

Asimismo, esta propuesta atenta, además, contra el artículo 38 de la Constitución, que preserva los principios de la libertad de empresa. Del mismo modo, el Estatuto de los Trabajadores también otorga a las empresas la capacidad de organización y dirección, cuestión que también se orilla de forma grave.

Lo más sorprendente es que el Ministerio de Trabajo ponga sobre la mesa esta iniciativa después de llevar años planteando reformas de espaldas al Diálogo Social que, precisamente, amenazan con erosionar en profundidad la democracia en la empresa. En todo caso, nuestro ordenamiento jurídico permite a cualquier ciudadano constituir una empresa y poner en juego sus recursos para ello.

Desde las empresas de Galicia seguiremos apostando por la negociación colectiva como espacio de entendimiento y por la defensa de los principios constitucionales.