Personalismo judicial

Sea por judicialización de la política, sea por politización de la justicia, el caso es que en los últimos años hemos asistido a un creciente protagonismo de la judicatura en el debate público

Personalismo judicial

Que, en plena pandemia, la apertura o no de la hostelería en el País Vasco quede al criterio de un magistrado (o sea, un experto en Derecho, al menos en teoría) es una de esas situaciones que nos dejan perplejos.

Sea por judicialización de la política, sea por politización de la justicia, el caso es que en los últimos años hemos asistido a un creciente protagonismo de la judicatura en el debate público. A los profesionales clásicos no les hace la más mínima gracia, pero resulta evidente la satisfacción de otros muchos por su papel relevante en cuestiones peliagudas y controvertidas, sean de matriz política, de carácter económico, de transcendencia social o de todo al mismo tiempo.

Podría parecer un ejemplo de “pluralidad jurídica”, pero al común de los mortales se nos antoja que más bien estamos ante una indeseable discrecionalidad jurídica

Hasta donde a uno se le alcanza, las duras decisiones sanitarias que se están tomando, a todos los niveles (autonómico, estatal y europeo) están basadas en los criterios y recomendaciones de científicos y expertos. El bicho es nuevo y la situación global es novedosa, pero si alguien tiene luz en la linterna son ellos y en ellos hay que confiar para salir del túnel. También puede uno aguardar la intervención sobrenatural o abonarse  a las teorías, estúpidas y asombrosamente descabelladas e ignorantes, del negacionismo en red, pero no es muy aconsejable.

No me consta que los magistrados de los tribunales autonómicos cuenten con asesoramientos especializados. Y sí nos consta a todos que, dentro de un mismo marco legal, unos toman unas decisiones y otros las contrarias. Podría parecer un ejemplo de “pluralidad jurídica”, pero al común de los mortales se nos antoja que más bien estamos ante una indeseable discrecionalidad jurídica y  ante decisiones con una muy elevada dosis de componente personal.

Y como son resoluciones que afectan muy directamente a los derechos de todos, a la economía y a miles de puestos de trabajo, no pueden quedar  al libre albedrío de nadie, por muy magistrado que sea. Si las restricciones –que, por cierto, se han adoptado en toda Europa– tienen aval científico y jurídico,  ya me dirán cómo es posible que las tumbe el criterio individual de un ponente que, como magistrado, tiene la sartén por el mango, pero no necesariamente la razón. Nadie debería poder hacer la guerra por su cuenta.

Se podría contraargumentar que para eso están las instancias judiciales superiores, para enmendar  errores de las inferiores, pero ya se sabe que los ritmos de la burocracia judicial se adaptan poco a los de la expansión de la Covid. Aunque la Administración vasca haya eludido el choque institucional, la cuestión no debería quedarse en la anécdota de los “cursillitos” de los epidemiólogos (magistrado dixit). Por calidad democrática, hay decisiones que reclaman a voces criterios colegiados (no sólo teóricos) en vez personales, porque cuando un juez mea fuera del tiesto nos salpica a todos.