Lecciones de cabildeo desde Chile

La reciente polémica en España en torno al despacho fundado por el ex ministro Cristóbal Montoro y su mediación para influir en el poder legislativo ha reavivado un debate incómodo pero necesario: ¿Quién influye realmente en las decisiones públicas? La contratación por parte de empresas reguladas del bufete vinculado al ex ministro de Hacienda -dedicado precisamente a asesorar en materia fiscal- es solo la punta del iceberg de una práctica extendida y poco transparente: el lobby informal.

En las últimas semanas, mi trabajo profesional me ha llevado a instalarme en Chile, un país que rara vez aparece en el debate europeo sobre el lobby y la transparencia. Sin embargo -y he de reconocer que para mi sorpresa- su marco legal en esta materia es digno de atención y está muy por delante del de muchos países, incluida España.

«En Chile existe una ley que regula el lobby, también conocida como gestión de intereses o public affairs. Es una de las legislaciones más claras y avanzadas de Iberoamérica en esta materia.»

Sí, en Chile existe una ley que regula el lobby, también conocida como “gestión de intereses” o public affairs. Es una de las legislaciones más claras y avanzadas de Iberoamérica en esta materia. Desde 2014, regula de forma explícita las reuniones y gestiones de influencia ante las autoridades.

Mientras en democracias maduras esta actividad se ha profesionalizado y regulado, en España seguimos sin una legislación clara que delimite qué se puede hacer, cómo y bajo qué reglas. El resultado es una zona gris donde conviven consultoras de asuntos públicos, despachos de ex ministros, grandes empresas y ex altos cargos que transitan sin cortapisas entre el poder público y el privado. Todo ello a espaldas del ciudadano y del control social.

La figura del lobbista, muchas veces demonizada, no solo no es negativa, sino que es necesaria. En una democracia sana, el diálogo entre sector público y privado es fundamental. Lo problemático es la opacidad: no saber quién se reúne con quién, para tratar qué temas, en qué condiciones y con qué resultados. En este contexto, Chile aparece como un ejemplo a considerar seriamente.

La Ley del Lobby (Ley 20.730) regula las gestiones de intereses ante autoridades y funcionarios públicos. Obliga a que todas las reuniones con fines de lobby -ya sean solicitadas por empresas, ONG, gremios o particulares– queden registradas en una plataforma digital pública. Además, impone a las autoridades la obligación de declarar sus viajes financiados por terceros, donativos y cualquier actividad susceptible de influir en su función.

¿Resultado? Aunque no ha eliminado por completo las prácticas informales, ha impulsado una cultura de transparencia y ha profesionalizado el vínculo entre empresas e instituciones públicas. Las compañías ya no pueden permitirse gestiones opacas, y la ciudadanía puede acceder fácilmente a la información sobre quién intenta influir y cómo.

En esencia, la ley busca regular la actividad del lobby y la gestión de intereses particulares con un triple objetivo: aumentar la transparencia en la relación entre autoridades públicas y entes privados; prevenir conflictos de intereses, corrupción y tráfico de influencias y garantizar el acceso público a la información sobre quién se reúne con autoridades, por qué y con qué fines.

La norma alcanza a presidentes de la República; ministros, subsecretarios y seremis (equivalentes a presidentes autonómicos); parlamentarios; alcaldes y concejales; jueces, fiscales y contralores; directores de servicios públicos; y altos cargos de empresas del Estado. Todos ellos deben registrar audiencias, viajes y donativos.

«El registro público de audiencias detalla quién solicitó la reunión, con qué fin, quién asistió y qué se discutió»

El registro público de audiencias detalla quién solicitó la reunión, con qué fin, quién asistió y qué se discutió. En cuanto a viajes y donativos, las autoridades deben informar de cualquier financiación de terceros que pueda influir en su gestión. Además, están obligadas a mantener una agenda accesible al público.

El caso Montoro demuestra que, sin reglas claras, el lobby en España seguirá moviéndose en la sombra. Chile ha optado hace ya muchos años por una vía distinta: registros públicos, obligaciones para las autoridades y acceso ciudadano a la información. Los propios chilenos reconocen que no es un sistema perfecto, pero ha cambiado la forma en que el poder y los intereses privados se relacionan en este país. Si ya sabemos que la transparencia es posible, ¿por qué seguimos en España eligiendo la opacidad?