Pulseras telemáticas: cuando el Estado falla y este Gobierno no sabe conjugar el verbo dimitir

¡Ey Tecnófilos! ¿Qué está pasando por ahí? Hay decisiones políticas que no admiten debate ideológico, ni trincheras partidistas, ni excusas técnicas. Cuando hablamos de protección de mujeres amenazadas, el margen de error no es pequeño: es cero.

Y sin embargo, el sistema de pulseras telemáticas implantado por el Estado falló. Falló la tecnología. Falló la supervisión. Falló la respuesta ante incidencias. Y lo más grave: falló el Gobierno, que hoy pretende pasar página sin asumir absolutamente nada.

Durante años se aseguró que el sistema funcionaba. Se repitió hasta la saciedad que era fiable, moderno y seguro. Se invirtieron decenas de millones de euros públicos. Se trasladó tranquilidad a jueces, policías y víctimas. Pero la realidad fue otra. Hubo fallos de localización, retrasos de horas en la transmisión de datos, alertas que no saltaron cuando debían, dispositivos manipulados sin detección inmediata.

Todo ello en un sistema cuya única función era evitar que un agresor se acercara a su víctima. No estamos hablando de una app que se cuelga ni de una plataforma administrativa lenta. Estamos hablando de seguridad vital, de sistemas críticos donde el error no genera molestias, genera peligro.

Y aun así, nadie dio explicaciones claras. No hubo una comparecencia contundente, no hubo un reconocimiento explícito del fallo, hubo una auditoría pública accesible, no hubo responsables políticos asumiendo errores. Solo lenguaje burocrático, eufemismos, frases vacías.

Ahora se anuncia el cambio de las pulseras telemáticas por nuevos dispositivos “más seguros”, “más fiables” y “menos manipulables”.

La pregunta es inevitable: si el sistema anterior funcionaba, ¿por qué se sustituye? Y si no funcionaba, ¿por qué nadie responde? Porque aquí está el verdadero problema: este Gobierno no sabe conjugar el verbo dimitir.

No lo conjuga en pasado, no lo conjuga en presente y, por supuesto, tampoco en futuro. En cualquier país serio, cuando un sistema de protección falla, se activa una secuencia clara:

1. Reconocimiento del error.
2. Explicación pública detallada.
3. Identificación de responsabilidades.
4. Dimisiones si procede.
5. Corrección técnica con transparencia.

Aquí se ha hecho justo lo contrario. Se cambia el dispositivo sin admitir el fallo, se amplía el contrato sin explicar el error, se gasta más dinero sin depurar responsabilidades. Como si cambiar el aparato borrara lo ocurrido. Pero no lo borra.

Porque las mujeres que confiaron en una protección inexistente siguen ahí. Porque los profesionales que actuaron creyendo en un sistema fiable siguen ahí. Y porque los fallos no reconocidos son fallos condenados a repetirse.

El problema nunca fue solo tecnológico. La tecnología puede fallar. Siempre.

El verdadero escándalo es la gestión política del error. Un Gobierno que no reconoce sus fallos no aprende, un Gobierno que no depura responsabilidades se vuelve peligroso, y un Gobierno que no sabe conjugar el verbo dimitir acaba normalizando la negligencia.

Aquí no ha dimitido nadie, ni por los fallos, ni por incidencias, ni por el riesgo generado. Nadie. Y eso lanza un mensaje devastador: cuando el sistema falla, no pasa nada, cuando la protección no protege, no hay consecuencias, cuando hay vidas en juego, basta con cambiar el dispositivo y seguir.

Las mujeres no necesitan propaganda institucional, ni titulares optimistas, ni discursos autocomplacientes. Necesitan sistemas que funcionen, transparencia y gobernantes que asuman responsabilidades cuando se equivocan.

Porque sin verdad, sin autocrítica y sin dimisiones, la tecnología es sólo una coartada. Y la seguridad, una ilusión peligrosa.

¡Se me tecnologizan!