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El sector inmobiliario respalda la Ley de Suelo de Ayuso: «Facilitará la generación de terrenos»
Promotores, consultores y expertos coinciden en que la futura norma agilizará licencias, desbloqueará proyectos y permitirá dar respuesta al déficit de vivienda
Montaje realizado por Economía Digital.
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El sector inmobiliario madrileño ha recibido con entusiasmo el anteproyecto de la nueva Ley de Suelo y Ordenación del Territorio impulsada por Isabel Díaz Ayuso. Promotores, consultores y expertos coinciden en que la reforma supondrá un punto de inflexión: «facilitará la generación de suelo y dará más certidumbre al urbanismo«, destacan, al tiempo que celebran la reducción de trámites y la flexibilización de usos que recoge el texto.
Para el ladrillo, se trata de una actualización largamente esperada que puede desbloquear proyectos, impulsar la actividad económica y contribuir a paliar el déficit de vivienda en la Comunidad de Madrid.
La propuesta legislativa llega tras más de dos décadas sin una revisión integral de la normativa urbanística madrileña. Actualmente, aprobar un plan general puede demorarse entre ocho y doce años, mientras que una modificación puntual requiere entre cuatro y seis.
El Ejecutivo regional quiere recortar drásticamente esos plazos, simplificar las categorías de suelo y reforzar la autonomía de los ayuntamientos, sin renunciar a la planificación, pero dotándola de mayor flexibilidad y capacidad de adaptación a la realidad social y económica.
Desde la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima), la nueva norma se percibe como una oportunidad histórica para dar salida a proyectos paralizados y aumentar la oferta residencial.
«El texto facilitará la creación de nuevos proyectos urbanos, la agilización de licencias y la flexibilización de usos», señalan, convencidos de que estas medidas serán clave para dinamizar el sector y favorecer el crecimiento económico.
La patronal recalca, además, que el déficit de suelo finalista es uno de los principales obstáculos para atender la demanda de vivienda en la región. «Estamos ante un conjunto de medidas muy importantes para facilitar la generación de suelo, que es el verdadero problema de la vivienda en Madrid», remarcan.
Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios, recuerda que en los últimos dos años y medio la Comunidad de Madrid «ya había aprobado numerosa normativa en materia de urbanismo, suelo y ordenación del territorio», como las leyes ómnibus, la ley de cambios de uso o la creación de los Planes Estratégicos Territoriales y Municipales.
A su juicio, «no se puede decir que la Ley del Suelo se hubiera quedado antigua», pero sí era necesario «un nuevo texto legal que integrara todas esas reformas y diera un paso más hacia un urbanismo moderno, sencillo y flexible».
El economista subraya que el anteproyecto presentado en tiempo récord «consolida la colaboración público-privada, refuerza la seguridad jurídica y permitirá poner más suelo en el mercado en el menor plazo posible».Para Salcedo, se trata de un texto que recoge buena parte de las demandas históricas del sector y que «puede convertirse en un motor de actividad económica, empleo y generación de vivienda si se aprueba con rapidez».
La Asociación de Consultores Inmobiliarios (ACI) también muestra su respaldo a la iniciativa. «Es una actualización necesaria, dado que la normativa actual llevaba más de veinte años sin una revisión integral, en un contexto en el que la realidad demográfica, económica y social ha cambiado de forma significativa«, apunta su presidente, Ricardo Martí-Fluxá.
Entre los elementos más valorados por los consultores se encuentran la simplificación de trámites y la reducción de plazos, factores que, a su juicio, «generarán mayor certidumbre y eficiencia en el desarrollo de nuevos proyectos, tanto residenciales como de infraestructuras y equipamientos públicos».
ACI destaca igualmente la flexibilización de los usos del suelo, que permitirá una mejor adaptación a las necesidades específicas de cada municipio, así como el refuerzo de la participación ciudadana, que «añade legitimidad y sostenibilidad a los proyectos«.
La visión académica también coincide con este diagnóstico. Fernando Pinto Hernández, profesor de Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos, subraya para este medio que la reforma es «un paso imprescindible para adaptar el urbanismo a las necesidades reales de la región».
A su juicio, la simplificación de categorías de suelo y la reducción de trámites «acercan el urbanismo madrileño a estándares europeos de agilidad y seguridad jurídica», al tiempo que la flexibilización de usos y la mayor colaboración público-privada «permiten dinamizar la actividad económica y dar respuesta más rápida a necesidades sociales emergentes, desde nuevas dotaciones sanitarias hasta vivienda protegida».
La norma también refuerza la colaboración entre administraciones y con el sector privado, al que el Gobierno regional considera un socio clave para responder al fuerte crecimiento poblacional de Madrid, que incorpora más de 100.000 habitantes al año.
Para la ACI, esta visión compartida es esencial: «La apuesta por una colaboración público‐privada más ágil y por la coordinación entre administraciones abre la puerta a un urbanismo más moderno, eficiente y alineado con las necesidades actuales y futuras de la sociedad«.
Además, Pinto destaca el impacto económico de la nueva normativa: «La creación de una ‘aceleradora urbanística’ y la unificación de criterios aportan previsibilidad y reducen riesgos para promotores y ayuntamientos«.
En su opinión, Madrid «no puede permitirse seguir con un urbanismo del siglo XX», y esta ley, si se aplica con rigor, «puede convertirse en la palanca para un modelo más ágil, flexible y orientado al ciudadano, donde la vivienda y las infraestructuras pasen de ser un problema a convertirse en motor de desarrollo».
La futura Ley de Suelo contempla también un régimen sancionador renovado, que priorizará la restauración de la legalidad urbanística frente a las sanciones económicas, y mecanismos de apoyo a los municipios con menos recursos para no dejarlos atrás en la modernización de sus modelos de ciudad.
La nueva Ley de Suelo quiere estar a la altura de los desafios
Con esta reforma, el Ejecutivo de Ayuso busca dar un giro al urbanismo madrileño, situándolo a la altura de los desafíos actuales en materia de vivienda, infraestructuras y servicios.
La consulta pública, abierta ahora a ciudadanos, ayuntamientos y agentes del sector, marcará el debate en los próximos meses antes de que el texto llegue a la Asamblea de Madrid.
De momento, el respaldo del sector inmobiliario es rotundo: la nueva Ley del Suelo «facilitará la generación de suelo y dará más certidumbre al urbanismo», un mensaje que refleja la esperanza de que Madrid deje atrás la rigidez de su marco actual y acelere su capacidad de crecimiento.
