Sepes gestionará 17.000 viviendas los próximos dos años, lejos de las 40.000 prometidas
Sepes externaliza por 67 millones la gestión de un parque de 17.000 viviendas procedentes en gran parte de la Sareb
La nueva empresa pública de vivienda tiene su origen en el Sepes.
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Sepes, la entidad estatal de suelo, gestionará en los próximos dos años apenas 17.324 viviendas, muy lejos de las 40.000 unidades prometidas por el Gobierno como parte de su gran plan para ampliar el parque público de alquiler.
La cifra aparece detallada en el contrato que la propia entidad acaba de licitar: un megacontrato de 67 millones de euros destinado a externalizar toda la gestión del nuevo parque de alquiler asequible, formado en gran parte por activos transferidos desde la Sareb este último trimestre del año.
El núcleo del acuerdo es la gestión de esas 17.324 viviendas, que se irán incorporando de forma progresiva. El reparto de los inmuebles se ha dividido en cuatro lotes geográficos que abarcan todo el país.
El Lote 1, que engloba Asturias y Galicia, comunidades que han echado mano de la Ley de Vivienda para «rebajar la tensión de los mercados», incluye 1.661 viviendas y un presupuesto de 6,5 millones de euros.
El Lote 2, el más voluminoso junto al tercero, cubre la Comunidad Valenciana y Murcia, con 5.173 viviendas y un importe de 17,3 millones.
El Lote 3, que suma territorios tan diversos como Andalucía, Baleares, Canarias, Castilla–La Mancha y Madrid, gestionará 5.710 viviendas con un presupuesto que supera los 23 millones.
Por último, el Lote 4, correspondiente a Cataluña, Navarra y País Vasco, las otras tres comunidades que han implementado la Ley de Vivienda, integrará 4.780 viviendas y un presupuesto de 8,5 millones.
En total, los cuatro lotes suman las citadas 17.324 unidades, muy lejos de la meta política de las 40.000. Y aunque Sepes insiste en que estas son solo las primeras que se incorporarán al sistema, la letra del contrato apunta a un horizonte más modesto, al menos en el corto plazo.
El documento licitado por Sepes describe con detalle el reto que afronta la entidad: crear, prácticamente desde cero, un operador público de vivienda en alquiler que gestione miles de inmuebles repartidos por toda España, con objetivos no solo administrativos, sino también sociales.
Pero al mismo tiempo reconoce sus límites: falta de personal técnico especializado, ausencia de equipamiento tecnológico adecuado y necesidad de presencia territorial estable. De ahí la decisión de externalizar la gestión completa.
El contrato tendrá una duración inicial de dos años, prorrogable por tres meses más. Su presupuesto asciende a 62 millones de euros sin IVA, que se convierten en 67 millones una vez aplicado el impuesto.
El operador que gane la licitación deberá encargarse de un servicio integral que abarca todo el ciclo de vida de cada vivienda.
Desde el onboarding, que incluye la recepción del inmueble, su revisión jurídica y técnica, y la recopilación de documentación pendiente; hasta la adecuación física de los pisos, mediante obras de actualización o reparación que garanticen condiciones dignas de habitabilidad.
También deberá asumir la gestión del alquiler: atención a solicitantes, formalización de contratos, seguimiento de pagos, mantenimiento preventivo y correctivo, e incluso la relación con comunidades de propietarios.
Una parte esencial del contrato tiene un marcado carácter social. Sepes exige que la empresa adjudicataria cuente con personal especializado en acompañamiento social, con una ratio mínima de una persona por cada 1.500 alquileres.
Estos profesionales serán los encargados de detectar situaciones de vulnerabilidad, coordinarse con los servicios sociales municipales y mediar en posibles conflictos de convivencia o riesgo de pérdida de vivienda.
Además, el pliego introduce cláusulas específicas para evitar la entrada de grandes fondos de inversión. Los licitadores deberán demostrar experiencia previa en vivienda asequible o social, una forma de blindar el objetivo público del programa y garantizar que la gestión no quede en manos de actores puramente financieros.
Sepes, una plantilla sin capacidad para gestionar
La externalización se justifica, según la propia Sepes, por la sobrecarga de trabajo, la falta de personal especializado y la necesidad de desplegar equipos sobre el terreno en múltiples comunidades autónomas.
Un reconocimiento tácito de que, para alcanzar los objetivos del Gobierno, la administración necesita apoyarse en operadores privados con capacidad logística y experiencia en gestión masiva de vivienda.
La licitación detalla lo que se podrá gestionar entre 2025 y 2027: 17.324 viviendas. Para llegar a las 40.000 prometidas, el Estado necesitaría casi duplicar esa cifra en un plazo que, por ahora, no tiene encaje contractual ni presupuestario.
