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Alarma en este hospital: sindicatos piden al Consejo de Seguridad Nuclear una evaluación sobre posibles riesgos radiológicos
El sindicato reclama al Consejo de Seguridad Nuclear una evaluación completa del edificio tras más de un año de síntomas entre los trabajadores de los laboratorios. La organización ya había alertado en el País Vasco sobre la exposición al gas radón en centros públicos.
CSIF vuelve a la carga tras evaluar la posible exposición radiológica o electromagnética en laboratorios del HUT
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El Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha vuelto a poner el foco en la salud laboral dentro del sector público al denunciar posibles riesgos radiológicos y electromagnéticos en el Hospital Universitario de Toledo (HUT). La organización sindical ha solicitado formalmente al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que realice una evaluación exhaustiva del edificio, después de que numerosos trabajadores hayan sufrido durante meses síntomas compatibles con exposición a sustancias o radiaciones nocivas.
Según ha informado CSIF Castilla-La Mancha, los empleados de los servicios de Anatomía Patológica, Microbiología, Bioquímica y Hematología vienen padeciendo desde hace más de un año mareos, cefaleas intensas, vómitos, irritaciones respiratorias, sangrados nasales, ferropenia y alteraciones tiroideas, entre otros problemas de salud. La situación, aseguran, se ha prolongado a pesar de las medidas correctoras adoptadas por el hospital.
Un año de síntomas sin una causa clara
En una de las primeras inspecciones realizadas, se detectaron altos valores de formaldehído en determinadas zonas del laboratorio, lo que llevó al cierre temporal de una de las salas y a la instalación de sistemas de ventilación y equipos de protección. Sin embargo, los síntomas persistieron incluso después de aplicar esas medidas, lo que ha llevado al sindicato a reclamar una investigación más amplia que contemple otros posibles factores de riesgo.
Desde CSIF Sanidad apuntan que, además de los contaminantes químicos, podrían existir fuentes de exposición electromagnética o radiológica relacionadas con la proximidad de los servicios de radio diagnóstico, hemodinámica, radiología intervencionista y diagnóstico por imagen, todos ubicados en la planta 0 del bloque E del hospital. “No se trata de generar alarma, sino de garantizar que se cumplan todos los protocolos de seguridad y que los trabajadores puedan desempeñar su labor en un entorno saludable”, subrayan desde el sindicato.
CSIF pide la intervención del Consejo de Seguridad Nuclear
Ante la falta de respuestas concluyentes por parte de la administración sanitaria, CSIF ha decidido solicitar la intervención del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para que evalúe la posible presencia de radiaciones ionizantes o campos electromagnéticos en el centro hospitalario. El sindicato recuerda que el CSN es el organismo competente en materia de control y supervisión de riesgos radiológicos en España, y que su intervención es necesaria para descartar cualquier exposición que pueda afectar a la salud del personal.
El sindicato también ha pedido que se realicen mediciones ambientales integrales, que incluyan análisis del aire, niveles de radiación y posibles fugas de sustancias químicas. Además, exige que se informe con transparencia a los trabajadores afectados y que se les ofrezca un seguimiento médico específico.
Precedente en el País Vasco: la medición del gas radón
Esta actuación no es un caso aislado. Hace unos meses, CSIF Euskadi ya había advertido sobre la obligación de medir el gas radón en los centros de trabajo situados en municipios considerados de riesgo por el CSN. La organización sindical recordó entonces que el radón —un gas radiactivo de origen natural que puede acumularse en espacios cerrados— representa un riesgo demostrado para la salud, especialmente en lo que respecta al desarrollo de cáncer de pulmón.
El sindicato reclamó al Gobierno Vasco y a las administraciones locales que cumplieran con la normativa y garantizaran la protección de los trabajadores en hospitales, centros educativos, oficinas públicas y edificios penitenciarios incluidos en la lista de municipios con niveles elevados de radón. CSIF destacó que la prevención de riesgos laborales debe extenderse a todos los factores ambientales, y no limitarse a los contaminantes químicos o biológicos más comunes.
Los sindicatos, en primera línea de la salud laboral
Con ambos casos —Toledo y País Vasco—, el CSIF consolida su posición como uno de los sindicatos más activos en materia de prevención de riesgos laborales dentro del ámbito público. Su labor no solo se centra en reivindicaciones salariales o de plantilla, sino también en la protección integral de la salud de los trabajadores frente a riesgos emergentes como las radiaciones, los campos electromagnéticos o los gases radiactivos.
El sindicato recuerda que la legislación española obliga a las administraciones y empresas a realizar evaluaciones de riesgo periódicas, informar a los trabajadores y adoptar medidas correctoras siempre que se detecten valores superiores a los permitidos por la normativa. “No podemos permitir que quienes trabajan en entornos sanitarios o públicos estén expuestos a riesgos invisibles sin una respuesta adecuada”, denuncian desde la organización.
Una llamada a la transparencia y la prevención
Para CSIF, lo ocurrido en el Hospital Universitario de Toledo y en los centros del País Vasco debe servir como toque de atención a todas las administraciones públicas. El sindicato exige mayor transparencia, comunicación efectiva con los empleados y controles técnicos independientes para garantizar la seguridad en el trabajo. Además, pide que se refuercen los servicios de prevención de riesgos laborales y se destinen recursos suficientes para la detección temprana de cualquier amenaza para la salud de los trabajadores.
La denuncia de CSIF en Castilla-La Mancha y las advertencias previas en el País Vasco evidencian la creciente preocupación de los sindicatos por los riesgos radiológicos y ambientales en los centros de trabajo públicos. Insisten en que la salud laboral debe ser una prioridad en todos los sectores, y que la actuación rápida y coordinada entre las administraciones y los organismos competentes es esencial para garantizar la seguridad de los trabajadores y preservar la confianza en el sistema público.
