Bruselas embarga más de 1.000 millones de fondos europeos a España por el diésel y la temporalidad de los funcionarios

La Comisión Europea ha recortado en más de 1.000 millones de euros los fondos europeos a España como parte del quinto desembolso del programa Next Generation EU debido a que consideran que no se ha cumplido con la reforma para abordar la temporalidad del sector público, en tanto que no existen compensaciones suficientes para aquellos trabajadores públicos que han permanecido demasiado tiempo con contratos temporales con la Administración, y tampoco la reforma fiscal.

De acuerdo con el documento con la evaluación de la Comisión, el Ejecutivo comunitario ha decidido retener más de 626 millones de euros que se pagaron como parte del primer desembolso de este ‘maná’ europeo porque consideran que el hito asociado, el 144, «se ha revertido y ya no puede ser considerado como completado satisfactoriamente».

Este hito está vinculado con una reforma de la Administración para reducir la temporalidad en el empleo público. Sin embargo, la Comisión considera que «no hay medidas efectivas en vigor que penalicen los abusos» en cuanto a la situación de los interinos en la Administración, una exigencia vinculada a esta reforma.

«Además, se hace notar que la ausencia de medidas efectivas que penalicen los abusos va en contra del objetivo de la reforma», dice la documentación oficial de la Comisión, que detalla que debería «ser articulada en múltiples líneas de acción para atajar las debilidades en las políticas de empleo de las administraciones».

Según detalla el Ejecutivo comunitario, en la documentación para solicitar el primer pago de los fondos europeos el Gobierno incluyó el Real Decreto-Ley 14/2021, de 6 de julio de 2021, de medidas urgentes para reducir la temporalidad en el empleo público. Ahí, el Ejecutivo explicó que la norma incluía las medidas punitivas «efectivas, proporcionadas y disuasivas».

En este paquete de medidas se incluían las multas a las administraciones, que deberían compensar con 20 días por año trabajado, hasta un total de 12 mensualidades, «para aquellos empleados en la Administración pública cuya relación de tiempo determinado ha sido extendida contraviniendo los periodos de retención máximos» fijados en la ley.

Sin embargo, dos sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (de 22 de febrero de 2024 y de 13 de junio del mismo año» consideraron insuficientes estas indemnizaciones tasadas, ya que no la consideraban suficiente para evitar estas contrataciones irregulares.

«En base a la información provista, la Comisión concluye que España ha fallado en adoptar medidas rápidas de nueva legislación con medidas efectivas para penalizar el uso abusivo de los contratos de duración determinada en el sector público, en línea con la interpretación dada por el Tribunal de Justicia», dice el documento.

El Ejecutivo, a través de un comunicado, ha asegurado que «está trabajando» en la adaptación de este hito tras la sentencia. Fuentes del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, competente en la materia, han detallado que tratarán de incluirse estas medidas que reclama la Comisión a través de enmiendas al proyecto de ley orgánica de reforma de las carreras judicial y fiscal (en tramitación urgente en el Congreso) y a través de la Ley de Función Pública de la Administración del Estado (se prevé constituir la ponencia en septiembre).

El Gobierno solicitó a finales del año pasado el quinto desembolso de las transferencias de los fondos europeos, así como los dos primeros tramos correspondientes a la parte de préstamos del programa Next Generation EU. En total, más de 20.000 millones de euros.

Entre las medidas incluidas para poder obtener el beneplácito de la Comisión Europea se encontraba la reforma fiscal que el Gobierno salvó por los pelos a finales de 2024, pero sin un elemento fundamental para Bruselas: la equiparación de la fiscalidad del diésel y la gasolina, un elemento que estaba incluido en el paquete tributario pero que no salió adelante por el rechazo de Podemos.

El Ministerio de Hacienda confiaba en sacar adelante la eliminación de esta bonificación fiscal, pero no ha podido ser posible por el rechazo de los morados a corregir su posición.

Además de la reforma fiscal, ha quedado pendiente de validación un hito relativo a la digitalización de las entidades regionales y locales. «El grueso del hito está cumplido, si bien la Comisión ha pedido más tiempo para seguir trabajando en el análisis de parte de las evidencias presentadas, a fin de poder evaluar su cumplimiento completo», apuntan desde la Vicepresidencia primera, el competente en fondos europeos.