CCOO, CSIF y UGT se reúnen con Función Pública por la próxima subida salarial hasta 2028

El Ministerio de Función Pública retoma este miércoles, a las 18:00 horas, las negociaciones con los sindicatos CCOO, UGT y CSIF para intentar cerrar el futuro marco retributivo del conjunto del personal al servicio de las administraciones. La reunión llega después de un lunes maratoniano que terminó sin acuerdo, pese a más de cinco horas de conversación, y en el que el Gobierno puso sobre la mesa una subida acumulada del 11% entre 2025 y 2028. Un incremento relevante, pero que no ha logrado el respaldo unánime de las organizaciones sindicales.

La única organización que ha dado su apoyo formal a la propuesta gubernamental ha sido UGT, que considera el aumento del 11% un paso positivo respecto a la oferta inicial del Ejecutivo. Sin embargo, CCOO y CSIF mantienen serias objeciones, especialmente sobre cómo se distribuye el incremento entre los distintos ejercicios.

Según fuentes sindicales, el Ministerio plantea un 4% de subida tanto en 2025 como en 2026, una cifra que CCOO califica de “claramente insuficiente”, especialmente en un contexto de presión inflacionaria persistente y pérdida de poder adquisitivo acumulado durante más de una década. Para el sindicato, estos dos primeros años son clave, ya que las revisiones salariales deben responder al esfuerzo actual de los empleados públicos y no concentrarse en incrementos más modestos al inicio del acuerdo.

CSIF se muestra crítico: “Si se mantiene el 4% para 2025 y 2026, volveremos a las calles”

El malestar en CSIF, la organización mayoritaria en el ámbito de la Administración General del Estado, es evidente. El sindicato sostiene que los primeros años del pacto deben contener las subidas más fuertes ante la posibilidad de que haya un cambio de gobierno antes de 2028, lo que podría comprometer la ejecución completa del acuerdo plurianual.

Desde la organización recuerdan que vienen reclamando desde hace meses una recuperación real del poder adquisitivo perdido, que calculan que supera el 20% si se tiene en cuenta la evolución del IPC desde 2010. Por ello, consideran que la propuesta actual es “insuficiente y mejorable”, aunque se han comprometido a trasladar los términos del preacuerdo a sus órganos internos antes de tomar una posición definitiva.

La propuesta actual del Gobierno supone una subida fija del 11% para todo el periodo 2025–2028. Función Pública recalca que, a diferencia del acuerdo previo —el vigente entre 2022 y 2024, que incluía componentes variables ligados al PIB y la inflación—, esta vez no habrá elementos condicionados, por lo que los empleados públicos tendrían garantizado el incremento completo.

En la práctica, esto supone que el incremento real, una vez aplicado el deslizamiento de las tablas salariales, podría llegar hasta el 11,45%, una cifra algo superior a la inicial que manejaba el Ministerio. La oferta supera además el marco del pacto anterior, que permitió subir los sueldos en torno a un 10% y supuso un coste aproximado de 13.000 millones de euros para las arcas públicas.

El Gobierno acelera: un Real Decreto-ley para que la subida de 2025 llegue en diciembre

En paralelo a la negociación del acuerdo global, Función Pública se ha comprometido a aprobar este mismo mes un Real Decreto-ley que permita abonar en diciembre el 2,5% correspondiente al ejercicio 2025, con efectos retroactivos desde el 1 de enero.

Este movimiento busca, según fuentes ministeriales, dar una señal clara de compromiso y garantizar que la subida se materialice sin depender de los plazos parlamentarios. Para los sindicatos, sin embargo, este adelanto no compensa las dudas sobre la suficiencia de los incrementos planteados para los años siguientes.

En el fondo de la discusión no solo está el porcentaje concreto de la subida, sino el deterioro acumulado en las condiciones laborales y salariales de los funcionarios durante más de una década. Los sindicatos recuerdan que los recortes aplicados tras la crisis de 2008, las congelaciones salariales prolongadas y los ocho años de incrementos por debajo del IPC han generado un déficit de poder adquisitivo muy relevante.

Además, tanto CCOO como UGT y CSIF insisten en que la negociación salarial debe acompañarse de una reforma integral del empleo público, que incluya medidas para reducir la temporalidad, agilizar la movilidad entre administraciones y modernizar los sistemas de carrera profesional.

La reunión de este miércoles, clave para evitar un conflicto laboral a gran escala

Con las posiciones todavía alejadas, la cita de esta tarde será determinante para comprobar si existe margen para un acuerdo o si, por el contrario, el proceso se encamina hacia un escenario de movilizaciones y posibles protestas en las próximas semanas.

Los sindicatos advierten de que el colectivo de empleados públicos está cansado y tensionado, tras años de sobrecarga asistencial en servicios esenciales y con plantillas envejecidas. Por ello, reclaman que el acuerdo sea “ambicioso, justo y estable”, capaz de mejorar tanto las condiciones económicas como la capacidad de prestación de servicios públicos de calidad.

La subida salarial hasta 2028 no es solo un debate retributivo: está en juego el modelo de función pública que España quiere para los próximos años. Con más de tres millones de trabajadores afectados directa o indirectamente, el acuerdo tendrá un impacto decisivo en sectores clave como la educación, la sanidad, la seguridad, la administración tributaria o los servicios sociales.