El Gobierno acelera los planes anti-Puigdemont

El Ejecutivo de Mariano Rajoy advierte de que se movilizará contra el referéndum, pero ofrece diálogo si Puigdemont está dispuesto a ello

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El Gobierno afronta con firmeza el órdago que le plantea el ejecutivo catalán que preside Carles Puigdemont. Rechaza por completo que le pueda ocurrir lo mismo que con el 9N, en 2014, y acelera los planes para abortar el referéndum que tampoco está dispuesto a arrinconar el propio Puigdemont.

Ha comenzado la cuenta atrás para un choque institucional, sin que el Gobierno catalán, por ahora, se haya dado por aludido.

El ejecutivo de Mariano Rajoy tomó este viernes dos decisiones. Una, a través del consejo de ministros, con el anuncio de que llevará los presupuestos de la Generalitat al Tribunal Constitucional, por haber incluido una partida económica para celebrar el referéndum. Esa inclusión fue fruto del acuerdo entre Junts pel Sí y la CUP, y se votó a favor –disposición adicional 31– a pesar de la lectura de los letrados del Parlament, en la que adviertieron de que era inconstitucional.

Lo que hará el Gobierno es pedir al Consejo de Estado un dictament sobre los prespuestos, en el momento en el que éstos se publiquen el BOE. Es el paso necesario para impugnarlos ante el Constitucional, lo que supondría la suspensión temporal de esas partidas económicas. El problema es que Junts pel Sí votó esa enmienda con la CUP y otra con Catalunya Sí que es pot, que se podría interpretar como contradictoria con la primera. Según el portavoz del Gobierno, Iñigo Méndez de Vigo, se trata de una “situación singular”, porque con Catalunya Sí que es pot se acordó celebrar el referéndum siempre que fuera pactado.

El hecho es que Junts pel Sí asumió la posición de rebelión, y la CUP se enorgulleció de ello.

El Gobierno de Puigdemont está dispuesto a aguantar el choque institucional, por ahora

La otra decisión del Gobierno vino a través de la Fiscalía Superior de Cataluña, que abrió diligencias de investigación por desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos por los preparativos para la organización del referéndum. Así lo entendió tras conocer informaciones en las que se anuncia un “registro de catalanes y catalanas residentes en el exterior”. Para algunas fuerzas políticas, como el PSC, eso implicaba la participación en el referéndum.

Las dos acciones del Gobierno del PP llegan después de otras dos decisiones del parlamento catalán. La primera, la aprobación de los presupuestos, con la inclusión de esa partida; y la segunda este mismo viernes, con la aprobación, prácticamente automática, de la reforma del reglamento de la cámara parlamentaria para poder aprobar en lectura única, y sin las enmiendas de la oposición, de la ley de transitoriedad nacional, que debe cobijar el referéndum y la “desconexión” con España.

Esa reforma se ha acordado en una ponencia conjunta, pero sólo con tres diputados, correspondientes a Junts pel Sí y a la CUP, sin el concurso –voluntario al considerarlo un atropello– de las fuerzas de la oposición.

Rajoy ofrece infraestructuras, y Puigdemont reclama asegurar el futuro de Cataluña

La situación se complica. El portavoz del Gobierno insistió en que el soberanismo no puede saltarse la ley. “Nadie puede estar por encima de la ley, y las sentencias obligan a todos. Cuando se incumple la ley, al final, se puede llegar a cualquier lugar”, advirtió Méndez de Vigo.

La paradoja es que el Ejecutivo de Mariano Rajoy propone, al mismo tiempo, una aproximación. El propio Rajoy estará la próxima semana en Barcelona, el martes, para anunciar un paquete de inversiones, mientras Carles Puigdemont estará en Estados Unidos, donde participará en un seminario político en Harvard.

El mensaje del Gobierno del PP es que se puede dialogar, y buscar acuerdos en diferentes materias, mientras que el Ejecutivo de Puigdemont, y del vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, inciden en el referéndum y en un acuerdo político de largo alcance, más allás de las partidas económicas que pueda suponer ahora una apuesta clara por el corredor mediterráneo o por las Cercanías de Renfe. Por ahora no hay aproximación posible. Se acerca el choque institucional.

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