Una imagen del Tribunal Supremo, cuyo presidente nombra el Consejo General del Poder Judicial

Los jueces se unen para que Pedro Sánchez e Iglesias no se apropien del Poder Judicial

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Consenso en tres de las asociaciones de jueces para parar los pies a PSOE y a Podemos. "Nos llevan al totalitarismo", dice la portavoz de la APM

Barcelona, 15 de octubre de 2020 (06:55 CET)

Las asociaciones de jueces no salen de su asombro viendo que PSOE y Podemos se preparan para llevar a cabo una inédita reforma del Poder Judicial que, de salir adelante, pondrá bajo mínimos la independencia judicial. Tres de estas asociaciones (Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente), sin embargo, no piensan quedarse de brazos cruzados, sino que piensan unir sus fuerzas para revertir la situación.

PSOE y Podemos argumentan que el PP "ha bloqueado" la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) —el órgano de gobierno de la judicatura— y que no hay más remedio que introducir una reforma legal que permita la reposición de los vocales cuyo mandato ha caducado. Con esta reforma desaparecería la actual mayoría de tres quintos de las Cortes, obligatoria para designar a 12 de los 20 miembros del CGPJ, y bastaría con mayoría absoluta. Expresado de otra forma, el principal partido de la oposición —el que sea— ya no sería necesario para renovar el organismo.

La medida ha escandalizado a la judicatura, que ve en ella poco menos que un atentado contra la separación de poderes, puesto que cualquier gobierno de turno podrá diseñar un CGPJ a su medida. Y todo ello después de que jueces y magistrados hayan pedido durante años que sean los jueces y no los parlamentarios quienes designen a la mayoría de vocales del Poder Judicial.

División de poderes "a precio de saldo"

"Hemos insistido durante años que existe un déficit de independencia del Poder Judicial y ahora impulsan una reforma que empeora todavía más la situación, que deja la división de poderes a precio de saldo", deplora la portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), María Jesús del Barco, en declaraciones a Economía Digital

La portavoz de la APM teme que en dos meses la reforma vea la luz en un plazo de dos meses y que, luego, tengan que pasar años para rehacer las mayorías cualificadas que actualmente contempla la ley orgánica del Poder Judicial.

"No nos engañemos, esta reforma viene para quedarse una buena temporada. Claro que se puede presentar recurso al Tribunal Constitucional (TC) y claro que puede llegar a anular una parte de su contenido. ¿Pero cuándo se producirá el fallo del Constitucional? ¿Dentro de tres años, de cuatro?", se pregunta María Jesús del Barco, que recuerda en este punto, por ejemplo, que el TC tiene todavía pendiente una resolución sobre la prisión permanente revisable (recurrida en julio de 2015, es decir hace más de cinco años).

Conforme la portavoz de la APM trata de describir las consecuencias de la reforma impulsada por PSOE y Podemos, la indignación va en aumento: "Me sabe mal usar palabras así, pero es que hay que usarlas. Una reforma como la que han proyectado nos convierte en una república bananera. Nos lleva al totalitarismo. Estamos dejando en manos del Gobierno el Poder Judicial. Es inaceptable".

"Ya era difícil sentirse representado por el CGPJ porque el sistema actual ya concede demasiada influencia a los partidos políticos. Pero es que con lo que pretenden, cualquier gobierno con capacidad de articular mayoría absoluta puede controlar el Poder Judicial con todo lo que eso significa: proponer el nombramiento del presidente del Supremo, nombrar al resto de magistrados del Supremo, a los presidentes de Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades, de la Audiencia... todo", explica Concepción Rodríguez. 

Ahora bien, la APM es muy clara respecto a la guerra que piensa librar, siempre conforme a ley, para que PSOE y Podemos tengan que dar marcha a atrás a sus intenciones: "Vamos a remover Roma con Santiago".

"Es peor que en Polonia"

La misma frase, "vamos a remover Roma con Santiago", sale también por boca de la presidenta del Foro Judicial Independiente (FJI), Concepción Rodríguez, decidida a dar la batalla que haga falta para preservar la división de poderes. 

La presidenta del FJI recuerda en este punto que el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), dependiente del Consejo de Europapero advirtió a España recientemente de la falta de independencia judicial que significaba el sistema de elección de vocales del CGPJ. "Pero les ha dado igual. Creo que la situación hacia la que nos dirigimos es peor que la que existe en Polonia, la verdad", dice esta magistrada.

Promete, igual que la APM, actuar con todos los recursos a su alcance, pero comparte el temor de que todo este proceso sea demasiado largo para reparar el daño. "Sí, claro, acudiremos adonde haga falta. Al Constitucional o a instancias europeas. Pero son procesos largos y nadie podrá impedir que se abra paso este interés por invadir políticamente el CGPJ y acceder a todas sus facultades.

"No podemos rendirnos"

Cada contacto con las asociaciones de jueces acaba por seguir el mismo esquema: perplejidad ante lo que se está perpetrando y armas en alto. "No podemos rendirnos, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Hay que analizar bien lo que está ocurriendo, estudiar bien las alternativas que tenemos y actuar para preservar las reglas básicas del estado de derecho que tenemos", dice el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Jorge Fernández Vaquero.

Este magistrado quiere confiar en que la tramitación parlamentaria sirva para cambiar la idea de PSOE y Podemos, para que reculen a la vista del escándalo que sienten la gran mayoría de asociaciones de jueces. "Estamos ante un cambio muy perjudicial, es innegable. Pero, veamos, esto no se va a aprobar mañana y hay que intentar reconducir todo esto", dice Fernández Vaquero.

¿Acaso esta reforma responde a un intento de controlar los jueces en medio de los problemas judiciales que afrontan partidos como Podemos? "No me puedo ni siquiera a atrever a opinar de esa forma. Somos jueces. Lo que me pregunto es si todo esto responde a la idea de que el CGPJ debe reflejar las actuales mayorías del Congreso. Y si es así, no puede ser así, eso está reñido con el principio de independencia judicial".

La guinda la pone la Asociación Europea de Jueces, mayoritaria en el continente europeo, que también ha emitido un comunicado en el que manifesta "su gran preocupación" porque España esté dando "un paso atrás en los objetivos fundamentales para la independencia del poder judicial". 

Y advierte: "Aumentará el riesgo de influencia política indebida en el nombramiento de los miembros del Consejo y en el sistema judicial en su conjunto, dañando la percepción de la sociedad sobre una independencia judicial efectiva"

"Hay que renovar de inmediato el CGPJ"

La única voz que mantiene el tipo, que contemporiza con PSOE y Podemos, es la de la portavoz de portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, Ascensión Martín, que comienza por enviar un recado al PP: “Apelamos a la responsabilidad de los políticos para el desbloqueo”

Esta magistrada subraya que "hay que renovar de inmediato el CGPJ con la actual legislación". "Es decir, que el partido que lo está bloqueando, lo desbloquee y actúe de acuerdo con el mandato constitucional del artículo 122 en el sentido de que, expirado el plazo, se deben renovar las instituciones”, dice.

“Esta es nuestra primera propuesta: renovar de inmediato el CGPJ. Que los políticos atiendan a su responsabilidad constitucional y desbloqueen la renovación. El bloqueo es el principal problema. Si no existiese el bloqueo sine die, no se habrían propuesto otras medidas como es un cambio de legislación”, concede a los impulsores de la reforma.

En todo caso, vuelve al punto de partida. “Cuando se renueve [el CGPJ], ya veremos las reformas legales: si la elección por los jueces, la mejora del sistema parlamentario, pero que no se llegue al plazo de dos años, en diciembre de 2020, sin esta renovación".

Y concluye ofreciendo "como alternativa" una legislación "en el único sentido de concretar que un órgano en funciones tiene unas competencias restringidas".

"Legislar en esta dirección es lo único que nosotros vemos viable en este momento. Es decir, diciendo cuáles serían las competencias que tendría un órgano en funciones como cualquier otro órgano administrativo en funciones, pues solo actúa en materias de urgencia, pero no en otras cuestiones de más envergadura”, opina. 

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