Mas prepara para el 9N una doble urna

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PULSO CON EL GOBIERNO

 Oriol Junqueras y Artur Mas, en el Parlament./EFE/Toni Albir

22 de septiembre de 2014 (21:28 CET)

Artur Mas no se resigna ante la previsible decisión del Gobierno que preside Mariano Rajoy, y de la suspensión cautelar que podría adoptar el Tribunal Constitucional tanto respecto a la ley de consultas como a la convocatoria de una consulta para el 9N. Tiene algunas posibilidades legales.

Aunque existe un cierto vértigo en la dirección de Convergència, el President Mas, junto con el presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, consideran que los catalanes que apuestan por la consulta no se pueden quedar cruzados de brazos el 9 de noviembre. Y Mas tiene en sus manos convocar, todavía, elecciones anticipadas para el 9 de noviembre, junto con la consulta soberanista. Sería una doble urna.

La guerra en la estrategia entre Artur Mas y Mariano Rajoy se podría demorar unos días. El jefe del ejecutivo español parte este martes de viaje oficial a China. Y Rajoy es quien debe firmar el recurso de inconstitucionalidad a la ley de consulta y a la convocatoria del 9N. Lo apuntó la propia vicepresidenta del Gobierno el pasado viernes, y lo corroboran distintos juristas consultados.

Complicidad con Junqueras

Rajoy debe firmar, por lo que el viaje a China le dificultaría las cosas, --regresa el sábado--, si Mas decide que ley y convocatoria se publique en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) el miércoles o el jueves. “La norma primero debe publicarse, y entonces por parte del Gobierno se recaba el informe del Consejo de Estado, y después se reúne el Consejo de Ministros para aprobar el recurso que es algo que corresponde al presidente del Gobierno”, aseguró Sáenz de Santamaría.

La cuestión es que Mas tiene una alternativa. Tras mostrar su complicidad con Oriol Junqueras este fin de semana –los dos coincidieron en un acto en Cardona-- y, después de las palabras del líder de Esquerra de este lunes en una entrevista en Rac1 apoyando al President-- la idea del bloque soberanista es que se pueda votar el 9 de noviembre.

Hay una salvedad importante, y es que Mas en ningún momento ha garantizado que el 9 de noviembre se pueda votar en la consulta soberanista. “Los catalanes votarán”, ha repetido una y otra vez en los últimos días, sin indicar el día exacto, ni la naturaleza de esa votación.

La cuestión del tiempo

Diferentes juristas, y dirigentes políticos, han dejado entrever la salida de Mas. Prepara la publicación en el DOGC, efectivamente, de la ley de consultas, y el decreto de convocatoria de la consulta, pero podría firmar también el decreto de disolución del Parlament para convocar elecciones el 9 de noviembre, y tratar también de que se votara la consulta con la doble pregunta sobre la relación de Cataluña con España.

¿Tiene tiempo? Hay dudas jurídicas sobre ello. La cuestión es que si el mandatario catalán se acoge al Estatut de 2006, en su artículo 75, se dispone que tendrá entre 40 y 60 días para convocar elecciones. Eso le dejaría un margen hasta el 29 de septiembre.

El problema es que el propio Mas no se acogió al Estatut aprobado en 2006 cuando convocó las elecciones de noviembre de 2012. Lo hizo acogiéndose, como siempre se ha hecho, a una disposición transitoria que enlaza con la Loreg, Ley Orgánica del Régimen Electoral, que es la misma que regula las elecciones al Congreso de los Diputados. Cataluña no dispone, aunque recuperó la Generalitat en 1980, de una ley electoral propia. Y en la Loreg se estipula que para celebrar elecciones es preciso convocarlas 54 días antes. Y en este caso, Mas no podría anticiparlas para el 9 de noviembre.

El 'efecto' Pujol

En 2012, Mas convocó elecciones al Parlament el 28 de septiembre, y las elecciones se celebraron, con esos 54 días preceptivos, el 25 de noviembre.

Todo ello se podría publicar en el DOGC el 26 de septiembre, el mismo día que comparece Jordi Pujol en el Parlament para explicar su confesión del 25 de julio sobre la cuenta bancaria que tuvo en Andorra durante 34 años sin declarar. Sería un golpe de efecto.

Pero el problema jurídico sería enorme. Porque, ¿el Gobierno central impugnaría el decreto de disolución del Parlament acogiéndose a que Mas no respeta los 54 días que marca la Loreg? Ello reforzaría la idea del bloque soberanista de que el Gobierno español “no deja votar a los catalanes”. Fuentes políticas y jurídicas, desde distintos puntos de vista, sostienen que el conflicto “estaría servido”, con repercusiones internacionales.

Las urnas de la ANC

Porque si se hace coincidir las elecciones al Parlament, con la consulta, la tentación para algunas entidades, como la Asamblea Nacional Catalana (ANC) sería enorme para situar urnas en los colegios electorales, o en la entrada de los colegios. El Govern de Artur Mas ya ha dejado claro que no cometería nada ilegal, pero habría garantizado que los catalanes puedan votar el 9N, aunque serían, pese a la idea de que sean plebiscitarias, unos comicios al Parlament.

Para ello, para buscar ese clima pro consulta, diga lo que diga el Gobierno español, el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), publicó este lunes un estudio realizado a finales de agosto según el cual hasta el 87,6% de los catalanes aceptaría el resultado de un referéndum para decidir si Cataluña se convierte en un “nuevo estado de Europa”. El 9,1% no lo haría, y el resto no se define.

La utilización del CEO

También aparece que el 58,8% de los catalanes está “totalmente de acuerdo o bastante de acuerdo” en que Cataluña tenga un estado propio, por un 31,9% en contra o totalmente en contra. Y el 54,7% se muestra de acuerdo en que la mejor forma de saber qué quieren los catalanes respecto a su futuro “es un referéndum”.

La presión también la protagoniza el mundo local. Hasta 666 ayuntamientos catalanes han confirmado que celebrarán plenos esta misma semana para apoyar la consulta del 9N. Se trata del 70% de los municipios, que engloba a un 72% de la población, entre ellos Barcelona, aunque no los del área metropolitana, en manos socialistas.
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