Pedro Sánchez, en un acto de campaña. El presidente en funciones cargó contra Pablo Iglesias, Unidas Podemos y el gobierno de coalición antes d firmar este lunes el preacuerdo. /EEFE/Rafa Alcaide
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El presidente subleva a la fiscalía al insinuar que esta hará lo que diga el Gobierno y, en pleno incendio, Reino Unido da un nuevo portazo a Llarena

Iván Vila

Economía Digital

Pedro Sánchez, en un acto de campaña. El presidente en funciones cargó contra Pablo Iglesias, Unidas Podemos y el gobierno de coalición antes d firmar este lunes el preacuerdo. /EEFE/Rafa Alcaide

Barcelona, 07 de noviembre de 2019 (04:55 CET)

Poco imaginaba Pedro Sánchez el jardín en el que se estaba metiendo cuando el lunes se le ocurrió incluir en la batería de promesas que lanzó en pleno debate a cinco la de traer de vuelta a España a Carles Puigdemont.

Los independentistas, con el propio Puigdemont a la cabeza, olieron de inmediato la sangre, y se lanzaron a la yugular. “¿Me quiere secuestrar, señor Sánchez?”, le espetó el expresident vía Twitter a Sánchez, que cuando intentó explicarse este miércoles, solo consiguió lo que al moverse estando metido en arenas movedizas: hundirse más rápido.

Un hundimiento en forma de choque con los fiscales al que, como guinda del pastel, solo le faltaba un nuevo portazo a Pablo Llarena, esta vez, de Reino Unido, que, con su rechazo a tramitar la euroorden contra Clara Ponsatí, culminó un miércoles pesadillesco para el Gobierno socialista en funciones. Y, por tanto, para el PSOE y sus expectativas de cara al 10-N.

La batalla internacional por la entrega de Puigdemont y la de Ponsatí y los también exconsellers Toni Comín y Lluís Puig no solo es incierta, sino también un asunto espinoso para el Gobierno y para Sánchez. Que tanto el patinazo a vueltas con Puigdemont como el nuevo fracaso de Llarena con Ponsatí hayan estallado en plena campaña electoral, a apenas cuatro días de los comicios del domingo, alcanza niveles de worst case scenario para el presidente.

Lo peor es que se él se lo ha buscado. Este miércoles, después de haber sido acusado con vehemencia por el independentismo y por Unidas Podemos de no respetar la separación de poderes, Sánchez trató de aclarar el sentido de sus palabras en el debate en una entrevista en RNE, en la que acabó jactándose de controlar el ministerio fiscal.

Sánchez: "¿La fiscalía, de quién depende?"

El presentador, Íñigo Alfonso, le preguntó cómo piensa cumplir su promesa de traer de vuelta a Puigdemont. “Ya lo estamos haciendo”, replicó el presidente, que explicó que, tras la sentencia del Supremo, la Fiscalía General del Estado le pidió al juez instructor que reactivara la euroorden contra el expresident, cosa que Llarena hizo en cuanto se conoció el fallo.

Cuando el entrevistador alegó que quien está haciendo eso es la justicia, Sánchez espetó: “¿Es que la fiscalía de quién depende, de quién depende?”. “Del gobierno”, respondió el periodista, y Sánchez zanjó: “Pues ya está”.

Pero la fiscalía no depende del Gobierno, en el sentido de que no recibe órdenes del mismo, aunque sea el ejecutivo quien nombra al Fiscal General del Estado. De hecho, el ministerio público se encargó de subrayar su independencia cuando el año pasado mantuvo la acusación de rebelión contra los líderes independentistas procesados contra la postura del Gobierno, que se reflejó en el criterio aplicado por la Abogacía del Estado, que sí depende jerárquicamente del ministerio de Justicia y que optó en cambio por la acusación de sedición.

Tampoco ayudó precisamente a deshacer el enredo que el presidente del Senado y de nuevo candidato socialista a la cámara baja, Manuel Cruz, justificara en una rueda de prensa auspiciada por la Agencia Catalana de Noticias (ACN) las palabras de Sánchez en el debate al que asistía como candidato socialista como un compromiso expresado en “plural mayestático” y no en concepto de presidente del Gobierno, sino de “representante del Estado en el exterior”. Cruz, además, añadió que el Gobierno sí puede “instar” a la fiscalía a tener “un cierto comportamiento”.

Las palabras de Sánchez no solo provocaron reacciones airadas del independentismo, a la cabeza el president Quim Torra, que en su Twitter hurgó en la herida, considerando que no hacen más que constatar “el escándalo permanente en el que vive instalado el Estado heredero del franquismo”, sino también de las asociaciones de fiscales, como avanzó Economía Digital, y de la propia Fiscalía General del Estado, que emitió un comunicado en el que señaló que todas las actuaciones que ha desarrollado en el marco de la causa del procés “se han producido en el ámbito de la autonomía funcional del Ministerio Fiscal y con sujeción a los principios constitucionales de legalidad e imparcialidad”.

“La Fiscalía no cumple órdenes del Gobierno y lamenta el desconocimiento de las funciones conferidas al Ministerio Fiscal por parte de quien hace tales manifestaciones, que no se ajustan a la realidad y generan en la ciudadanía una confusión inaceptable”, afirmó en un comunicado de réplica a Sánchez la Asociación de Fiscales, mayoritaria en el ramo. La Unión Progresista de Fiscales (UPF), por su parte, también aseveró en su cuenta de Twitter que “el Ministerio Fiscal es autónomo del Gobierno, de cualquier gobierno, y este no puede dar órdenes a la Fiscal General, que quede claro”.

El patinazo no solo dio pábulo a las críticas del independentismo. Incluso el líder y candidato del PP, Pablo Casado, en el transcurso de un acto en Barcelona consideró “lógica” la “indignación” de los fiscales con Sánchez.

El presidente del Gobierno trató de zanjar la polémica con un tuit en el que, además de recordar que  “nadie está por encima de la ley” y que Puigdemont “es un prófugo de la Justicia”, aseveró: “Trabajaremos para que el sistema judicial español, con todas sus garantías, pueda juzgarlo con imparcialidad. La Fiscalía cuenta con el respaldo del Gobierno en la defensa de la Ley y del interés general”.

Con semejante incendio a menos de 72 horas del cierre de la campaña, al Gobierno solo le faltaba el revés de Reino Unido a Llarena, que vuelve a abonar, como ya hizo el no de  un tribunal alemán a entregar a Puigdemont por rebelión, las críticas del independentismo al Gobierno y a la justicia española. El portazo no podía llegar en un momento más inoportuno.

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