El sector publicitario detecta irregularidades en el 90% de los grandes los concursos públicos

La Asociación de Agencias de Creatividad Transformadora (ACT) y la Federación de Empresas de Publicidad y Comunicación (FEDE), dos de las organizaciones más representativas del sector publicitario, han presentado este miércoles los primeros resultados de su recién creado observatorio de concursos públicos de publicidad y comunicación.

Los responsables de las asociaciones no solo han dado cuenta de las irregularidades que han detectado en los concursos públicos durante el primer trimestre de 2021, sino que también han denunciado el ninguneo del Gobierno; en concreto, del Secretario de Estado de Comunicación (SEC), Miguel Ángel Oliver, a quien tienen como el «interlocutor» más apropiado.

El presidente de la FEDE, José Carlos Gutiérrez Vigara, y el vicepresidente de relaciones institucionales de la ACT, José María Rull, han comentado los resultados del estudio y han prometido que se entregarán nuevos hallazgos del observatorio trimestralmente. Este primer análisis ha arrojado un 91,5% de irregularidades en una muestra de contrataciones públicas.

Siguiendo una serie de criterios, el observatorio ha analizado 118 de los 1.012 concursos públicos relativos a la publicidad y la comunicación convocados del 1 de enero al 31 de marzo. En 108 de los concursos seleccionados no se ha cumplido al menos alguno de los criterios «objetivos» establecidos por las propias asociaciones para determinar si eran irregulares.

Irregularidades en nueve de cada diez concursos

Solo se han estudiado concursos de un presupuesto superior a los 100.000 euros y entre los criterios que la ACT y la FEDE han tomado en consideración para señalar irregularidades están que la oferta económica esté por encima de la valoración técnica como principal criterio de adjudicación y que el plazo de presentación de ofertas sea inferior a tres semanas.

En ese sentido, el observatorio ha detectado que el 65% de los concursos analizados establecían la oferta económica como el principal criterio de adjudicación, y el 42% ponía plazos mínimos para presentar ofertas. Hay casos en los que para presentar una oferta solo se dio una semana, lo que a juicio del sector es muy poco tiempo y limita la competencia.

Asimismo, el 91,5% de los concursos analizados permitían solo la presentación de ofertas de forma electrónica, pese a que estas asociaciones han reclamado que se permita también la entrega de forma presencial pues en ocasiones ha habido problemas técnicos que hacen que las empresas no puedan enviar la documentación en tiempo y forma.

Otro criterio con el que no están de acuerdo estas asociaciones es que se pida que las empresas ofertantes tengan una facturación muy elevada, algo que sucedió en el 91,5% de los casos estudiados. «Es un criterio que puede restringir la participación de algunas agencias sin tener una razón muy clara«, han explicado en una rueda de prensa.

Estos 118 concursos públicos de publicidad y comunicación superiores a los 100.000 euros engloban un presupuesto total de 251,9 millones de euros. Pero uno solo de ellos tenía un presupuesto de más de 110 millones, pues era para una campaña de cuatro años, y cuando se convocó por régimen de urgencia solo se dio un plazo de presentación de ofertas de dos semanas.

Gutiérrez Vigara y Rull han profundizado en la importancia de que la oferta económica no sea siempre el mayor criterio de adjudicación. Su argumento es que, dependiendo del tipo de campaña, el criterio técnico tendría mayor peso. «Hay que buscar un equilibrio; muchos concursos dan valoración del 100% a la propuesta económica y eso no tiene sentido«.

De los 118 concursos analizados, siete tenían el precio como el único criterio; es decir, la adjudicación dependía al 100% de la oferta económica. En otros seis, el precio supuso entre el 80% y el 95% de la valoración; en 22, su peso fue del 60% al 80%; y en una veintena fue del 50% al 60%. Incluso hubo un concurso que estableció la subasta como método de contratación.

«Las propuestas técnicas, fundamentales para conseguir la mayor eficacia y valor añadido en todas las acciones de publicidad y comunicación comercial, son en todos estos casos minusvaloradas ante la oferta económica y el precio ofertado por los servicios«, explican las asociaciones en un comunicado conjunto.

El ninguneo de la Secretaría de Estado de Comunicación

En la rueda de prensa, los responsables de la ACT y la FEDE han señalado que antes de que Miguel Ángel Oliver ocupase la Secretaría de Estado de Comunicación (SEC), lo usual era que quien ostentara el cargo funcionase como interlocutor entre el sector publicitario y las diferentes administraciones nacionales y locales. Pero ese ya no es el estilo de La Moncloa.

De hecho, las asociaciones aseguran que han intentado compartir con el Gobierno los resultados del observatorio de los concursos públicos de publicidad y comunicación, pero no han apreciado interés alguno por parte de Oliver. Su objetivo, dicen, es mejorar la convocatoria y realización de los concursos que desemboque en una mejor utilización de los recursos.

«Estamos un poco sorprendidos de que las administraciones no nos quieran escuchar en estos momentos tan importantes«, ha lamentado Rull. «El hecho de que saquemos el estudio no significa que no lo hayamos intentado con la Administración, pero la respuesta ha sido tibia y sin compromiso alguno«, ha añadido Gutiérrez Vigara.

«Cuando hemos preguntado sobre quién puede aglutinar una interlocución válida siempre se nos ha remitido al secretario de Estado de Comunicación», ha explicado Rull, señalando que con Oliver no han podido tener ninguna reunión pero que sí lo habían hecho con quienes le precedieron en el cargo.

«Desde la incorporación del actual secretario de Estado de Comunicación no ha habido respuesta a nuestras múltiples peticiones de tener una reunión«, ha explicado Gutiérrez Vigara. «Lo que parece más lógico es que sea el secretario de Estado de Comunicación quien haga las recomendaciones a otras áreas».