Miedo en el ICF por las consecuencias jurídicas de los avales

La Generalitat consideró hasta modificar los estatutos del Institut Català de Finances para que pudieran prestar a particulares

Albert Castellanos, presidente del ICF, en el centro, con Pere Aragonès, de quien fue número 2 en Economía. EFE

El Instituto Catalán de Finanzas (ICF) será el contraavalista que sufrague, finalmente, las fianzas de los líderes del procés. Esta decisión ha generado mucha inquietud en el organismo, creado con fines económicos -financiar a empresas, a modo de ICO catalán- pero a veces usado como arma política.

Hay “miedo” y muchos “nervios” en el ICF, según ha podido saber Economía Digital. Los funcionarios no se quieren exponer ante la Justicia. La maniobra inicial de la Generalitat consistía en que si los bancos avalaban el fondo salvaguardaban a los funcionarios públicos. Y, sobre todo, su patrimonio personal si incurrían en responsabilidades que pudieran ser consideradas penales o contrarias a normativa. 

No en vano, desde el organismo que preside Albert Castellanos, ex número dos de Pere Aragonès en la consejería de Economía, se ha alertado en todo momento de que si actuaban de avalista y no de mero gestor, como inicialmente se pretendía, se les colocaría en el disparadero. Se podrán iniciar procedimientos contra ellos.  Y eso es lo que temen.

Los 34 ex altos cargos del Govern tienen que abonar los 5,4 millones de fianza impuestos por el Tribunal de Cuentas este mismo miércoles y muchos ya no podían responder con sus bienes personales al tenerlos embargados por el 9N. Ese es el caso de Artur Mas.

De ahí que el consejero de Economía de la Generalitat, Jaume Giró, anunciase que el ICF se haría cargo de abonar esta cuantía y respaldar así con dinero público a los líderes independentistas. Un mecanismo que hasta este martes estaba descartado por la propia Generalitat porque consideró que pondría en peligro a los funcionarios y altos cargos del órgano.

Jaume Giró, consejero de Economía de la Generalitat. Foto: EFE

Giró anunció este martes que no utilizarían al ICF y el cambio de discurso le ha costado apenas 24 horas por, entre otros motivos, “presuntas presiones de ERC”, según las fuentes consultadas. “Las familias de estos 34 ex altos cargos están viviendo un calvario y es normal que haya nervios y tensión, sino se verán embargados de todos sus bienes personales”, comentan las mismas fuentes a Economía Digital.

De ahí que las reuniones en estas últimas 48 horas hayan sido intensas y, finalmente, el Govern haya tenido que sacrificar al ICF, a sabiendas de que podría incurrir en una maniobra ilegal. Los juristas consultados señalan que este mecanismo ideado por la Generalitat podría incurrir en un posible fraude de ley y hasta en malversación.

Los planes truncados de la Generalitat para pagar al Tribunal de Cuentas

Los estatutos del Instituto Catalán de Finanzas prohíben prestarse a particulares, en este caso los ex 34 altos cargos del Govern. Por ello, la estrategia de Pere Aragonés para sortear esto es que fueran los partidos nacionalistas, ERC, Junts y la CUP, quienes depositaran las fianzas de los enjuiciados.

Pero esta opción contraviene a la legislación de partidos políticos, por lo que no podían hacerlo por ley sin arriesgarse, igualmente, a consecuencias penales o administrativas.

Según ha podido saber ED, las reuniones se sucedieron de la Generalitat con el ICF, con el equipo técnico del Govern y hasta con los servicios jurídicos. Se buscó a contrarreloj una fórmula jurídica idónea que no llegó.

Y el último plan ‘a la desesperada’ que encontraron desde la Generalitat fue proponer modificar los estatutos del ICF para que cambiasen de manera puntual o permanente la prohibición de prestarse a particulares. Un consejero del ICF se llevó las manos a la cabeza tachando la idea de “descabellada”.

Finalmente y según Giró, los consejeros del ICF han decidido y ahora, según sus palabras, hasta consideran buena la idea de ser el contraavalista de los líderes del procés, más allá de su independencia o de las posibles consecuencias jurídicas.

Pero lo cierto es a día de hoy ningún banco está dispuesto a cometer un posible delito por el independentismo, situándose en primera fila, y menos las aseguradoras o las instituciones.

Sin apoyo del mercado ni de los poderes financieros, en los corrillos de la Generalitat algunos ya comentan que Giró o en Presidencia “pecaron de optimistas”.

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