Transparencia vuelve a exigir a RTVE que publique el sueldo de más de 150 directivos

El Consejo de Buen Gobierno y Transparencia publica tres resoluciones que concluyen que RTVE debe hacer público el sueldo de sus directivos

La administradora provisional única de RTVE desde julio de 2018, Rosa María Mateo | RTVE/Archivo

La administradora provisional única de RTVE desde julio de 2018, Rosa María Mateo | RTVE/Archivo

Tres resoluciones del Consejo de Buen Gobierno y Transparencia con fecha de diciembre de 2020 tumban otra vez las excusas de Radio Televisión Española (RTVE) para ocultar el sueldo de más de 150 directivos. Durante tres años, sindicatos del ente y particulares han demandado esta información pero la corporación pública insiste en tapar estos salarios.

Después de que la empresa que dirige Rosa María Mateo desde mediados de 2018 desoyera incluso al Tribunal Supremo, los sindicatos CCOO y USO y un particular presentaron nuevas reclamaciones ante Transparencia. El Consejo ha estimado las tres peticiones y dio, en diciembre, diez días hábiles a RTVE para que, por fin, difunda esta información.

Economía Digital desveló en agosto pasado que hay más de 150 directivos de la pública cuyo sueldo se desconoce y cuyos complementos salariales se elevan en algunos casos hasta los 6.000 euros mensuales. La mayoría de estos directores y subdirectores cobran entre 2.500 y 3.300 euros mensuales en pluses, mientras la media en la plantilla es de 350 euros.

Estos son los datos que RTVE debe publicar

La resolución de Transparencia que estima la reclamación del sindicato USO obliga a RTVE a que, en un plazo máximo de diez días hábiles, informe de la retribución anual bruta percibida por el personal directivo de la corporación entre 2016 y ahora, además de identificar al perceptor, su puesto en el organigrama y el monto exacto que cobra.

Por su parte, CCOO-RTVE limitó la solicitud de información a la retribución anual bruta percibida en 2016 y 2017 por el personal directivo, e igualmente pidió que se detalle el cargo y el monto exacto que se pagó por su trabajo. Por su parte, el particular solicitó la publicación de los salarios de estos altos directivos solo para el año 2016.

RTVE tiene dos meses para recurrir las resoluciones, pero cabe destacar que el Tribunal Supremo ya ha rechazado sus excusas para ocultar estos sueldos. El alto tribunal aseguró que la corporación “no esgrime ningún alegado válido” que vulnere los argumentos iniciales del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

Las idas y venidas de RTVE

Fue el pasado 26 de junio cuando el Tribunal Supremo golpeó la mesa y concluyó que es de interés público la retribución de los directivos de la corporación. El fallo desestimó un recurso de RTVE contra una sentencia de la Audiencia Nacional que le obligaba a hacer públicos estos datos, pues se trata de salarios que corren a cargo de los contribuyentes.

Aquella sentencia de la Audiencia Nacional blindaba una resolución de 2017 de Transparencia que daba la razón a un ciudadano que había pedido esta información para los años 2014 y 2015. Las solicitudes que se han presentado desde entonces por distintos actores cubren ese periodo y lo amplían hasta la actualidad.

Tras la sentencia del Supremo, Mateo defendió en una comparecencia en el Congreso que no iba a publicar los sueldos porque ello derivaría en un “cisma” entre los directivos, que no cobran todos lo mismo. El sindicato USO denunció ante Transparencia que RTVE informó “parcialmente” al respecto, escudándose en que debía proteger los “datos personales”.

Mateo se escuda en la protección de datos

La protección de datos ha sido desde hace más de tres años la excusa del ente para no desvelar los salarios de los directivos. Otra excusa ha sido que los directores de área y subdirectores no son considerados altos directivos. También ha insistido el ente en que el sueldo de Mateo es público, ignorando que se demanda el de más de 150 directivos.

Una reclamación de USO ante Transparencia lee: “RTVE está intentando dilatar e impedir al acceso de una información pública, a la que está obligada tanto legalmente como en virtud de un pronunciamiento de nuestro alto tribunal. (…) Parece que está intentando, de contrario, dar una vuelta de tuerca para no facilitarlos”.

“Al tratarse de altos cargos el derecho de acceso prevalece sobre la protección de datos”, dijo en su alegación el particular. “Y deberían facilitarme la información tal y como la había solicitado indicando para cada año el nombre de cada persona, qué cargo ocupaba, y cuánto cobró de forma desglosada. De hecho, ha habido otras empresas públicas o ministerios que han facilitado la información de esta forma sobre sus asesores”.