Funcionarios en pie de guerra: CSIF llama a UGT y CCOO a una protesta conjunta por los salarios

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha hecho un llamamiento a UGT y CCOO para organizar una gran protesta en el país. A través de la movilización, el colectivo de trabajadores con más representación dentro de la administración pública se propone presionar al Gobierno para que se siente a negociar la subida salarial correspondiente a este año.

El sindicato, asimismo, ha trasladado su intención de proponer a los grupos parlamentarios el impulso de una proposición de ley para que las remuneraciones de los empleados públicos se revaloricen de forma automática en consonancia con el Índice de Precios de Consumo (IPC), así como el porcentaje adicional que se acuerde en el marco de la negociación.

Críticas de los funcionarios a Sánchez

Tras calificar la situación de «grave», el sindicato ha recordado que el Gobierno aún no ha aplicado la subida salarial del 0,5% que debía poner en marcha desde el año pasado ni tampoco ha actualizado los sueldos para compensar la subida del IPC. Consecuentemente, según sus estimaciones, el Gobierno debe a los empleados públicos una media de 1.200 millones de euros.

«CSIF considera que el Gobierno debe aprobar por decreto la subida salarial pendiente, tal y como hizo en 2020 y 2024, así como el pasado mes de marzo con el personal militar», ha hecho hincapié y ha avanzado que harán llegar una petición formal al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la inacción del ministro de Función Pública, Óscar López.

Incumplimiento de la Ley de Estabilidad

Otra de las problemáticas a las que se ha referido el sindicato con más representación dentro de la administración pública ha sido la temporalidad de las administraciones públicas, que según ha denunciado, se ha estancado en el 30%, lo que implica que sobrepase «ampliamente» el límite acordado con Bruselas y recogido en la ley de Estabilización del Sector Público de 2021.

«Los porcentajes están muy lejos del límite del 8% de interinidad acordado con Bruselas y recogido en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en los funcionarios que fijaba un límite del 8 por ciento con fecha de 31 de diciembre de 2024″, ha insistido el sindicato.

Precisamente, a causa del incumplimiento, la Unión Europea ha abierto a España dos expedientes de infracción que podrían desembocar con la imposición de una sanción millonaria, ha advertido para después recordar que el 40% de los consistorios aún no han facilitado a Función Pública sus datos sobre temporalidad.

A pesar de las plazas creadas, ha subrayado, las administraciones no han dejado de crear puestos temporales por sus necesidades de personal a causa de la vigencia de la tasa de reposición, el límite que se establece en los Presupuestos a la reposición de efectivos jubilados.

Destrucción de más de 90.000 puestos de trabajo

El colectivo de trabajadores también ha alertado que la administración pública ha perdido 92.100 puestos de trabajo durante los primeros tres meses del año. La razón de la destrucción de empleo público, a ojos del sindicato, es el envejecimiento de las plantillas, que supone prácticamente toda la ocupación perdida en términos netos en el conjunto del mercado laboral.

CSIF ha señalado que se trata de la mayor pérdida de puestos de funcionarios desde el inicio de la Encuesta de Población Activa (EPA). «Desde el segundo trimestre de 2003, cuando se produjeron recortes para reducir el déficit público y privatizaciones, no se había producido una destrucción de empleo similar, ni siquiera en 2013, cuando se vivió uno de los peores momentos de la crisis financiera global», ha recalcado.