Óscar López cita a los funcionarios para negociar un nuevo acuerdo salarial y evitar la huelga

La presión de los sindicatos ha surtido efecto. Apenas unas horas después de que entre quinientos y mil empleados públicos se concentraran este jueves frente al Ministerio de Función Pública en Madrid, el titular del departamento, Óscar López, ha decidido reabrir el diálogo para negociar un nuevo acuerdo salarial con los representantes de los trabajadores. Según fuentes sindicales, la secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo, bajó a la concentración para anunciar la convocatoria de una reunión el próximo miércoles 5 de noviembre a las 11:00 horas.

Los sindicatos CCOO, UGT y CSIF celebran la convocatoria, aunque advierten de que no se conformarán con gestos. “Si no hay un acuerdo real, habrá huelga en diciembre”, advirtió con rotundidad el presidente de CSIF, Miguel Borra, durante la protesta. Los tres sindicatos exigen la actualización inmediata de los salarios públicos conforme a la inflación, la recuperación del poder adquisitivo perdido desde 2020 y el desbloqueo de las negociaciones que llevan meses paralizadas.

Una protesta que marca un punto de inflexión

La concentración celebrada en Madrid forma parte de una campaña de movilizaciones ascendentes convocada en toda España. El lema común de las protestas —“Negociación, subida salarial y mejora de los servicios públicos”— resume el malestar de unos tres millones de empleados públicos que, según los sindicatos, llevan más de un año con el salario congelado pese al incremento del coste de la vida.

Durante la manifestación, los líderes sindicales denunciaron el “ninguneo” del Gobierno hacia el personal del sector público. “Este ninguneo no se puede soportar”, subrayó Lucho Palazzo, coordinador del Área Pública de CCOO, mientras que Isabel Araque, secretaria general de UGT Servicios Públicos, advirtió que “hoy puede ser el principio de un acuerdo o de una huelga”.

El bloqueo de la negociación colectiva ha sido el detonante de la actual oleada de protestas. Según los cálculos de CSIF, los empleados públicos han perdido un 8,5% de poder adquisitivo en los últimos tres años, mientras que la inflación y el aumento del coste de la vida siguen golpeando a las familias. Miguel Borra recordó que el Ejecutivo “debe ya 2.000 millones de euros en salarios este año”, una cifra que considera insostenible en un momento en que los funcionarios han sido “clave” para sostener los servicios públicos.

El dirigente sindical también insistió en que “no hay excusas presupuestarias” que justifiquen la falta de avances: “España presume de ir como un tiro, pero mantiene a sus empleados públicos con el sueldo congelado”, denunció.

El Gobierno intenta ganar tiempo

La decisión del ministro Óscar López de reabrir las conversaciones busca desactivar la escalada del conflicto y ganar tiempo antes de que las movilizaciones se conviertan en una huelga general en diciembre. Desde Función Pública se insiste en que el Ejecutivo mantiene su compromiso con la mejora del empleo público, aunque fuentes del departamento reconocen que la falta de Presupuestos Generales del Estado para 2026 complica el margen de negociación.

Sin embargo, los sindicatos han dejado claro que no aceptarán más dilaciones. “Llevamos meses esperando una mesa de diálogo efectiva. No basta con buenas palabras; necesitamos hechos”, subrayó Araque.

La reunión convocada para el miércoles 5 a las 11:00 horas será, según los sindicatos, decisiva. En ella, esperan una propuesta concreta del Gobierno sobre incrementos salariales, medidas de conciliación, carrera profesional y reducción de la temporalidad. “Si la reunión no trae avances claros, convocaremos una huelga para diciembre”, reiteró Borra.

Los líderes de CCOO y UGT coinciden en que el conflicto ya no es solo una cuestión económica, sino también de dignidad laboral y reconocimiento social. Palazzo recalcó que los trabajadores públicos “han soportado recortes, sobrecarga y pérdida de derechos durante años, y no están dispuestos a seguir esperando”.

El precedente de 2022

El último gran acuerdo salarial en el sector público se firmó en octubre de 2022, cuando el Gobierno pactó con los sindicatos una subida del 9,5% en tres años (2022-2024). Sin embargo, la inflación acumulada ha sido superior, lo que ha provocado que la mejora apenas haya servido para compensar parcialmente la pérdida de poder adquisitivo. “Lo que pedimos ahora no es un aumento extraordinario, sino recuperar lo que nos pertenece”, señaló Araque.

Además de Madrid, los sindicatos han convocado concentraciones simultáneas en todas las capitales de provincia frente a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno. Miles de empleados públicos de sectores como la sanidad, la educación, la justicia o la administración general del Estado participaron en estas protestas, exigiendo igualdad de condiciones y respeto institucional.

Los organizadores advirtieron que las movilizaciones seguirán intensificándose en las próximas semanas si no se alcanzan compromisos tangibles. “El miércoles es la oportunidad del Gobierno para evitar una huelga que nadie desea, pero que todos estamos dispuestos a convocar si es necesario”, advirtió Borra.

A la espera de un gesto político

El encuentro del próximo miércoles se presenta como una última oportunidad para evitar el choque frontal entre el Ejecutivo y los tres grandes sindicatos del sector público. De su resultado dependerá si el conflicto se encamina hacia una solución negociada o hacia una huelga nacional en pleno mes de diciembre, una fecha especialmente sensible para los servicios públicos.

Por ahora, los funcionarios mantienen la presión y esperan que las palabras del Gobierno se traduzcan en hechos concretos. “Hemos demostrado responsabilidad durante años. Ahora es el turno del Ejecutivo de demostrarla también”, concluyó Miguel Borra al finalizar la concentración.