Las patronales mueven ficha para resolver el bloqueo del convenio de seguridad privada
El bloque empresarial presenta una propuesta conjunta con mejoras en conciliación, lenguaje inclusivo y estabilidad laboral, mientras los sindicatos reclaman avances reales en salarios y jornada
Un vigilante de la empresa de seguridad Wakeful. Foto: Wakeful.
Comentarios
La negociación del nuevo convenio estatal de seguridad privada ha entrado en una fase clave. Tras meses de desencuentros entre las patronales y los sindicatos, la reunión del pasado 31 de octubre ha marcado un cambio de tono por parte de las organizaciones empresariales. APROSER, ASECOPS y FES, que representan a la mayoría de las empresas del sector, han decidido actuar de forma coordinada para intentar superar el bloqueo que mantiene paralizado el acuerdo desde hace meses.
El movimiento busca romper la dinámica de enfrentamiento y dar una señal de voluntad negociadora. Según las patronales, el objetivo es “encontrar un equilibrio entre el mantenimiento de derechos y la sostenibilidad económica” en un contexto en el que muchas empresas, especialmente las pequeñas y medianas, aseguran que no pueden asumir las subidas salariales que reclaman los sindicatos.
Una propuesta común con horizonte a cuatro años
La principal novedad del encuentro fue la presentación de una propuesta unificada que introduce algunos avances en materia salarial, conciliación y organización laboral. Las patronales plantean un convenio de cuatro años de duración (2027-2030), similar al actual, con un incremento salarial acumulado del 12%. Este aumento, aseguran, engloba todos los conceptos económicos del convenio, incluyendo los pluses de transporte, vestuario, nocturnidad, festivos y fines de semana.
El documento también incorpora una cláusula de garantía salarial vinculada al IPC real, junto con otra que permita adaptar los costes si se produjera una reducción general de la jornada laboral. Con ello, las empresas buscan mantener la competitividad sin renunciar al poder adquisitivo de los trabajadores.
Otro de los puntos más destacados es el impulso a medidas de conciliación laboral y familiar. Las patronales proponen entregar los cuadrantes de turnos con más antelación y aumentar el número de servicios con planificación anual, especialmente en los puestos fijos. A cambio, piden flexibilidad operativa y una regulación clara sobre la desconexión digital, adaptada a la naturaleza del servicio de seguridad, que por ley debe garantizar la cobertura permanente.
Además, las empresas se comprometen a introducir lenguaje inclusivo en todo el texto del convenio, una demanda planteada por los sindicatos y asumida por las patronales. En paralelo, proponen la creación de una comisión técnica paritaria encargada de revisar las categorías profesionales, actualizar funciones y adaptar los perfiles laborales a las nuevas tecnologías, como la videovigilancia inteligente o los sistemas automatizados de control de accesos.
El objetivo es modernizar el sector sin alterar el equilibrio económico actual, de modo que las mejoras funcionales no generen costes adicionales hasta que exista un acuerdo global.
Claridad jurídica y armonización de permisos
El documento también aborda la necesidad de revisar el concepto de “macroconcentración urbana”, que actualmente genera conflictos por interpretaciones distintas entre provincias. Las patronales buscan definir un texto más claro y homogéneo que evite litigios y garantice seguridad jurídica en los desplazamientos laborales.
En cuanto a los permisos retribuidos, la propuesta se centra en ordenar y clarificar su redacción, sin modificar los días disponibles ni los motivos de disfrute. Las empresas aseguran que su intención no es recortar derechos, sino evitar ambigüedades que dan lugar a conflictos o reclamaciones.
También se plantea una solución para los casos de subrogación empresarial, garantizando que los trabajadores mantengan sus vacaciones y cotizaciones en los procesos de cambio de empresa, inspirándose en el modelo aplicado al Convenio de Servicios Auxiliares.
Jubilación y condiciones especiales
El bloque empresarial ha abordado, además, una cuestión sensible: la posible aplicación de coeficientes reductores para la jubilación anticipada. Aunque reconocen que el sector no cumple los criterios de penosidad que exige la ley, las patronales se muestran abiertas a estudiar la viabilidad de esta medida, siempre que sea compatible con la sostenibilidad del sistema.
Para ello, proponen encargar un informe técnico independiente que evalúe los efectos económicos, organizativos y laborales de su implantación. Según el acta de la reunión, este estudio debería servir como base para una petición conjunta ante la Administración en caso de considerarse viable.
La gran novedad del proceso es la unidad mostrada por las tres patronales, históricamente divergentes en ciertos puntos. En esta ocasión, APROSER, ASECOPS y FES han cerrado filas para presentar una posición común ante los sindicatos. Desde ASECOPS subrayan que el impacto económico de las propuestas sindicales exigía una evaluación conjunta y rigurosa, mientras que desde FES destacan que el trabajo coordinado entre las organizaciones demuestra “responsabilidad colectiva ante un proceso tan relevante” como la renovación del convenio estatal.
Ambas patronales coinciden en que la clave está en mantener el diálogo y reducir la conflictividad, sobre todo en un sector donde la estabilidad laboral y la formación continua son esenciales para la calidad del servicio.
Los sindicatos mantienen la presión
Pese a la nueva actitud de las patronales, los sindicatos se mantienen cautos. Consideran que los avances presentados son “meramente técnicos” y que el documento no ofrece mejoras sustanciales en materia salarial ni en la reducción de jornada, los pluses o las condiciones de descanso. Según fuentes sindicales, el acuerdo solo será posible si se garantizan subidas reales de poder adquisitivo y se reducen las desigualdades entre trabajadores de distintos servicios o turnos.
El próximo 7 de noviembre se celebrará una nueva reunión de la mesa negociadora. Será entonces cuando se verá si esta propuesta conjunta abre de verdad el camino hacia un acuerdo definitivo o si el conflicto se mantiene estancado.
