Las patronales fijan sus prioridades clave para el nuevo convenio de seguridad privada: salarios, turnos y estabilidad laboral
Uno de los puntos clave es la reforma de la Ley de Contratos Públicos y del Reglamento de Seguridad Privada
Un vigilante de la empresa de seguridad Wakeful. Foto: Wakeful.
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Las patronales de la seguridad privada en España están perfilando sus prioridades de cara al próximo convenio, cuyas negociaciones se encuentran en uno de sus momentos más decisivos.
El nuevo acuerdo regulará las condiciones de unos 80.000 profesionales del sector y pretende dar respuesta a demandas históricas y retos emergentes, como la digitalización, la precariedad salarial y la seguridad jurídica de las empresas.
La negociación colectiva se ha convertido en el foco tanto para patronales como para sindicatos. Las principales asociaciones empresariales –APROSER, ASECOPS y FES– aspiran a un convenio de vigencia cuatrienal (2027-2030), defendiendo incrementos salariales que permitan acompasar el sector con el contexto inflacionario y los avances logrados en el periodo 2023-2026, donde ya se pactó un aumento acumulado del 16% (6% en 2023, 4% en 2024 y 3% para 2025 y 2026, más una cláusula ligada al IPC del 2%).
Sin embargo, mientras las patronales subrayan el aumento de costes empresariales (ausencias, incapacidades, permisos retribuidos) y la necesidad de simplificar pluses y modernizar el marco sectorial, los sindicatos exigen un foco en la dignificación de la profesión y una actualización salarial que sitúe los sueldos por encima de los 1.100 euros bases actuales, incluyendo mejoras en pluses de peligrosidad y nocturnidad, muy por debajo de las necesidades del sector.
Seguridad privada: transformación Digital y Nuevos Retos
El sector de la seguridad privada en España se encuentra en plena transformación tecnológica, impulsada por la digitalización y la convergencia entre seguridad física y ciberseguridad.
Se estima que el mercado, con unos ingresos cercanos a los 6.570 millones de euros y un crecimiento anual del 5% hasta 2025, afrontará una fuerte competencia basada en la adaptación tecnológica —uso de inteligencia artificial, videoanalítica, biometría y vigilancia remota—.
Las grandes empresas están ampliando su cuota de mercado mediante la adquisición de compañías especializadas en tecnología, y la prestación de servicios híbridos (vigilancia presencial y tecnología avanzada) se consolida como el nuevo estándar competitivo.
El debate sobre el futuro convenio también gira en torno a la formación de los trabajadores ante este nuevo escenario y la equiparación de competencias digitales.
El nuevo convenio estatal busca definir con precisión las condiciones en las que se prestarán servicios en todas las ramas de la seguridad privada, desde la vigilancia en infraestructuras críticas hasta el transporte de fondos y la seguridad tecnológica.
Uno de los puntos clave es la reforma de la Ley de Contratos Públicos y del Reglamento de Seguridad Privada, ya que muchos contratos públicos continúan adjudicándose bajo criterios económicos a la baja, afectando tanto a la estabilidad del empleo como a la calidad del servicio
En este sentido, las patronales y sindicatos coinciden en la urgencia de un marco regulador moderno, capaz de anticipar cambios, ofrecer seguridad jurídica y garantizar la sostenibilidad del sector.
El éxito de la negociación dependerá en gran medida de la capacidad de ambas partes para equilibrar la mejora de condiciones laborales con la necesaria flexibilidad y adaptación tecnológica que el mercado exige.
