Cuatro detenidos por el presunto fraude de un millón de euros en ayudas de empleo durante el gobierno de Ximo Puig

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas en el marco de una investigación iniciada por el presunto fraude de un millón de euros en subvenciones públicas para el fomento del empleo entre los años 2021 y 2022, durante el gobierno del ‘Botànic’ que presidía el socialista Ximo Puig y del que también formaba parte Compromís, según han informado desde la Generalitat Valenciana.

El actual secretario autonómico de Empleo, Antonio Galvañ, ha indicado que Labora, el Servicio Valenciano de Empleo y Formación, ha denunciado un «entramado empresarial» por defraudar más de un millón de euros en subvenciones públicas para el fomento del empleo, cofinanciadas por la Generalitat Valenciana y el Fondo Social Europeo.

Galvañ ha explicado que la denuncia ha sido interpuesta ante la Guardia Civil por la dirección territorial de Labora en Alicante que detectó posibles irregularidades en once empresas domiciliadas en Elx. El responsable de Empleo ha detallado que los hechos que se investigan tuvieron lugar entre 2021 y 2022, bajo el gobierno del Botànic.

«Actuaciones sospechosas» en ayudas para la contratación

Según se ha hecho constar en la denuncia, Labora detectó «actuaciones sospechosas» en determinados programas de ayudas de empleo –Ecovul, Ecogju y Ecovut– en los que se subvenciona la contratación de personas desempleadas. Así, se detectaron bajas de trabajadores que pasaban a otras empresas en las cuales también se habían solicitado subvenciones, y en las que el sector de la actividad y el modo de proceder era similar, o empresas que solicitaban subvenciones y antes de finalizar los 2 años cerraban, siendo el administrador común, han explicado desde la Generalitat.

En este sentido, Antonio Galvañ ha destacado que desde Labora se han implementado medidas de control de subvenciones para evitar situaciones fraudulentas.

Así, se han aumentado los requisitos para acceder a las subvenciones, y se han establecido más controles que eviten el fraude, como investigar las vinculaciones entre empresas o exigir que no tuvieran contratos indefinidos en los últimos tres meses.

Por otra parte, Galvañ ha añadido que se han cambiado las convocatorias de ayudas y se ha reducido del importe a conceder por trabajador (han pasado de 28.000 euros a 10.000 euros este año), con lo que «han logrado que el interés en defraudar no sea rentable». Asimismo, se comprueba el mantenimiento del alta del trabajador subvencionado durante los dos años que existe de obligación de mantenimiento mínima.

“Es lamentable que haya empresas y personas que estén usando las ayudas para fomentar la empleabilidad de las personas con dificultades de encontrar trabajo en su propio beneficio de manera fraudulenta”, ha declarado Galvañ, que ha asegurado que “desde el Consell se va a vigilar que el uso de las subvenciones llega a quien realmente lo necesita”.