Catalá mueve 60 millones en vivienda y las empresas responden con 300 millones: Metrovacesa y Atitlán, a la cabeza
El Ayuntamiento de Valencia mueve con colaboración pública-privida la activación de 17 desarrollos urbanísticos (PAIs) con 13.000 viviendas
Maria José Catalá, alcaldesa de Valencia
Comentarios
El Ayuntamiento de Valencia ha consolidado un cambio de paradigma en su política de vivienda mediante la activación de 17 desarrollos urbanísticos (PAIs). Bajo un modelo de gestión que prioriza la seguridad jurídica y la colaboración con el sector privado, la ciudad proyecta un potencial de 13.000 nuevas viviendas, de las cuales 2.853 contarán con algún régimen de protección pública (VPP).
Este dinamismo ha permitido que las solicitudes de licencias de obra se multipliquen, pasando de las 24 registradas en el primer semestre de 2023 a las 457 en el mismo periodo de 2024.
Durante el mandato de Maria José Catalá se han definido dos proyectos estratégicos como los ejes vertebradores de la expansión urbana, donde la iniciativa privada desempeña un papel ejecutor fundamental, y que presenta como buques insignia los PAIs de Benimaclet y el Grau.
En el caso del PAI de Benimaclet, promovido por la inmobiliaria Metrovacesa, contempla 1.345 viviendas (un 30% protegidas) y 95.000 metros cuadrados de zonas verdes.
Tras superar años de bloqueo administrativo, la obtención del informe de Evaluación Ambiental en 2024 permitió avanzar hacia la aprobación definitiva. La solvencia técnica de la promotora ha sido clave para integrar un pulmón verde de 30.000 metros cuadrados que actuará como centro neurálgico del barrio que, además, plantea un enfoque de desarrollo de ciclo completo: desde la gestión del suelo hasta la entrega de llaves.
Por lo que respecta al PAI del Grau, ubicado en los antiguos terrenos del circuito de Fórmula 1, prevé la construcción de hasta 3.200 viviendas. Los propietarios mayoritarios del suelo, la firma de inversión Atitlan, de Roberto Centeno y Aritza Rodero, y el fondo británico Hayfin Capital, lideran una inversión superior a los 150 millones de euros.
El proyecto suma actores como el Grupo Ática, de Vicente Llácer, y Rover. Incluye una infraestructura verde de 160.000 metros cuadrados diseñada para conectar la fachada marítima.
Atitlan opera en esta zona para transformar los antiguos terrenos de la Fórmula 1 en un «hub» residencial y tecnológico. También se les caracteriza por apostar por el suelo terciario para atraer empresas de innovación, conectando el urbanismo con el desarrollo económico de La Marina.
Seguridad jurídica como reclamo de inversión
En conversación con Economía Digital, Juan Giner, concejal de Vivienda, asegura que el sector privado ha encontrado en Valencia un entorno de certidumbre que ha reactivado inversiones por valor de 300 millones de euros.
Este flujo de capital no solo se limita a los grandes PAIs, sino que se extiende a zonas como Malilla,- la adjudicación de las obras recae en la empresa Torrescámara por un importe de 5 millones de euros. Por otro lado, en cuanto a la dirección de obras, se presentaron tres ofertas y, finalmente, la propuesta de adjudicación es para Oficina Téncia Tes-. También el PAI de Moncayo -impulsado por el agente urbanizador Iturbi-Moncayo Desarrollo S.L.-, o el de San Marcelino – en el que las empresas que hay detrás de este proyecto son principalmente las promotoras inmobiliarias LandCo y Urbem-.
Desde el consistorio explican que el modelo de gestión pública directa anterior resultó ser «muy lento», lo que ha motivado la transición hacia un modelo mixto. En este sentido, la agilización de licencias y la comunicación fluida con los agentes sociales y económicos han sido determinantes para que los inversores perciban a la ciudad como un territorio de oportunidad y rigor técnico.
El Plan de choque habitacional desde la inversión municipal
La estrategia habitacional del consistorio valenciano no solo descansa en el desbloqueo de grandes sectores urbanísticos, sino en una política de adquisición directa de activos, que ha movilizado 60.341.826 euros.
Esta cifra, que multiplica por diez lo ejecutado en el periodo 2015-2023, cuando gobernó el Ayuntamiento Joan Ribó, de Compromís, en coalición con el PSOE.
La apuesta de Maria José Catalá (PP) se articula a través de tres ejes principales: el ejercicio de derechos de adquisición preferente, la compra directa a entidades bancarias y el avance de la obra pública municipal.
Entre otras cosas, el actual equipo de gobierno ha utilizado el derecho de tanteo y retracto —una prerrogativa legal que permite a la administración igualar la oferta de un comprador privado— en dos ocasiones para consolidar el parque público.
Bajo esta fórmula se han ejecutado operaciones como la del edificio en La Torre por 9.004.690,10 euros. El inmueble, que pertenecía a Inmo Criteria Arrendamiento SLU, iba a ser traspasado a la Socimi Ktesios Real Estate. El consistorio activó el derecho de tanteo tras la cesión de competencias por parte de la Generalitat, incorporando así 134 viviendas, 76 plazas de garaje y 60 trasteros al patrimonio municipal. Según informes técnicos, el coste de adquisición (unos 67.000 euros por vivienda) se situó sustancialmente por debajo del valor de mercado.
El otro caso en el que se utilizó el sistema de tanteo y retracto, fue la del edificio en Safranar. Con una inversión de 20,8 millones de euros, el Ayuntamiento adquirió a la promotora Via Célere este bloque de nueva construcción que dispone de 131 viviendas, 83 garajes y 131 plazas de bicicleta.
Este activo resultó crítico durante la crisis habitacional provocada por el incendio de Campanar, permitiendo el realojo inmediato de las familias afectadas, y actualmente se gestiona bajo el régimen de alquiler asequible.
Para complementar estas compras en bloque, el Servicio de Vivienda ha formalizado la adquisición directa de ocho viviendas a la Sareb, que se han destinado específicamente a reducir la lista de espera del registro de demandantes.
Sin embargo, más allá de la compra de inmuebles terminados, la inversión de 60 millones incluye las certificaciones de obra en curso gestionadas por la empresa pública AUMSA. Destaca el edificio de la Avenida de los Naranjos, cuya construcción se retomó tras problemas técnicos previos y que albergará 75 viviendas de protección pública en régimen de alquiler. Con un presupuesto de 8,5 millones, se prevé que las obras finalicen en el primer trimestre de 2026.
Operaciones y gestiones que han permitido que, a mitad de mandato, el Ayuntamiento ya tenga 900 viviendas en fase de construcción o adjudicación, de las cuales un tercio (304 unidades) ya han sido entregadas, superando la producción habitacional acumulada en los ocho años anteriores.
