‘Caso Alquería’: 15 cargos del PSPV y Compromís procesados por presunta prevaricación y malversación

Los procesados habrían utilizado una empresa pública para colocar en los puestos directivos a personas afines de ambos partidos

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Actualmente hay dos investigaciones en curso de las dos últimas legislaturas de la institución provincial. Diputación de Valencia

Nuevos problemas para los socios del Botànic. El Juzgado de Instrucción número 9 ha procesado al expresidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, y a 14 cargos del Partido Socialista del País Valencià (PSPV) y Compromís por unos presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos.

Estos hechos se habrían producido a través de la empresa pública, Divalterra, dedicada a impulsar las «actividades económicas, empresariales y sociales desarrolladas en los municipios de la provincia de Valencia». En esta se habría contratado de forma «simulada» para colocar a personas afines a los partidos en los cargos directivos.

Entre los gerentes de Divalterra, José Ramón Tíller (PSPV) y Agustina Brines (Compromís), junto con el expresidente habrían diseñado un plan para realizar «un presunto desvío2 de los fondos.

Por ello, se ha dictaminado que se abrirá un juicio oral contra estas 15 personas y que tendrá que ser ratificado por la Audiencia Provincial. Según ha informado Valencia Plaza, el juez ha cuantificado en 1,1 millones la cantidad malversada en esta trama.

Los 14 procesados son: Ricard Gallego, Jorge Cuerda, Manuel Reguart, Xavier Simó, Agustina Brines, Pau Pérez, José Luis Melero, Soledad Torija, Raúl Ibáñez, Manuel Carot, Miguel Ángel Ferri, Salvador Femenía, Víctor Jiménez y José Ramón Tíller

El caso Alquería

En junio de 2018, Jorge Rodríguez fue detenido junto a otros cinco cargos por la contratación a dedo de directivos de Divalterra con sueldos superiores a 50.000 euros anuales. Ese mismo día el secretario general del PSPV y ‘president’ de la Generalitat, Ximo Puig, le suspendió de todos los cargos dentro del partido.

La denuncia la interpuso Ciudadanos dos meses antes, alegando que en las contrataciones se había ignorado «los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad» con tal de «elegir a aquellos que la gerencia decida por ser militantes de sus partidos».

Pese a que fue este partido el que presentó la denuncia, la Fiscalía Anticorrupción de Valencia ya estaba al tanto por un ‘soplo’ de un empleado de la empresa pública.

El entonces secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, también declaró que Rodríguez debía dimitir y reclamó responsabilidades políticas. Mientras, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no quiso opinar sobre estos hechos y dijo que el caso sería estudiado.

No es la primera vez que se producen este tipo de hechos en Divalterra. Antes de la llegada del PSPV y Compromís a la Generalitat, esta institución se llamaba Imelsa, y el presidente de la Diputación era Alfonso Rus del PP. En 2016 fue detenido por una trama de corrupción.