El Gobierno admite ahora que necesita cambios de Mazón para invertir 1.300 millones en el Puerto de Valencia

Un día después de anunciar el plan de la ‘Ciudad de la industrialización de la construcción’ en la que Pedro Sánchez ha prometido 1.300 millones en un PERTE centrado en el Puerto de Valencia, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, reconoció a preguntas de Economía Digital que necesita cambios normativos para que su proyecto sea factible.

Tal y como informó ayer este periódico, las dos parcelas del SEPES sobre las que el Gobierno de España quiere levantar el centro industrial para las viviendas tienen un uso logístico, lo que significa que se expropiaron para el desarrollo de actividades de almacenaje y no se pueden instalar actividades industriales como las previstas.

«En cualquier caso, siempre hay instrumentos en las administraciones públicas para trabajar sobre estas cuestiones», apuntó la ministra en referencia a la diferencia que hay entre el uso que le quiere dar a las parcelas del Sepes y el uso logístico que permite el plan de usos de la Zona de Actuaciones Logísticas del Puerto de Valencia.

Este plan depende del gobierno autonómico dirigido por Carlos Mazón, aunque el foco de la ministra se dirigió a Maria José Catalá, alcaldesa de Valencia, que fue la primera en advertir de los riesgos jurídicos que tenía la iniciativa de Pedro Sánchez. La ministra dijo: «Lo que esperaría del Ayuntamiento de Valencia y su alcaldesa es que en lugar de estar poniendo o viendo problemas estuviera pensando en las soluciones en caso de que los hubiera».

Esta reacción llega después de que Catalá dijera: «En la zona de actividad logística tiene que ir actividad logística y no una actividad de industria, sobre todo por cuestiones como los problemas jurídicos que pudiera tener incluso la expropiación inicial de los terrenos que se hizo con un fin y que podría no coincidir». La alcaldesa remarcó la necesidad de diálogo entre las administraciones para llevar a cabo proyectos en los que hacen falta permisos de diferentes gobiernos.

La vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, caminó ayer por la misma senda la incidir en que “nuevamente Sánchez hace un anuncio, sin comunicar, sin consensuar, sin trabajar con las partes afectadas”, dado que el órgano gestor de la ZAL está participado por la propia Generalitat, el Ayuntamiento de Valencia y el Sepes, que es precisamente quien cedería esos terrenos.

Silencio de Mar Chao, presidenta del Puerto de Valencia

En este punto, la Autoridad Portuaria de Valencia que dirige Mar Chao se erige como el protagonista más relevante. El Plan de Usos de la Zona de Actuaciones Logísticas del Puerto de Valencia que firmó la Generalitat se hizo para el negocio logístico portuario y la creación allí de una ‘Ciudad de la industrialización de la construcción’ supondría un ataque directo a los intereses portuarios.

Además, la Autoridad Portuaria de Valencia es una institución que tiene en su consejo sentados a representantes del gobierno central, del autonómico y del Ayuntamiento de Valencia. La presidencia del puerto tiene, por tanto, la capacidad de mediar. Tradicionalmente, sus reuniones de carácter casi mensual iban acompañadas de una rueda de prensa que la presidencia del Puerto de Valencia utilizaba para marcar agenda.

Mar Chao renunció a comunicar y ahora que la capacidad logística alrededor del puerto de Valencia se ve amenazada opta por el silencio ante los deseos de Moncloa de utilizar para fines no logísticos terrenos peleados durante décadas en los tribunales para que formaran parte de la ZAL.