La Generalitat pide 4 años de prisión para el hermano de Ximo Puig por un presunto fraude en subvenciones

El hermano del expresidente está acusado de falsedad documental y estafa agravada por el presunto uso fraudulento de subvenciones públicas entre 2015 y 2019

El president de la Generalitat, Ximo Puig. EFE/ Biel Aliño

El president de la Generalitat, Ximo Puig. EFE/ Biel Aliño

La Abogacía de la Generalitat Valenciana ha solicitado la apertura de juicio oral contra el hermano del expresidente Ximo Puig, Francisco Javier Puig Ferrer, y Juan Enrique Adell Bover, acusados de haber participado en un presunto fraude continuado en la obtención de ayudas públicas destinadas al fomento del valenciano en medios de comunicación.

Según el escrito de acusación presentado ante el Juzgado de Instrucción nº 4 de Valencia, al que ha tenido acceso ECONOMÍA DIGITAL, ambos habrían utilizado un entramado de sociedades, algunas consideradas ficticias, para simular gastos y emitir facturas falsas o duplicadas con el objetivo de incrementar ilícitamente las subvenciones recibidas entre 2015 y 2019, justo cuando Ximo Puig era presidente de la Generalitat.

Las empresas implicadas, entre ellas Comunicacions dels Ports S.A., Mas Mut Produccions S.L. y Canal Maestrat S.L., habrían presentado documentación irregular para acceder a las ayudas convocadas anualmente por la Generalitat a través de la Orden 22/2015 y posteriores. Estas subvenciones estaban dirigidas a cubrir exclusivamente los costes directamente vinculados a la producción y difusión de contenidos en valenciano, sin incluir inversiones en patrimonio ni la compra de derechos de autor.

La investigación ha apuntado a que las compañías simulaban gastos con facturas emitidas entre ellas, algunas sin justificación real o con conceptos no subvencionables. Además, se habrían usado domicilios sociales considerados ficticios por la Policía Judicial, como es el caso de la sede de Mas Mut Produccions en Peñarroya de Tastavins, y se detectó autofacturación y cruce de facturas entre empresas vinculadas por los mismos administradores.

El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig. EFE/Miguel Ángel Polo

Los informes elaborados por la Policía Judicial y la Intervención General de la Generalitat han concluido que se produjo una obtención indebida y fraudulenta de fondos públicos a través de un patrón de facturación anómalo, gastos inexistentes y falta de acreditación de pagos a proveedores.

Piden hasta 4 años de cárcel para el hermano de Ximo Puig

La Abogacía de la Generalitat Valenciana ha solicitado penas de prisión de hasta cuatro años para Francisco Javier Puig Ferrer por su presunta implicación en el fraude de subvenciones públicas destinadas al fomento del valenciano en medios de comunicación.

El Ministerio Público le imputa los delitos de falsedad documental continuada en concurso con estafa agravada, o, de forma subsidiaria, apropiación indebida agravada. Las penas solicitadas oscilan entre dos años y medio y cuatro años de prisión, además de multas económicas y la inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. En caso de impago de la multa, se contempla una responsabilidad personal subsidiaria de cinco meses de prisión.

La Abogacía reclama también una indemnización de 58.866,69 euros al hermano de Ximo Puig por su responsabilidad como administrador de la empresa Masmut Produccions S.L., una de las sociedades señaladas en la trama. Asimismo, solicita una indemnización solidaria de 74.710,75 euros a Puig Ferrer y al también investigado Juan Enrique Adell Bover por facturaciones cruzadas entre las empresas.

Adell Bover está acusado de haber actuado como cooperador necesario en los delitos atribuidos a Puig Ferrer, y se enfrenta a penas similares por su presunta participación en el esquema fraudulento.

La Abogacía de la Generalitat ha solicitado que se abra juicio oral contra los acusados, tras una investigación que apunta a un uso fraudulento de fondos públicos dirigidos a la promoción del valenciano en medios de comunicación, una práctica que podría haber ocasionado un perjuicio económico significativo a las arcas públicas.

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