La Conselleria envía a la Fiscalía los datos de las vacunaciones irregulares un mes después
El ministerio público investiga a ocho cargos, entre ellos varios políticos socialistas y populares, por haberse saltado presuntamente la lista en la campaña de vacunación
Dos meses después de que se desatara la polémica por la vacunación anticipada de varios cargos públicos de la Administración valenciana, la Conselleria de Sanidad ha comenzado a remitir ahora la documentación sobre cada uno de los casos a la Fiscalía, que estudia si han incurrido en algún delito por saltarse los protocolos sanitarios.
La Fiscalía Provincial de Alicante puso en marcha la maquinaria judicial a principios de febrero, después de recibir varias denuncias a título particular de diferentes asociaciones vecinales. Fue entonces, cuando requirió la información al Gobierno de la Comunidad Valenciana, que ha tardado más de 30 días en mostrar su colaboración, según ha publicado Levante–EMV.
El ministerio público estudia los casos de ocho cargos públicos de la región que presuntamente se colaron en las listas de la campaña de vacunación, a pesar de no pertenecer al primer grupo prioritario para acceder a la inmunización. Era el momento, en el que apenas había dosis suficientes para comenzar a inyectar dosis en los ancianos de las residencias y el personal sociosanitario.
Entre los investigados figuran varios dirigentes socialistas y populares, así como altos cargos de la Iglesia. Por la bancada socialista, se encuentran los dirigentes Ximo Coll, Carolina Vives y Cristina Morera, mientras que por el lado popular figuran: Bernabé Cano, Juan Bautista Roselló y José Galiano. La causa también se centra en el obispo de la Diócesis de Orihuela-Alicante, Jesús Murgui, que supuestamente se vacunó junto a dos miembros de su familia.
La Fiscalía pide los certificados de vacunación de los denunciados
El fiscal ha solicitado la normativa estatal que refleja los criterios para el establecimiento de los grupos de riesgo, así como el calendario de vacunación previsto en la Comunidad Valenciana. También buscan comprobar si hay un certificado que avale que los ocho denunciados han recibido la primera dosis, en qué centro sanitario lo hicieron y de la mano de qué profesional.
Una vez que el ministerio público cuente con toda la información necesaria analizará uno por uno cada uno de los casos para evaluar si han incurrido en algún delito del Código Penal. El documento de las diligencias previas ya apuntaba a un posible caso de prevaricación por haberse saltado las listas oficiales e incluso de malversación, teniendo en cuenta que se trata de un bien escaso para la ciudadanía y que ha supuesto un importante desembolso público.
