Unidas Podemos busca limitar el poder de los ‘lobbies’ en Les Corts

El papael de los ‘lobbies’ en los grandes organismos gubernamentales siempre ha sembrado polémica. Desde Unidas Podemos se han mostrado, a nivel nacional, en contra de esta práctica y este martes el mismo partido de la Comunitat Valenciana ha vuelto a reafirmar su postura.

De hecho, el grupo de Les Corts, Unides Podem-Esquerra Unida, está ultimando una propuesta para  incluir un nuevo título en el reglamento de Les Corts que regule la actividad de influencia de los ‘lobbies’ en los acuerdos adoptados, bajo la rúbrica ‘De los grupos de interés’, para evitar «presiones» a los diputados.

También se busca que se hagan públicos los contactos que pretendan influir en las decisiones que toman los diputados, mediante el establecimiento de una serie de mecanismos de publicidad y el registro obligatorio de estos grupos.

Los diputados tienen «el deber de defender los intereses de la mayoría social y no de los privilegiados»

«La existencia de grupos de presión o ‘lobbies’ que intentan influenciar en la toma de decisiones de los cargos públicos es un hecho, porque tomamos decisiones y legislamos sobre asuntos que afectan a muchas personas y pueden afectar a intereses económicos muy poderosos», explica la portavoz adjunta, Estefania Blanes.

«Muchas se dejan influenciar», ha añadido. Para la política, los diputados tienen «el deber de defender los intereses de la mayoría social y no de los privilegiados. Ha llegado el momento de regular estas situaciones en Les Corts».

Código de conducta, registro de las reuniones y las modificaciones legislativas

Además de un código de conducta de cumplimiento obligatorio, se ha planteado el registro obligatorio de todos los grupos de interés o ‘lobbies’ que quieran contactar con parlamentarios para influenciarles.

También proponen que los partidos den a conocer el contenido de las reuniones y los contactos presenciales o telemáticos que se hagan, y todas las modificaciones legislativas que propongan los grupos parlamentarios como consecuencia de los contactos con estos grupos de interés.

Asimismo, se considera que en caso de incumplimiento, ambas partes fuesen sancionadas. «En definitiva, que los intentos de influenciar en la toma de decisiones de las y los diputados sean públicas y que se sancione a quien incumpla unos parámetros claros de legalidad y ética», resume la representante de EUPV.