El Supremo abre una vía para el acuerdo entre Abertis y el Gobierno

La reclamación de Abertis al Gobierno acerca de Acesa, por la que pide una compensación de más de 2.000 millones de euros, sería un golpe al Gobierno. Tanto ahora, para cuando se esperaba la sentencia del Supremo, como en 2021, para cuando el tribunal ha pospuesto la decisión. Por ello, y porque a la concesionaria tampoco le interesa estar a malas con el ejecutivo del que dependen una parte importante de sus ingresos, se ha abierto una posible vía de acuerdo.

La decisión del TS, dada a conocer este jueves, de inhibirse de fallar sobre la reclamación de Abertis por Acesa, abre posibles alternativas. El Supremo decidió dar un patadón a seguir al caso, hasta 2021, con el argumento que es entonces cuando vence la concesión. Fuentes del sector explicaron que este tiempo, de más de dos años, será aprovechado por ambas partes para acercar posturas, y Abertis lo intentará.

“Hay que buscar una solución alternativa, aunque habrá que ser imaginativo”, explicó a Economía Digital una fuente cercana a la compañía. La clave es que estos dos años deben utilizarse, no desperdiciarse para seguir con el enfrentamiento. Pero es necesario que el Gobierno abra la mente respecto a la eliminación de los peajes.

Abertis da por perdida la concesión de Aumar, que vence el 31 de diciembre de este año, pero cree que no todo está perdido en 2021 con Acesa, su mayor concesionaria en España, la que justifica 308 millones de beneficios al grupo Abertis. Para replantear la situación, la compañía participada por Atlantia, ACS y Hochtief tiene previsto verse con el nuevo gobierno en cuanto se constituya y abrir un diálogo.

Abertis: fin de los peajes o nuevas opciones

El gobierno de Sánchez, como los anteriores, ha dicho por activa y por pasiva que no va a alargar las concesiones que venzan durante su legislatura, ni va a sacar otra vez la concesión a concurso. Se acabaron los peajes en España. Pero quizá detrás de esta decisión no había el cálculo de los 3.000 millones que le reclama Abertis y que, pese a la decisión del Supremo, todo apunta a que deberá pagar.

El escenario que se abre ahora es incierto, pero la compañía que dirige José Aljaro buscará un acercamiento, y al Gobierno le interesa, por lo que Abertis intentará verse con José Luis Ábalos o quien sea el ministro de Fomento. La solución no será sencilla ni obvia, pero se buscará.

Es difícil plantear un alargamiento de la concesión, y en la empresa lo saben, por lo que deberán ser imaginativos y buscar otras alternativas, quizá nuevas. Por ejemplo, mantener la gestión pero sin peajes físicos, con peajes a la sombra, es decir, el pago en función del tráfico. O con un contrato solo de mantenimiento, como el Gobierno ya ha hecho con la A-1.

Los peajes a la sombra no son la especialidad de Abertis: no tiene concesiones de este tipo porque en su anterior etapa —con La Caixa como socio de referencia y Salvador Alemany primero y Francisco Reynés después como máximos directivos— no creía en esa modalidad. Pero ACS sí tiene alguna concesión de este tipo y no puede descartarse ahora que quién manda en la compañía son los italianos de Atlantia y la constructora de Florentino Pérez.

Abertis reclamaba al Gobierno una compensación de 3.000 millones de euros por no alcanzarse el volumen de tráfico previsto por contrato en la ampliación de las concesiones de Acesa y Aumar. Unos 900 de capital invertido estarían asegurados, mientras que lo que debía decidirse era unos 2.000 millones de indemnización. De estos, una parte, los 789 millones de Aumar, ya han sido denegados, mientras que queda pendiente el grueso de Acesa.

Acesa es la concesionaria de autopistas más importante de España y gestiona dos tramos de la AP-7, de La Jonquera a Tarragona, y uno de la AP-2, de Zaragoza a Tarragona. Todas estas concesiones vencen en 2021. Aumar tiene un tramo de la AP-7, entre Tarragona y Alicante, y otro de la AP-4 entre Sevilla y Cádiz.