La oposición fuerza a CiU a fiscalizar Ficosa

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ENTRADA DE PANASONIC EN EL CAPITAL

El consejero delegado de Ficosa, Xavier Pujol, en una imagen de archivo

en Barcelona, 11 de marzo de 2015 (12:45 CET)

Los grupos de la oposición incrementan la presión sobre CiU para forzarla a intervenir en Ficosa, una de las compañías catalanas que más titulares ha copado en los últimos años por sus problemas económicos y por la vinculación de sus directivos con el caso ITV. PSC, ICV-EUiA, ERC, PP y Ciudadanos han dado luz verde este miércoles a una moción que obliga al Gobierno de Artur Mas a ocupar las dos sillas que le corresponden en el consejo de administración del grupo y que decidió dejar vacías en su primer mandato.

La representación en el máximo órgano de decisión de la compañía de la familia Pujol será básica para poder informar a la plantilla de la estrategia empresarial que se sigue. También servirá para fiscalizar cómo se cierra la entrada de Panasonic en el capital del grupo como socio minoritario. La operación llega a su etapa final y los trabajadores han denunciado la falta de transparencia en el proceso.

Autoridad laboral

La dirección de Ficosa, encabezada por Xavier Pujol, ni siquiera ha confirmado el reparto exacto del capital del grupo entre su familia y el nuevo socio, Panasonic. La plantilla teme que se apliquen nuevos recortes.

Por ello, la resolución aprobada en la comisión de Empresa este miércoles también señala que se seguirá la "situación del grupo Ficosa en el marco del programa de reactivación industrial y especialmente del plan industrial que resulte de la entrada del nuevo socio".

Créditos públicos


En esta ocasión, CiU también ha dado luz verde al texto que indica que "como autoridad laboral, haremos cumplir a Ficosa sus obligaciones frente a los trabajadores".

La razón por la que la Generalitat tiene la posibilidad de incorporarse a los órganos de gestión de la compañía radica en los créditos públicos que la empresa recibió del Ejecutivo catalán para evitar su colapso financiero. La cifra rondó los 50 millones de euros y era préstamos participativos. La parte de los créditos que no se atiende a su vencimiento se convierte en acciones de la firma.
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