Las normativas de Madrid regulan el uso de los patinetes particulares y de alquiler.

Wind desafía a Colau de la mano de Saba

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Los patinetes Wind, que fueron retirados en 48 horas en Barcelona el pasado año, regresa a Barcelona con un acuerdo estratégico con Saba (Criteria)

Barcelona, 09 de julio de 2019 (13:26 CET)

El anuncio del regreso de los patinetes Wind a Cataluña supone un desafío a la política de movilidad de Ada Colau, polémica por limitar la competencia entre este tipo de empresas. La compañía alemana ha comunicado este martes la reanudación de su servicio de patinetes eléctricos compartidos en Barcelona, donde ha trasladado la actividad operacional, de negocio y la parte tecnológica de Berlín

La startup, que en su primer intento de operar en la capital catalana vio cómo sus patienetes eran retirados de la calle a las 48 horas, ha lanzado el servicio gracias a la colaboración de diferentes espacios privados.

Uno de los acuerdos estratégicos es con la empresa de aparcamiento Saba, la empresa propiedad de Criteria, el holding de La Caixa. Otro socio clave en la llegada de Wind es Bamsa, empresa que depende en un 60% de Saba. También se ha llegado a acuerdos con campus universitarios, centros comerciales y edificios de oficinas.

De acuerdo a la normativa municipal, en Barcelona no está permitido aparcar estos vehículos en el espacio público. Es por eso que el responsable para el sur de Europa de Wind Mobility, Gerard Sellarès, ha explicado que "ya se está negociando con actores claves de la ciudad para incorporar nuevos aparcamientos en los próximos días".

Fuentes municipales trasladan a Economía Digital que han tenido constancia de la llegada de Wind por segunda vez en Barcelona, pero todavía deben de analizar si la compañía cumple con las condiciones que impone el ayuntamiento.

Un reglamento polémico

La normativa con la que el Ayuntamiento de Barcelona regula la movilidad urbana, con la limitación de motos y coches compartidos y la prohibición de patinete, no gusta nada a diferentes voces del sector, como la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO).

Según adelantó este medio, la ACCO realizó un informe contrario a Colau en el que se advertía del carácter discriminatorio de la regulación. La normativa del ayuntamiento, según se explicó en el documento, “limita el crecimiento” de las empresas que ya operan y considera además que esta iniciativa “deja un margen mínimo para atender un eventual crecimiento futuro de esta demanda”. 

Esta actuación del Ayuntamiento de Barcelona plantea riesgos para el mantenimiento de la necesaria neutralidad competitiva del mercado. Uno de los motivos es que el ente municipal se vuelve regulador de un sector en el cual es, al mismo tiempo, operador económico a través del bicing.

De hecho, hasta el momento solo hay una empresa de patinetes compartidos que opera en Barcelona: Reby. El consistorio cree que esta empresa no opera de acuerdo a la normativa porque, entre otras cosas, no utiliza un guía . Desde la empresa española, en cambio, siempre han asegurado que su modelo de negocio cumple con la normativa. 

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