Los agujeros en el embargo "total" de armas a Israel: las bases de EEUU, la UE y la "excepción" del Gobierno

El Gobierno ha aprovechado la celebración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con todos los ojos puestos en el reconocimiento de varias potencias clave como Francia o Reino Unido del Estado de Palestina, para seguir adelante con la campaña de presión internacional a Israel y aprobar el «embargo total» del comercio de armas con este país.

El Consejo de Ministros aprobó este martes un Real Decreto-Ley que ya desde su título es una declaración de intenciones, ya que es «de medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina», aunque en términos prácticos solo consolida algo que ya se venía haciendo (el veto a Israel en determinadas licitaciones) y tiene tantas excepciones que está lejos de ser un verdadero golpe al comercio con Israel.

Un extremo que reconoció el propio ministro de Economía y Comercio, Carlos Cuerpo, que fue el encargado de presentar el «embargo total» en la rueda de prensa posterior a la reunión del gabinete, pero que también señaló su escaso impacto económico: «Si tenemos en cuenta el volumen total de comercio con Israel, estamos hablando de cantidades poco significativas para el total del comercio de nuestra economía, en torno al 0,5% del total de las exportaciones». Sí aseguró que el impacto podría ser «significativo» para aquellas empresas radicadas en territorios ocupados.

En resumen, el Real Decreto-Ley prohíbe las exportaciones con destino a Israel y las importaciones con origen en ese país de material de Defensa o tecnologías de doble uso. Este veto alcanza también a la compra de productos y la publicidad de bienes y servicios procedentes de empresas en territorios ocupados. Además, deniega todas las solicitudes de tránsito para los combustibles de aeronaves que puedan utilizarse para fines militares.

Sin embargo, en el articulado se ha incluido una disposición adicional que permite al Consejo de Ministros levantar esta prohibición de manera excepcional por razones de «interés general», una cláusula habitual en los textos legales pero que ha provocado un tremendo enfado en el socio menor de la coalición, Sumar, que ya ha avanzado de que tratarán de eliminar dicho supuesto en la tramitación parlamentaria del decreto.

Fuentes del Gobierno restaron importancia a este mecanismo de emergencia y subrayaron que la «desconexión» de España con Israel, al menos en términos de las Fuerzas Armadas, ya está bastante avanzado y no se ha hecho pensando en un producto o servicio puntual. De hecho, apuntan a que Defensa ya lleva meses trabajando con la industria armamentística nacional el relevo de los sistemas que puedan depender de Israel. La ‘número dos’ de Margarita Robles, Amparo Valcarce, ya avanzó este martes en el Congreso que el Ejército sustituirá los misiles ‘Spike’ por sistemas de fabricación europea.

Sin embargo, no es el único ‘agujero’ en el embargo «total», como lo definió el ministro Cuerpo. Hay dos muy relevantes por donde puede escapar ese comercio para evitar el veto del Ejecutivo español.

Por un lado, las bases de Estados Unidos en España en Morón de la Frontera (Sevilla) y en Rota (Cádiz). En ambos casos, el acuerdo firmado con Washington permite que pueda circular armamento y tecnología de doble uso por esos terrenos cedidos al Ejército estadounidense sin que España pueda vetarlo. Y los gestos de la Casa Blanca al Ejecutivo de Benyamin Netanyahu no cesan. De hecho, el propio texto del decreto evita el tránsito del combustible pero no menciona el del propio armamento.

En este sentido, las mismas fuentes del Gobierno señalan que este Real Decreto-Ley no puede modificar un Tratado Internacional con otro Estado, por lo que no pueden impedir que se empleen las bases con ese fin.

El otro agujero importante son las desviaciones a través de terceros países de la Unión Europea, que podrían utilizarse para evitar el veto español.

«En el marco de una unión aduanera estaremos pendientes y vigilantes de si existe ese desvío procedente de otros países de la Unión y será parte de la rendición de cuentas que hagamos de manera trimestral en el Congreso de los Diputados», dijo Cuerpo al ser preguntado por este asunto durante la rueda de prensa.

Además, no se tiene en cuenta tampoco la posibilidad de las filiales de empresas israelíes y solo se prohíbe la importación de productos de los territorios ocupados, lo que resta ambición a la medida.

Una vez aprobado en el Consejo de Ministros (la norma se retrasó dos semanas por su complejidad técnica), el Real Decreto-Ley tendrá que ser convalidado por el Pleno del Congreso de los Diputados en un plazo de 30 días. Y, de nuevo, las posturas de los socios pueden hacer que decaiga. En el Gobierno se ponen como objetivo su validación por la Cámara baja antes de abrir la puerta a cambios, aceptando tramitarlo como proyecto de ley.

El Ejecutivo compartió durante el fin de semana el texto del Real Decreto con los grupos parlamentarios que habitualmente dan su apoyo a la coalición. Y estas mismas fuentes dicen que «hay mucha voluntad de llegar al máximo», pero que exceden el ámbito español. Algunas van en la línea de levantar las preferencias arancelarias con Israel, como ha propuesto la Comisión Europea. Pero para ello hay que convencer a capitales como Berlín o Budapest, una tarea compleja.

De hecho, en el Gobierno no descartan tocar la puerta del PP, que en las últimas semanas ha ido variando su postura sobre la «masacre» de Gaza, como la definió su presidente, Alberto Núñez Feijóo, la semana pasada durante la sesión de control al Gobierno. Con todo, que los ‘populares’ salven una votación está complicado. Y con Podemos en posiciones de máximos y Junts valorando su apoyo al Ejecutivo, este decreto podría ser otro más de los que decaigan esta legislatura.