BBVA, tras el fiasco de Sabadell: la falta de «consenso» en política es «un lastre» para el crecimiento

Una de cal y otra de arena. El BBVA actualizó este martes sus previsiones económicas y disparó al 3% y al 2,3% la proyección de crecimiento del producto interior bruto (PIB) para 2025 y 2026, más de medio punto por encima de su anterior cálculo, debido a un tejido productivo más resiliente de lo esperado y unos efectos menos adversos de la guerra comercial sobre España.

Pero, y menos de una semana después de que la opa hostil que lanzó sobre el Banco Sabadell, lanza un contundente mensaje casi al final de su informe económico: «Mientras la incertidumbre comercial se reduce, la interna aumenta. La falta de acuerdos y consenso suponen un lastre para el crecimiento».

El departamento de estudios de la entidad sitúa la división política dentro los cuellos de botella al crecimiento económico, al mismo nivel que la atonía de la inversión o la falta de avances en la productividad del trabajo mientras aumentan los costes laborales. Los economistas del banco también apuntan la necesidad de «una planificación transparente del proceso de consolidación de las cuentas públicas», algo que, en ausencia de Presupuestos Generales del Estado, es complicado.

«La fragmentación política y la falta de consenso continúan afectando negativamente a la actividad», dice la entidad, lo que impide «resolver buena parte de estos problemas» y se habría tornado más relevante a la vuelta del curso, una vez despejadas las dudas sobre la guerra comercial desatada por la Casa Blanca. Con el panorama internacional más despejado, las dudas vuelven a surgir de dentro.

Ya hace un par de semanas el banco advirtió que el ruido de la política alcanza niveles ensordecedores. Así, constató un repunte de las tensiones en España tras el inicio del curso y al calor de las protestas pro-palestinas en contra de la ocupación de Israel a la Franja de Gaza, unas cotas de aumento «extremos» que, en el caso de la división política local, solo tienen comparación con lo que está sucediendo en Estados Unidos tras apenas diez meses de la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca.

Las dudas se trasladan en cuanto a la ejecución de los fondos europeos del Plan de Recuperación, por ejemplo. En el centro de estudios contemplan dos escenarios de cara a los próximos meses: uno de ejecución alta, en el que el gasto se acelera y se despliegan el 100% de las inversiones financiadas con las transferencias a fondo perdido hasta agosto de 2026; y uno más bajo, con una ejecución mensual similar como hasta ahora (alrededor de 1.100 millones de euros) y solo se alcanza el 90% de las inversiones.

La política aquí es clave porque la consecución de ese 100% de las transferencias pasa por que el Gobierno apruebe algunos hitos legislativos que desbloqueen ese ‘maná’ europeo. En las últimas semanas, el Ejecutivo consiguió la luz verde a una de las normas claves, la Ley de Movilidad Sostenible, pero aún hay otras (como la de Familias o la de Industria) cuyo recorrido parlamentario es complicado.

Lo que sí da por perdido el banco son la mayoría de los 80.000 millones de euros en créditos blandos. «En todo caso, se espera que la ejecución de los préstamos del Plan sea reducida, con un impacto marginal en el crecimiento», señalan.

La fragmentación tampoco ayuda a la hora de resolver el principal cuello de botella que enfrenta la economía, la vivienda, que absorbe gran parte de la renta disponible de las familias y, al mismo tiempo, limita la movilidad del mercado laboral, con determinadas zonas del país en las que se acusa una falta de mano de obra vinculada a la disponibilidad de alojamiento.

Por otro lado, la productividad del trabajo parece perder fuelle. Y aquí es clave también la situación parlamentaria: «Es clave estudiar la caída del número de horas por trabajador y la contribución de la composición sectorial, de la inmigración, del envejecimiento (y su efecto sobre las bajas laborales), del aumento del Salario Mínimo Interprofesional, o del cambio de otras políticas públicas«.

Dudas también, señala BBVA Research, sobre la senda de reducción del déficit público y del nuevo marco europeo de gobernanza económica, algo que es bastante difícil de conseguir sin unos Presupuestos. «El cumplimiento de las reglas fiscales, exigirá un notable esfuerzo de control del crecimiento del gasto público y un ajuste estructural promedio anual de 0,4 pp del PIB durante el próximo quinquenio», recuerdan desde el BBVA. Una necesidad de ajuste mientras aumenta el gasto en partidas muy sensibles como el envejecimiento o la defensa.

Y más si a ello se suma la propuesta del Gobierno para reformar la financiación autonómica, algo que aún no se ha puesto encima de la mesa, o la propia condonación de más de 80.000 millones de deuda de los gobiernos regionales, que podría sumar una presión adicional a las cuentas del Gobierno del central. Ambas cuestiones son «un reto», dicen los economistas, para las finanzas públicas.