Cataluña y País Vasco suman ya el 25% del agujero de las pensiones

Dos comunidades autónomas explican un cuarto del déficit en las pensiones españolas: Cataluña y País Vasco, que en total suman números rojos por valor de 6.700 millones hasta junio, uno de cada cuatro euros que el Estado ha de compensar para el pago de las jubilaciones. Si bien ninguna de las regiones españolas cubre con sus cotizaciones el gasto de la Seguridad Social, estas dos (junto con Andalucía) lideran el podio deficitario, mientras una pide una financiación singular y, la otra, gestionar el régimen económico.

Los últimos datos de ejecución de la Seguridad Social, correspondientes al mes de junio, arrojan un déficit de 25.586 millones de euros de la Seguridad Social para el gasto en pensiones. Esta cifra sale de restar el gasto en las pagas por jubilación, invalidez, viudedad, orfandad y en favor de familiares a los ingresos por cotizaciones sociales en cada uno de los territorios. No se tiene en cuenta, pues, el gasto en subsidios de la Seguridad Social (como los de bajas o prestaciones por paternidad) a la hora de hacer el cálculo.

Por ponerlo en perspectiva, en solo seis meses la Seguridad Social ha acumulado un déficit en el pago en pensiones que multiplica por cuatro el gasto en políticas de vivienda previsto para este año (6.312 millones, de acuerdo con los últimos estadillos del Ministerio de Hacienda).

En total, la Seguridad Social destinó 76.705 millones de euros en los seis primeros meses del año a abonar pensiones. Pero solo ingresó 51.118 millones de las cotizaciones sociales que pagan asalariados y autónomos, así como de la rúbrica del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Este es un recargo creado por el exministro José Luis Escrivá en su reforma del sistema para financiar la conocida como hucha de las pensiones, y que ha recaudado 1.180 millones en lo que va de 2025.

Comunidad por comunidad, Cataluña es la región con un déficit más abultado, con 4.115 millones de desfase hasta junio; seguida de Andalucía (3.827 millones) y el País Vasco (2.548 millones). En las dos primeras el resultado tiene cierto sentido, habida cuenta de que son las regiones más pobladas del país (ambas con más de ocho millones de habitantes), pero las pensiones vascas son las más generosas y la evolución de su población (e ingresos) no es acorde con la evolución de su población.

Llama la atención el caso madrileño, con más de siete millones de residentes pero un déficit de ‘apenas’ 816 millones, gracias a la atracción de trabajadores y a los sueldos más elevados que se pagan en la región.

Hay que tener en cuenta que el desglose territorializado de la Seguridad Social no implica que las pensiones que se abonan se hayan generado por cotizaciones recaudadas en una región concreta, pero permite una idea aproximada de cuál es la situación financiera de cada territorio en relación con la Seguridad Social, aunque el pago de pensiones sea una competencias estatal con una caja única.

Regiones más afectadas por el envejecimiento y la despoblación, como Castilla y León (2.474 millones), Galicia (2.441 millones), Asturias (1.712 millones) o Aragón (1.037 millones) también cuentan con déficits abultados, como consecuencia de que no hay trabajadores en activo que paguen lo suficiente como para sufragar el gasto en pensiones.

Los datos llegan pocas semanas antes de que el Gobierno dé pasos en favor de una financiación singular para Cataluña, que supondrá la recaudación por parte de la Generalitat de todos los impuestos que se generan en este territorio, comenzando con el IRPF; y para comenzar con el traspaso del régimen económico de la Seguridad Social al País Vasco, comenzando con la gestión de 100 millones de euros en prestaciones contributivas y con las pensiones asociadas a seguros escolares. Ni Cataluña ha pedido asumir el agujero de las pensiones, ni el País Vasco romper la ‘caja única’ que deja en manos del Estado su pago.