Cataluña no cumplirá con el techo legal de deuda pública hasta 2050 a pesar de la quita de Sánchez
La Airef calcula que las comunidades mejorarán su posición fiscal con la quita, pero Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia no alcanzarán el 13% del PIB hasta mediados de siglo
Pedro Sánchez, en una imagen de montaje
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La quita de la deuda que el Gobierno pactó con ERC para permitir la investidura de Pedro Sánchez en 2023 permitirá mejorar la posición fiscal de las comunidades autónomas en su conjunto, si sale adelante finalmente la medida en el Congreso de los Diputados, pero tres regiones no alcanzarán el máximo endeudamiento previsto en la Ley de Estabilidad Presupuestaria hasta 2050: Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia.
Así lo concluye la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) en su nuevo Observatorio de Deuda publicado este miércoles, que incluye un análisis sobre la propuesta diseñada por el Ministerio de Hacienda para cumplir con el compromiso de investidura.
En términos generales, señala la Autoridad Fiscal, la medida permitiría una reducción del endeudamiento de las comunidades autónomas de 5,1 puntos. Sumado a la propia dinámica del subsector, que hasta 2030 recortará su pasivo en 3,9 puntos, esto permitiría adelantar a 2029 el cumplimiento del techo del 13% del PIB que fija la norma. Sin esta medida, inicialmente se habría llegado en 2041. Actualmente están en el 20,9% del PIB.
Con todo, y a pesar del impulso para el cumplimiento que supondrá la asunción de 83.252 millones por parte del Estado, las tres comunidades mencionadas al principio, junto con Castilla-La Mancha, mantendrán una ratio de endeudamiento sobre el PIB por encima del 20%, con dinámicas «que no apuntan a una reducción sostenida en el medio plazo», apunta la Airef.
Según los cálculos de la Autoridad Fiscal, la condonación supondría un ahorro en intereses para el conjunto de las CCAA de 2.532 millones en el primer año de su aplicación, que se elevaría a 15.657 millones de manera acumulada en 2030.
Sin embargo, estos ahorros no podrían emplearse en mayor gasto público, como defiende el Gobierno, ya que los intereses no se incluyen a la hora de calcular la regla de gasto del marco fiscal nacional o europeo, por lo que no podrían destinarse a Sanidad o Educación, las partidas que consumen mayor parte de los presupuestos autonómicos.
Esta medida, subrayan desde la Airef, debe ir acompañada de una condicionalidad vinculada al cumplimiento de las reglas fiscales, lo que evitaría incentivos fiscales inadecuados, y debería enmarcarse en una reforma integral de sistema de financiación de las regiones para aumentar su corresponsabilidad y disciplina.
Sobre la posibilidad de que gran parte de las Comunidades Autónomas no se acojan a la condonación, fuentes de la Airef subrayan que no existen argumentos técnicos que lo sustenten, sobre todo en el caso de aquellas con una mayor ratio de endeudamiento, como son la Comunidad Valenciana, Cataluña o Murcia.
En cuanto al diseño, sí reconocen que la primera fase de las tres que diseñó Hacienda para elaborar la metodología tiene sentido, al utilizar el criterio de la población ajustada. Pero las otras dos etapas del cálculo de la condonación no «encajan», siendo la elección de las subidas del IRPF como determinante a la hora del cálculo totalmente «discrecional», dicen desde la Autoridad Fiscal. Si el objetivo de la medida es facilitar la salida a los mercados de las regiones, debería tenerse más en cuenta la infrafinanciación de determinados territorios, algo que en el caso de Valencia o Murcia no se tiene en cuenta.
